El Gobierno de De la Espriella sostuvo que respetará la consulta previa para adelantar proyecto en suelo nacional, pero fue claro en que realizará una reforma con el fin de agilizar dicho proceso y digitalizar en un mes todos los expedientes.
Así lo explicó Rodrigo Lara Bonilla, ministro del Interior, en un video de alrededor de 5 minutos en su cuenta de X.
El funcionario dijo que se trata de un plan de destrabe, transformación y sistematización de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, con el propósito de reducir el represamiento de procesos y aumentar la trazabilidad de los expedientes.
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El funcionario aseguró que la reforma no modificará el núcleo del derecho a la consulta previa. “La consulta previa se respeta. El represamiento, no”, señaló.
El plan contempla digitalizar el 100% de los expedientes represados, crear una ventanilla única digital, asignar un responsable y una fecha a cada proceso, establecer alertas y términos y poner en funcionamiento un tablero nacional de control.
También se plantea un comité independiente de seguimiento que no sustituirá a la Autoridad Nacional de Consulta Previa ni tendrá facultades para decidir sobre los procesos.
La meta anunciada es lograr en 90 días una reducción sustancial del represamiento, además de avanzar en decisiones y cierres de los expedientes.
Problemas en la consulta previa
Lara Bonilla indicó que encontró un sistema en el que “no existe un responsable individual para proyectos considerados prioritarios”.
El ministro puso como ejemplos a Sirius, proyecto de gas que calificó como el más importante del país, y el Canal del Dique. Según explicó, en la Dirección Nacional de Consulta Previa no existe actualmente un responsable específico para cada uno de estos proyectos.
En el caso de Sirius, afirmó que existen unas 280 consultas distribuidas entre aproximadamente 200 o 250 contratistas. Añadió que cada contratista conserva información en su propio computador debido a que no existe un expediente digital individual para cada proceso.
El funcionario señaló que tampoco se cuenta con un sistema de gestión documental que permita conocer de manera consolidada cuántas consultas previas están en trámite.
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Según Lara Bonilla, esta situación genera falta de trazabilidad y discrecionalidad. El ministro sostuvo que ese desorden puede facilitar hechos de corrupción y afirmó que también se ha intentado instrumentalizar la consulta previa mediante extorsiones.
Digitalizar 100% de los expedientes
El primer componente del plan será digitalizar el 100% de los expedientes represados que, según explicó el ministro, actualmente se encuentran en los computadores de contratistas y funcionarios.
Además, se creará un expediente digital único para cada proceso. Los expedientes serán clasificados por sector, etapa y antigüedad.
La Dirección de Consulta Previa también identificará aquellos procesos que estén listos para decisión y que, según la revisión anunciada, se encuentren bloqueados.
La idea del Gobierno obedece a que esta primera etapa deberá realizarse en un plazo de 30 días y permitirá construir un inventario único y confiable de los procesos.
Creación de una ventanilla digital única
El segundo componente será la creación de una ventanilla digital única, con un plazo anunciado de 45 días.
El objetivo será establecer un canal digital para que las empresas y los ciudadanos puedan presentar solicitudes relacionadas con licencias ambientales y consultas previas.
El ministro también recordó que el Gobierno adelanta consultas con la Jurídica de Presidencia para expedir, junto con el Ministerio de Ambiente, un decreto que permita que los trámites de licencia ambiental y consulta previa puedan comenzar de manera paralela o concurrente.
Según explicó, ambas actuaciones llegarían posteriormente al punto en que deban encontrarse, porque para tramitar la licencia ambiental se requiere la consulta previa, pero el propósito sería evitar que una tenga que esperar a que termine la otra para comenzar.
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Con la ventanilla única digital, las nuevas solicitudes tendrán un expediente digital desde el momento de su radicación. La meta es que ninguna nueva solicitud deberá ingresar al sistema sin trazabilidad una vez entre en funcionamiento este mecanismo.
Reorganización de la Dirección de Consulta Previa
El tercer componente contempla reorganizar internamente la Dirección de Consulta Previa mediante una gestión sectorial.
La propuesta consiste en organizar la autoridad por sectores como hidrocarburos, minería, energía, telecomunicaciones, asuntos ambientales y medidas administrativas.
Para cada área se designaría un líder sectorial y, por debajo de este, un líder específico por proyecto. El ministro puso nuevamente como ejemplo la necesidad de contar con una persona responsable de Sirius y otra del Canal del Dique.
Argumentó que la idea es que cada expediente tenga un único responsable y que los proyectos considerados prioritarios reciban seguimiento específico.
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“Ningún expediente queda sin responsable ni fecha próxima de actuación”, afirmó Lara Bonilla al explicar el esquema.
Cada responsable tendría un cronograma de trabajo y fechas para las actuaciones correspondientes.
Cronogramas y tableros de control
El Gobierno también anunció la creación de cronogramas y tableros de control para hacer seguimiento a los procesos.
De acuerdo con el ministro, estos mecanismos deberán estar funcionando dentro de los plazos establecidos para las etapas anteriores. El seguimiento incluirá hitos, responsables, términos, fechas límite, alertas y estado de cada consulta previa.
Lara Bonilla señaló que el objetivo será contar con control diario y trazabilidad completa de los procesos.
Además, aseguró que quienes incurran en prácticas de extorsión serán judicializados.
Para el plazo de 90 días se contempla la creación de un comité independiente con un asesor externo. Su función será monitorear cada expediente identificado como crítico, determinar las causas de los bloqueos, hacer seguimiento a los términos y emitir alertas.
Cambios legales
El plan también contempla modificaciones de carácter legal. El Gobierno defendió que estas reformas no buscan afectar el núcleo del derecho a la consulta previa.
Una de las medidas anunciadas es una directiva que ya fue presentada ante la Jurídica de Presidencia y que busca precisar el llamado test de proporcionalidad, relacionado con la decisión final dentro del procedimiento de consulta previa.
Lara Bonilla también anunció un decreto para incorporar términos y plazos propios de los procedimientos administrativos. La intención es establecer reglas generales del proceso y condiciones que permitan mayor previsibilidad y seguridad jurídica.
El ministro cuestionó que actualmente pueda existir una actuación administrativa sin términos definidos y sostuvo que el nuevo esquema busca evitar procesos que permanezcan abiertos sin un plazo de cierre.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué cambios propone el Gobierno para la consulta previa?
- El Gobierno propone digitalizar los expedientes represados, crear una ventanilla única digital, asignar un responsable a cada proceso, establecer cronogramas y utilizar tableros de control para hacer seguimiento a las consultas previas.
- ¿En cuánto tiempo espera el Gobierno reducir el represamiento de consultas previas?
- El Gobierno fijó una meta de 90 días para lograr una reducción sustancial del represamiento y avanzar en decisiones y cierres de los expedientes, según explicó el ministro del Interior, Rodrigo Lara Bonilla.
- ¿Qué pasará con los expedientes de consulta previa que están represados?
- El 100% de los expedientes represados será digitalizado y se creará un expediente digital único para cada proceso. Además, serán clasificados por sector, etapa y antigüedad para identificar cuáles están listos para decisión.
