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Uno de los mayores desafíos que enfrenta hoy Colombia no es solamente económico o social. Es, ante todo, institucional. La democracia colombiana ha resistido durante décadas momentos de violencia, narcotráfico, terrorismo y profundas divisiones políticas precisamente porque sus instituciones, con todas sus imperfecciones, han logrado mantenerse en pie. Por eso, el próximo presidente de la República debe entender que el poder no le pertenece a un partido, a una ideología ni a un líder mesiánico: le pertenece a la Constitución y al pueblo colombiano.
El país necesita un presidente que respete la independencia de los poderes públicos; que no convierta a las altas cortes, a los organismos de control, a la Junta Directiva del Banco de la República o al Congreso en enemigos políticos cuando sus decisiones no coincidan con los intereses del gobierno. La democracia no puede funcionar bajo la lógica de la intimidación permanente, de la descalificación institucional ni del señalamiento irresponsable contra quienes piensan distinto.
Colombia merece un mandatario que fortalezca las instituciones y no que las desgaste. Que comprenda que la legitimidad democrática no se construye desde la confrontación constante, sino
desde el respeto por las reglas del Estado de Derecho. Porque cuando un gobierno desacredita sistemáticamente a la justicia, presiona a los organismos independientes o pretende gobernar desde la polarización, termina debilitando la confianza ciudadana en la democracia misma.
La defensa de la democracia también implica proteger la libertad de prensa, garantizar el derecho a la oposición y promover un clima político donde el debate no se transforme en odio. Un presidente verdaderamente democrático no necesita dividir a los colombianos entre “buenos y malos”, entre “ricos y pobres” o entre “amigos y enemigos del pueblo”. Necesita convocar al país alrededor de objetivos comunes y reconocer que la diversidad de opiniones constituye precisamente la esenciade una sociedad libre.
En este contexto, las redes sociales han jugado un papel determinante en la degradación del debate público. Lo que debería ser un espacio para el intercambio de ideas se ha convertido, muchas veces, en un escenario de agresión, desinformación y radicalización política. Desde el poder no se puede seguir alentando la confrontación digital ni gobernando a punta de mensajes emocionales que profundizan el resentimiento social.
Colombia necesita un líder que contribuya a bajar el tono de la discusión pública; que promueva la verdad, el respeto y la responsabilidad en el discurso político. También debemos desconfiar de los candidatos construidos exclusivamente desde el marketing y las redes sociales, aquellos que evaden los debates porque saben que detrás de la imagen cuidadosamente diseñada no existe la solidez intelectual ni la capacidad de enfrentar el escrutinio democrático. Quien aspira a gobernar una nación debe estar dispuesto a confrontar ideas, responder preguntas y someterse al juicio libre de los ciudadanos.
La democracia colombiana requiere serenidad institucional. Necesita un presidente que gobierne con equilibrio, que respete la Constitución, que crea genuinamente en la separación de poderes y que comprenda que ningún gobernante está por encima de la ley. Un presidente que no ofenda ni estigmatice a quienes no piensan como él. La grandeza de un mandatario no se mide por su capacidad de imponer su voluntad, sino por su capacidad de preservar las instituciones para las futuras generaciones.
Eso es lo que debe motivarnos cuando acudamos a las urnas para elegir a la persona que ocupará la Casa de Nariño durante los próximos cuatro años. Hoy más que nunca, Colombia necesita recuperar la confianza en la democracia. Y esa recuperación solo será posible si el próximo presidente entiende que gobernar no es destruir al contradictor, sino garantizar que todos los colombianos —incluso quienes no votaron por él— se sientan protegidos por el Estado y representados dentro de un sistema democrático sólido, estable y respetable.
