Las autoridades vienen intensificando los controles a los alojamientos de renta corta, como apartamentos, cabañas y glampings, tras detectar múltiples posibles incumplimientos a la normativa urbanística.
Según informó la Secretaría de Turismo, en los últimos seis meses se consolidaron 93 informes técnicos que evidencian posibles infracciones, principalmente relacionadas con usos del suelo prohibidos, cambios de destinación sin autorización, intervenciones sin licencia y violaciones al régimen de propiedad horizontal.
Además, se identificó que 34 de estos alojamientos no cuentan con licencia, lo que pone en entredicho su operación dentro de la legalidad.
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Hay que recordar que, además, en enero de este año, a raíz del concierto de Bad Bunny, se presentaron múltiples denuncias por elevados precios en hospedajes como viviendas turísticas en Airbnb.
¿Dónde se concentran los casos en Medellín?
De acuerdo con Juan Manuel Velásquez Correa, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, la mayor concentración de casos se presenta en sectores urbanos clave y algunas zonas rurales.
“En los últimos seis meses hemos consolidado 93 informes técnicos asociados a este tipo de alojamientos en distintas zonas, lo que nos ha permitido detectar una alta concentración en Laureles con 21 casos, San Cristóbal con 19, Poblado con 16 y La Candelaria con 13”, explicó el funcionario.
También se identificaron 11 casos en zonas de retiro de quebrada, especialmente en corregimientos y áreas de ladera, lo que evidencia la expansión de esta actividad en territorios con restricciones ambientales.
¿Qué revisan las autoridades en estas inspecciones?
Las autoridades locales están realizando visitas a hoteles, hostales, moteles y alojamientos turísticos, tanto en zonas urbanas como rurales, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas.
Durante estas inspecciones se revisa que los inmuebles tengan el uso del suelo permitido, cuenten con las licencias correspondientes y no presenten irregularidades constructivas. También se evalúa que la actividad sea acorde con la destinación del inmueble y que se respeten las condiciones de convivencia y los reglamentos de propiedad horizontal.
Con base en los resultados, la Administración Distrital avanza en procesos policivos, requerimientos a propietarios y seguimiento a los casos identificados.
Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística, prevenir afectaciones a la convivencia y reforzar la seguridad de los usuarios en este tipo de alojamientos de corta estancia.
El análisis también permitirá a las autoridades entender mejor el comportamiento de esta actividad en la ciudad y focalizar futuras acciones de control.
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