Pico y Placa Medellín
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Hace unas semanas escribí sobre el escolta del secretario general de la Cámara capturado con fajos de billetes camino a La Guajira. Después, sobre Ciro Ramírez, condenado a 23 años por el escándalo de las marionetas. Podría pensarse que son casos excepcionales. Pero el 8 de marzo los colombianos elegimos un Congreso nuevo, y los nombres que llegaron a él sugieren que no son la excepción sino la regla.
La tesis es incómoda pero necesaria: el problema no es que haya corruptos en el Congreso. El problema es que el sistema político colombiano los produce, los tolera y los reelige con regularidad.
Cinco nombres bastan para ilustrarlo.
Álex Flórez llega al Senado por el Pacto Histórico mientras la Corte Suprema lo investiga por concusión. Presuntamente les exigía dinero a contratistas de Medellín para financiar su primera campaña al Congreso y acababa de renunciar como concejal de Medellín. Es el senador que insultó policías borracho en Cartagena y que fue suspendido por ello.
Didier Lobo, de Cambio Radical, vuelve al Senado con 19 procesos abiertos en la Corte Suprema, uno por enriquecimiento ilícito durante su alcaldía en La Jagua de Ibirico, municipio cuyas regalías carboníferas han alimentado fortunas políticas por décadas. Su historia no es nueva: es la continuación de un modelo territorial donde el cargo público es una herramienta de enriquecimiento para unos pocos.
Mello Castro González llega a la Cámara por el Partido Liberal con el mayor número de procesos disciplinarios activos entre los representantes electos. Lo investigan por presuntas irregularidades en regalías y por no declarar bienes. Su caso no genera titulares estridentes precisamente porque se ha normalizado.
Karen Manrique llegó, pero no podrá posesionarse. Está en prisión preventiva, acusada penalmente de haber pactado contratos de la UNGRD por más de $92 mil millones a cambio de votos para el gobierno. Fue electa. Obtuvo más votos que en 2022.
David Racero completa el cuadro con precisión quirúrgica. La Corte lo citó a indagatoria por presunta concusión dos días antes de las elecciones: supuestamente exigía parte del salario a sus empleados. No es un escándalo de miles de millones. Es peor: es la corrupción cotidiana, la que se naturaliza, la que convive sin vergüenza con el discurso anticorrupción.
Según información obtenida por El Colombiano mediante derecho de petición a la Procuraduría, casi uno de cada cinco congresistas electos llega con investigaciones disciplinarias abiertas. El problema, entonces, no cabe en cinco columnas de opinión, ni en diez, ni en veinte.
Lo que estos casos tienen en común no es el partido ni la región ni la ideología. Es la impunidad como clima. Es un sistema de incentivos donde investigar no inhabilita, donde reelegirse es más fácil que rendir cuentas, y donde la ciudadanía — agotada, desconfiada o desinformada — termina validando lo que debería rechazar.
La pregunta que deja este Congreso no es quiénes son estos congresistas. Es qué tipo de democracia estamos dispuestos a seguir administrando.
