Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia solicitaron a la Gobernación de Antioquia la suspensión del cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, creada mediante la Ordenanza 50 de 2024 y que se viene recaudando desde enero de 2025, con vigencia hasta diciembre de 2027.
A través de un comunicado conjunto, los gremios empresariales señalaron que el sector productivo del departamento enfrenta una carga tributaria cada vez más alta, a la que se suman decisiones recientes como el incremento del salario mínimo y otras medidas económicas adoptadas a nivel nacional, lo que estaría afectando de manera directa los presupuestos de las empresas.
Según Intergremial y Fenalco, la tasa regional “está asfixiando al tejido empresarial”, en especial en un contexto económico complejo, y no solo impacta las finanzas de las compañías, sino que también tendría efectos negativos sobre el empleo formal, la productividad y la competitividad regional. Incluso, advirtieron que, en escenarios extremos, algunas empresas podrían verse obligadas a cerrar.
Los gremios recordaron que desde que se conoció el proyecto de acuerdo que dio origen a la tasa, manifestaron su oposición y alertaron sobre los riesgos que esta implicaría para el sector productivo, posiciones que —aseguran— fueron expuestas tanto en debates ante la Asamblea Departamental como en distintos espacios públicos y mediáticos.
En el comunicado, Intergremial Antioquia y Fenalco instaron a la Gobernación a reconsiderar la medida y a explorar alternativas de financiación para la seguridad que no recaigan adicionalmente sobre las empresas, las cuales, afirman, ya se encuentran debilitadas por el contexto económico actual.
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