Cuando se creía que los escándalos de Ricardo Roa no podían llegar a su colmo, se supo que en su rol de presidente de Ecopetrol hizo un contrato para espiar a por los menos 70 altos funcionarios de la compañía.
Según documentos confidenciales revelados por El Tiempo y Semana, Roa habría ordenado la interceptación de comunicaciones, correos electrónicos, dispositivos electrónicos y documentación física de estos empleados de la petrolera, incluyendo también filiales como Hocol y Cenit.
Lo más grave no es solo la magnitud del espionaje interno, sino la ruta que se tomó para ejecutarlo: un contrato oscuro por 5,8 millones de dólares con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, cuya supuesta finalidad era medir el impacto de los escándalos de Ricardo Roa en los mercados internacionales, pero la verdadera razón terminó siendo la retención de datos internos de ejecutivos clave.
En el contrato se estableció incluso una cláusula confidencial que impedía divulgar su existencia sin autorización directa del director de cumplimiento de Ecopetrol, Alberto José Vergara Monterrosa, quien firmó el otrosí el 26 de diciembre, en plenas festividades de fin de año.
El detonante del escándalo fue la publicación del documento contractual, que incluía una instrucción precisa: retener, sin alterar ni destruir, cualquier tipo de información (correos, dispositivos, documentos físicos o electrónicos) relacionada con los funcionarios señalados.
Todo debía mantenerse bajo estricta confidencialidad, según las instrucciones firmadas por Vergara. Aunque Roa ahora dice que también fue “víctima” del procedimiento, y niega haber ordenado las interceptaciones, miembros de la junta y fuentes al interior de Ecopetrol señalan lo contrario.
Según trascendió, la verdadera razón detrás de la renuncia de Mónica de Greiff de la junta no fue el cambio de Presidencia, sino la indignación por las interceptaciones ilegales. Durante una reunión privada con el presidente Gustavo Petro, de Greiff habría dicho tajantemente que jamás aprobó el otrosí del contrato con Covington & Burling, y que se sintió traicionada.
Según transcendió desde fuentes de Ecopetrol, la orden vino directamente de Roa y, por so mismo, se hizo chuzar, en una manera de desviar la atención. Por otro lado, en Ecopetrol están prohibidas este tipo de prácticas.
¿Quiénes fueron espiados?
La orden de “retención técnica” no fue selectiva. En la lista están desde vicepresidentes hasta gerentes y directores estratégicos. Estos son algunos de los nombres revelados:
Luis Alberto Zuleta, miembro de la junta directiva; Rafael Ernesto Guzmán Ayala, vicepresidente ejecutivo; Nicolás Azcuénaga Ramírez, vicepresidente de nuevos negocios; Fabio Ortega, gerente de nuevos negocios en Hocol; Alberto Enrique Consuegra, vicepresidente ejecutivo operativo; Elsa Jeanneth Jaimes, vicepresidenta Costa Afuera; Germán González, secretario general; Vicky Rocío Vélez Rodríguez, vicepresidenta de Exploración (Hocol); Alexander Cadena, presidente de Cenit; Pilar Marulanda, vicepresidenta de recursos humanos de Cenit; Julio Corredor, gerente de cumplimiento de Cenit.
Y la lista sigue hasta completar 70 nombres clave en la estructura directiva de la petrolera más grande del país. Incluso el propio Ricardo Roa y el mismo Alberto José Vergara aparecen como “objetos” del procedimiento, lo que ha generado más suspicacias que aclaraciones.
La tormenta llega a Palacio
El escándalo no se quedó en los pasillos de Ecopetrol. Las revelaciones activaron las alarmas en la Casa de Nariño, donde el presidente Petro convocó de urgencia a miembros de la junta directiva para abordar el tema del contrato.
Allí se discutió no solo la validez del otrosí, sino también la eventual salida de Roa y un enroque político que ya suena con fuerza: Edwin Palma, actual ministro de Minas, podría asumir la presidencia de Ecopetrol, mientras Roa pasaría al Ministerio.
La decisión aún no es definitiva. Falta un análisis jurídico para establecer si Palma está habilitado para dirigir la petrolera, pero la presión crece. Internamente, varias fuentes no descartan más renuncias en la junta, lo que significaría una reconfiguración total del gobierno corporativo de Ecopetrol.
