El presidente Gustavo Petro cerrará su mandato en el 2026 con alto salario mínimo, que sube a $2 millones (alza del 23,78%), lo que le pone un fuerte voltaje al juego político y a la dinámica económica, justo en un año electoral para escoger Congreso y presidente, y con una economía que aún pelea contra la inflación que no baja del 5%, lejos de la meta del 3%.
La decisión busca validar su idea de que salarios más altos dinamizan la economía, pero también deja costos y riesgos que heredará el próximo gobierno. Incluso, algunos analistas ven el espejo de Venezuela. Omar Suárez, gerente de Renta Variable de Casa de Bolsa, aseguró que Colombia está repitiendo un libreto conocido en la región, ques el caso Venezuela.
A su juicio, un incremento excesivo del mínimo tiene rasgos de populismo y puede acarrear consecuencias severas para la economía.
Entre ellas, “un fuerte impacto sobre las micro y pequeñas empresas, para las que cada vez resulta más difícil emprender y sostenerse en el país; un aumento significativo de los precios al consumidor, que se traduce en mayor inflación; y un crecimiento de la informalidad laboral, en la medida en que las empresas buscan sobrevivir reduciendo costos o saliendo del mercado formal”.
La experiencia venezolana suele citarse como ejemplo de lo que ocurre cuando se ignoran las señales inflacionarias. En 2011, un aumento del salario mínimo del 30% por Hugo Chávez fue rápidamente absorbido por una inflación del 27%.
En los años siguientes, la inflación superó el 20%, luego el 50% y más tarde alcanzó niveles de tres dígitos, hasta desembocar en hiperinflación, con salarios pulverizados, escasez generalizada y migración masiva.
Tampoco hay que olvidar que en Colombia, los presidentes suelen subir un poco más el porcentaje del mínimo en su último año de gobierno. Por ejemplo, Iván Duque dejó el salario mínimo en un millón de pesos tras un aumento del 10,07%. Y ahora Petro lo deja cerca de dos millones, con un salto del 23,78%.
Por eso, Alejandro Chala, politólogo e investigador de la Línea de Democracia en Pares Colombia, precisa que la discusión sobre el salario es una cuestión también política y no solo técnica. “Ya decían autores como Kalecki que la disputa sobre el salario era por el poder de negociación entre trabajadores y gremios empresariales”.
Pero también preguntó: ¿tuvo en cuenta el gobierno la cifra de productividad y la tasa de ganancia, para tomar medidas ante la potencial subida de precios? ¿Cuáles van a ser las herramientas de contención ante la variación de productividad y ganancias de empresas pequeñas y medianas?
“El aumento es importante, pero hay que tener claro qué rol va a cumplir el Estado frente a la política industrial y al incentivo del consumo, junto con cómo manejar este aumento con las mypimes (créditos, etc.), o si no puede generar un efecto cíclico complicado inflacionario”, alerta Chala.
Inflación, informalidad y tasas
Para Andrés Pardo A., director de Estrategia Macro para América Latina de XP Investments, el decreto cruza una línea peligrosa por la “politización tan lamentable del salario mínimo” y trae alertas como una inflación en 2026 más alta de lo previsto, “el fuerte aumento de costos laborales se trasladará a precios”.
También habrá expectativas inflacionarias al alza, amplificando el encarecimiento efectivo. Por otra parte, estima más informalidad, ya venía subiendo, 56,1% en octubre de 2025, desde 55,3% en 2024 y 55,2% en 2023.
“Más riesgo empresarial, con quiebras de pymes y recortes de nómina. Y con un costo fiscal de más de $5 billones adicionales en un contexto de estrechez”, sentencia Pardo.
Sobre Política monetaria, Pardo anticipa que el Banco de la República podría verse forzado a subir tasas de interés de forma significativa; incluso plantea alzas de hasta 200 puntos básicos.
Incluso, Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, pone cifras al impacto público. “El aumento del 23% (al menos 16 puntos por encima de inflación y productividad) puede costarle a la Nación más de $5 billones anuales en nómina y casi otros $5 billones en pensiones”. Es decir, casi $10 billones por año, presionando un frente fiscal ya exigido.
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La estructura laboral: ¿a quién beneficia realmente?
La directora del Departamento de Derecho Laboral de la Javeriana, Juliana Morad Acero, introduce un dato incómodo: “Solo el 17% de los trabajadores gana el salario mínimo. El 83% no se beneficia directamente”.
Y añade contexto histórico al decir que hace diez años, 45% ganaba menos del mínimo; hoy es prácticamente lo mismo, pese a tres grandes alzas.
“El mínimo equivale a casi 90% del salario medio, no porque el mínimo sea alto, sino porque el ingreso promedio es bajo”, explica al precisar que la seguridad social se liquida sobre el mínimo, encareciendo la formalidad en un mercado de bajos ingresos.
“En la negociación no están los informales; las centrales sindicales representan 3,9% de los trabajadores... El 85% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, sobre las que recae el impacto”, detalla.
A esto se suma una reforma laboral que elevó recargos dominicales del 75% al 100% y amplió los recargos nocturnos desde las 7 p. m.
Su conclusión es directa: “Subir salarios es una política de distribución, pero una entre muchas. Presentarla como la principal —o la única— no refleja la realidad del mercado laboral”.
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