El presidente Gustavo Petro anunció este viernes la liquidación de Air-e, la empresa encargada de la distribución y comercialización de energía en la región Caribe, tras considerar que la intervención estatal no logró superar la crisis financiera y operativa de la compañía.
A través de su cuenta de X, el mandatario señaló que su propósito es integrar los activos de Air-e con otra empresa pública de la región. “Mi decisión es liquidar Air-e para lograr que sus activos configuren una empresa común con otra empresa pública caribeña”, afirmó.
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La decisión se conoce después de casi dos años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, proceso que buscaba estabilizar la empresa y garantizar la prestación del servicio de energía a millones de usuarios en la Costa Caribe.
La medida generó cuestionamientos desde el sector eléctrico
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) advirtió que una liquidación sin resolver previamente las obligaciones pendientes podría tener implicaciones legales.
Alejandro Castañeda, presidente del gremio, aseguró que el Estado mantiene deudas importantes con agentes del sector y otros acreedores, por lo que cualquier proceso de liquidación debería contemplar acuerdos para garantizar esos pagos.
En su pronunciamiento, Petro también lanzó críticas a los antiguos operadores del servicio eléctrico y a sectores políticos de la región, a quienes responsabilizó por la falta de inversiones en infraestructura durante años.
Según el mandatario, la integración de los activos de Air-e con otra empresa pública permitiría fortalecer la operación del sistema eléctrico regional y mejorar la sostenibilidad financiera del servicio.
El jefe de Estado añadió que el programa Colombia Solar, que ya comenzó a implementarse en Barranquilla, cuenta con recursos por $8 billones aprobados en vigencias futuras para expandirse por toda la Costa Caribe. La iniciativa busca promover la autogeneración de energía en los hogares y reducir las pérdidas asociadas al no pago del servicio.
El anuncio se da en plena crisis de Air-e
El anuncio se produce en medio de crecientes alertas sobre la situación de la compañía. Hace pocas semanas, la Contraloría General advirtió sobre el deterioro patrimonial de Air-e y pidió adoptar medidas urgentes para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio.
A su vez, la Procuraduría solicitó información detallada sobre los resultados de la intervención y el manejo financiero de la empresa durante los 19 meses en que ha estado bajo control de la Superservicios.
Con la decisión de liquidar Air-e, el Gobierno abre una nueva etapa en la discusión sobre el futuro del servicio de energía en la Costa Caribe y el papel que tendrán las empresas públicas en la prestación del servicio eléctrico en la región.
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La intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos fue un fracaso
El exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta calificó como un fracaso la intervención de Air-e por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y advirtió que la decisión del presidente Gustavo Petro de liquidar la compañía podría agravar la crisis financiera que atraviesa el sector eléctrico.
Según Acosta, “tras 21 meses de intervención estatal, el Gobierno optó por liquidar la empresa con el propósito de integrar sus activos a otra compañía pública de la región Caribe”, aunque, señaló, aún no se ha precisado cuál asumiría la prestación del servicio para cerca de 1,2 millones de usuarios.
El exministro recordó que, al momento de la intervención, Air-e mantenía deudas cercanas a $560.000 millones con los generadores de energía, obligaciones que quedaron suspendidas durante el proceso. Sin embargo, aseguró que posteriormente “la empresa acumuló nuevas deudas por alrededor de $2,5 billones”.
A juicio de Acosta, una eventual liquidación volvería a congelar las obligaciones pendientes de la compañía, lo que podría desencadenar un efecto en cadena sobre los agentes del mercado eléctrico. En ese sentido, alertó sobre “el riesgo de profundizar el llamado ‘apagón financiero’ que han advertido organismos como la Contraloría y la Procuraduría”.
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Asimismo, respaldó las preocupaciones expresadas por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). Citó al presidente del gremio, Alejandro Castañeda, quien ha señalado que una liquidación sin resolver previamente las acreencias podría representar un grave perjuicio para los acreedores del sector energético.
Para el exministro, la decisión del Gobierno llega en un momento especialmente delicado para el sistema eléctrico nacional, debido a las presiones financieras que enfrentan las empresas del sector y a los desafíos que supone la próxima temporada de alta demanda energética asociada al fenómeno de El Niño.
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