El origen del escándalo: filtraciones, apartamento de lujo y negocios turbios
Las motivaciones de Roa para este espionaje masivo serían las constantes filtraciones a la prensa sobre su gestión, muchas de ellas comprometedoras. Entre los escándalos más sonados están la investigación a la campaña Petro Presidente 2022, por presunta violación de topes y omisión de pagos.
En octubre de 2024, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa abrió una indagación previa en su contra por sus constantes ausencias en las citas a debates de control desde el Congreso de la República. En ese sentido, le pidieron a la Comisión Quinta del Senado indicar cuántas veces Roa ha sido esquivo con los debates de control y, de otro lado, pidieron a Ecopetrol adjuntar el manual de funciones del presidente de esa empresa.
Esa fue la segunda investigación disciplinaria que le abrían a Roa, quien estaba en líos con la Procuraduría desde diciembre de 2023 cuando le abrió indagación por presunta financiación ilegal de la campaña Petro Presidente. Esa decisión se tomó luego de que el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, le dijera a la Fiscalía General de la Nación que el empresario Euclides Torres patrocinó un evento de campaña en Barranquilla.
Incluso, previa a esa apertura de indagación, la unidad investigativa de El Tiempo reveló que Roa compró un apartamento a una firma que aparece a nombre de un reconocido empresario del sector de hidrocarburos, lo cual supondría un potencial conflicto de interés por el cargo que ocupa en la principal petrolera del país.
El inmueble lo pagó a $1.800 millones y se lo compró a la empresa Princeton International Holdings LTD, cuya filial en Colombia aparece a nombre de Serafino Iacono: un empresario venezolano recordado por su paso en altos cargos en Pacific Rubiales y Gran Colombia Gold.
Los líos con su pareja
Por su pareja sentimental, Julián Caicedo, Ricardo Roa también ha estado en el ojo del huracán. En noviembre de 2024 EL COLOMBIANO reportó que Caicedo habría tenido injerencia en la elección del presidente de Interconexión Eléctrica (ISA), cuyo accionista mayoritario es Ecopetrol. Él habría estado entre un grupo de personas que en su momento se mostraron “dispuestas a ayudar” a los aspirantes a llegar a la presidencia de ISA, presuntamente buscando a cambio las gerencias de las filiales de la empresa transmisora en Perú (Red de Energía del Perú S.A.) y Brasil (ISA CTEEP).
En ese sentido, por esas mismas semanas un exalto directivo de la petrolera —que salió de la empresa tras más de 20 años de servicio— dijo que Caicedo tiene una gran influencia en las decisiones internas de la petrolera. Según le dijo entonces a Caracol Radio, no solo ha hecho recomendaciones, sino que habría entregado personalmente al menos una hoja de vida para que fuera contratada en el grupo Ecopetrol.
En ese mismo movido y turbulento mes para él, Roa estuvo explicando en una entrevista con la revista Semana junto a Caicedo el hecho de que al apartamento —que lo puso a dar explicaciones por el posible conflicto de interés— le hubiera hecho una remodelación de $2.300 millones y que los habría pagado con billetes en una caja. “Yo nunca he mandado a pagar un monto de esos”, aseguró.
Un chat y la hidroeléctrica Urrá
En diciembre de 2024 el entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla remitió a la Fiscalía una denuncia anónima que le llegó en octubre pasado y que vinculaba al círculo cercano del presidente con aparentes malos manejos en la hidroeléctrica de Urrá en Córdoba. Para esa época, este diario conoció que las personas vinculadas en esa denuncia son el hijo adoptivo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Alcocer Petro, y el gerente de Ecopetrol.
“Es un anónimo que fue entregado a la Fiscalía para averiguación, son 3 o 4 anónimos referidos a Urrá. Yo radiqué la denuncia con esos anónimos y no está personalizada. Hablan de varias personas y hechos”, dijo Bonilla en ese entonces a EL COLOMBIANO.
La denuncia remitida por Roa versa sobre la aparente presión indebida que ejercieron Roa y Alcocer Petro sobre la junta directiva de Urrá. El presunto interés de los denunciados sería favorecer a David Cerón y Lucía Muñoz –supuestos dueños de la empresa Luz Power– encargados de construir un parque solar en Urrá. De este escándalo se conoce una serie de presuntas irregularidades por $1,4 billones en contratos de venta de energía. Entre los beneficiarios figura Marisol Segura, empresaria cercana a Roa y a su pareja, Julián Caicedo Cano.
