El aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno para 2026, que llevó el ingreso mensual a $2 millones con auxilio de transporte, tendrá un impacto directo y profundo en sectores intensivos en mano de obra.
Uno de los más afectados será el de vigilancia y seguridad privada, donde el incremento salarial se cruza con los cambios introducidos por la reforma laboral: horas extra más costosas desde las 7:00 de la noche, dominicales y festivos al 100% y recargos aún mayores en jornadas nocturnas.
Se trata de un sector clave para la economía y la vida cotidiana del país, puesto que, en Colombia operan más de 1.500 empresas de vigilancia, que generan alrededor de 387.000 empleos formales, entre ellos 348.300 vigilantes y celadores, y representan cerca de 2,5 puntos del PIB, según cifras oficiales.
Un costo que se dispara por salario y reforma laboral
Raquel Garavito Chapaval, presidenta ejecutiva de FedeSeguridad, advirtió que el incremento salarial de 23% llega en un momento de alta fragilidad para el mercado laboral.
“En un sector intensivo en mano de obra, esta decisión impacta de forma inmediata la sostenibilidad del empleo formal y la capacidad de garantizar la seguridad de hogares, comercios e infraestructura crítica”, señaló.
El efecto no es solo nominal. De acuerdo con el gremio, la inflación anual se ubicó en 5,30% y la productividad apenas en 0,91%, lo que implica que el aumento decretado se desvía en más de 16 puntos porcentuales frente a los fundamentos técnicos.
En un contexto donde la informalidad supera el 55% y el desempleo ronda el 8,2%, el riesgo, según FedeSeguridad, es una menor contratación formal y un traslado hacia esquemas informales.
Coste de vigilancia las 24 horas aumenta
El impacto se refleja con claridad en los costos de un puesto de vigilancia permanente. Según cifras expuestas por Garavito en diálogo Caracol Radio, un puesto de trabajo con tres turnos costaba $14,9 millones antes de Navidad.
Tras ajustes previos, pasó a $15,3 millones el 25 de diciembre y, con el aumento del salario mínimo desde enero, subirá a $18,8 millones.
Pero el incremento no se detiene ahí. En julio de 2026, cuando los dominicales y festivos alcancen el 100%, el costo subirá a $18,9 millones, y con la reducción de la jornada semanal a 42 horas, llegará a $19,6 millones.
En total, el aumento será cercano a $4,7 millones mensuales por puesto, más del 30% en poco más de un año.
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“El sector tiene tarifa regulada y, sencillamente, los números ya no dan”, advirtió la dirigente gremial. Este escenario, según FedeSeguridad, puede llevar a que hogares, copropiedades, comercios e industrias reduzcan cobertura, pospongan contratos o migren a esquemas informales, con efectos directos sobre el empleo y la seguridad.
Más presión sobre un sector ya regulado
Garavito recordó que el sector ya venía asumiendo otros cambios estructurales. “El año pasado tuvimos la reducción de la jornada semanal y el cambio de horas diurnas a nocturnas. Cuando se habla de un incremento del 23%, en términos reales el golpe se acerca al 26%”, afirmó.
Aunque el gremio insiste en que ha defendido históricamente el trabajo digno y regulado, advierte que un ajuste de esta magnitud, sin medidas complementarias de productividad y formalización, puede tener el efecto contrario al buscado: menos empleo formal, más informalidad y mayor presión sobre los precios.
Ante este panorama, FedeSeguridad pidió a la Contraloría General ejercer control fiscal preventivo y reiteró que cualquier ajuste salarial debe basarse en criterios técnicos que protejan el ingreso de los trabajadores sin poner en riesgo la sostenibilidad de las empresas ni la prestación de servicios esenciales para el país.
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