Líos en la Fiscalía por posible direccionamiento de contrato
El pasado 8 de mayo la Fiscalía 21 Especializada en delitos contra la administración pública asumió la investigación penal contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y otros altos funcionarios de la estatal petrolera por su presunta participación en un entramado de irregularidades contractuales que habrían favorecido a la empresa Helistar.
El caso parte de la denuncia presentada por Helicol, en el sentido de que desde 2011 se habría montado un esquema de contratación que impidió la competencia real mediante “pliegos diseñados a la medida de Helistar”. Más acá en el tiempo, en agosto de 2024, Ecopetrol adjudicó un contrato por $600.000 millones para el transporte aéreo en zonas estratégicas para la extracción de petróleo.
El acuerdo dejó a Helicol a cargo de la operación en Paz de Ariporo (Casanare), que significaba el 20,5% del contrato, con el compromiso de adecuar la base e incorporar aeronaves en un plazo de seis meses, hasta el 3 de febrero, para arrancar operaciones el 1 de marzo de 2025. Mientras tanto, Helistar se quedó con las rutas en Cúcuta y Soracá, representativas del 79,5% restante. No obstante, Helicol insistía en que los pliegos de condiciones parecían diseñados para beneficiar a Helistar, por lo cual exigía una indemnización cercana a los $80.000 millones.
La joya energética del país, Ecopetrol, no la tiene fácil este año. La petrolera estatal enfrenta un combo de problemas que vienen tanto de afuera como desde adentro y que ya están afectando su operación y su valor en el mercado.
A los vientos en contra del entorno internacional se suman salidas clave en su cúpula directiva, decisiones del Gobierno Petro que frenaron proyectos estratégicos como el de Oslo en Estados Unidos, y fallas operativas en sus refinerías, que han golpeado el suministro de combustibles y mermado su capacidad de producción.
Por ejemplo, las tensiones en la junta directiva de Ecopetrol han aumentado, especialmente en torno a decisiones clave de inversión y estrategia a largo plazo, así como el flujo de trabajo al interior de las vicepresidencias de la compañía. Esto se ha reflejado, por ejemplo, en que en menos de 2 años se dieron 16 cambios de vicepresidentes, según cálculos de Daniel Guardiola, director de Equity Research de BTG Pactual Colombia. A esto se suma la alta rotación que se ha visto en los miembros de la junta directiva. Ha habido tres elecciones y se han cambiado 12 miembros de junta.
Además, las salidas de Juan José Echavarría, exgerente del Banco de la República y representante de los cerca de 250 mil accionistas minoritarios, y Luis Alberto Zuleta, miembro independiente, evidenciaron las fuertes grietas que hay dentro de la compañía y su gobierno corporativo, generando incertidumbre sobre la estabilidad y dirección futura de la empresa, así como la confianza de los inversores. La carta de renuncia de estos dos miembros mostró cómo Petro manda en la junta de Ecopetrol y su injerencia en las decisiones que toma el Ricardo Roa en la Presidencia de la petrolera.
Por otra parte, la intervención del presidente Petro en el Proyecto Oslo en la cuenca del Permian, Estados Unidos, llevó a la cancelación de un negocio que podría haber aumentado las reservas y producción en un 10%, y un alza del 15% en las utilidades de Ecopetrol. Esta decisión dejó maltrecho al gobierno corporativo y reflejó la influencia política en las operaciones de la empresa. El negocio se fue al traste tras una reunión entre Roa, algunos miembros de la junta y el presidente Petro. El veto llegó después de varios meses de evaluaciones internas, con el visto bueno de dos comités de la junta, y tras largas negociaciones con Oxy, ya habían informado al mercado sobre esto.
Aún faltan líos por nombres, líos que Roa ha capoteado con el silencio del Gobierno Nacional, pues el mismo Gustavo Petro ha decidido dejarlo en el cargo hasta hoy, cuando su salida parece irreversible. Por muchos meses Ecopetro, la empresa más importante del país, ha sufrido por la mala reputación de su presidente.
