Este domingo se celebran una de las elecciones presidenciales más polarizadas de las últimas décadas, José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, hizo un balance económico de los cuatro años de gobierno de Gustavo Petro. Además de hablar sobre las principales tareas del próximo mandatario para atender el creciente problema de caja del Estado.
López no se guardó las críticas al actual Gobierno, así como brindó un análisis sobre algunas de la propuestas de los actuales candidatos y lo que le espera al país en caso de que lleguen a la Casa de Nariño.
López advierte que Colombia atraviesa “una crisis fiscal en ciernes”, habla de una oportunidad perdida en la discusión sobre la edad de pensión y explica por qué, a su juicio, el salario mínimo de los últimos años respondió más a un cálculo electoral que a una decisión técnica. Esta es la conversación completa.
¿Cuál es el balance económico que hace Anif de los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro?
“Nosotros hacemos el balance restringiéndonos a los temas económicos. Claramente se pueden evaluar otros aspectos sociales, ambientales o relacionados con los procesos de paz, pero nuestro análisis se concentra en la economía.
En esa materia, diría que el balance es mixto, aunque con una nota que termina inclinándose más hacia lo desfavorable. Este fue un gobierno que le propuso al país grandes conversaciones en temas como salud, pensiones y empleo. Sin embargo, aunque algunos diagnósticos eran acertados, las soluciones y su ejecución no terminaron resolviendo muchos de los problemas estructurales que tenía Colombia.
Seguimos enfrentando desafíos importantes en informalidad laboral, cobertura pensional y crecimiento económico. Además, consideramos que hubo falta de pragmatismo en varias discusiones de política económica. Muchas decisiones estuvieron más influenciadas por la ideología que por criterios prácticos, y Colombia necesita justamente políticas que funcionen, que impulsen el crecimiento y generen empleo formal.
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Un ejemplo claro es el sector de hidrocarburos. El Gobierno privilegió una discusión muy ideológica sobre cambio climático y terminó sacrificando ingresos importantes para el país. Mientras Colombia reducía su perfil de producción petrolera, otros países de la región aumentaron significativamente su extracción. Eso demuestra que Colombia no está alterando el balance petrolero mundial, pero sí está dejando de recibir recursos valiosos para el desarrollo regional, la estabilidad fiscal y la transición energética”.
¿Colombia debería abrirle la puerta al fracking para impulsar el sector de hidrocarburos?
“Colombia debe hacer uso de sus recursos —no solo en hidrocarburos, también en minería— bajo el entendido de que no vamos a generar ninguna diferencia a nivel global. Es decir, Colombia podría dejar de producir y el mundo prácticamente no se vería afectado. No podemos guiarnos por una visión ideológica donde casi que el destino del planeta está en nuestras manos, porque eso es una gran falsedad.
Necesitamos los recursos para hacer la transición energética; segundo, porque la minería es esencial para la electrificación de las economías y sus insumos son claves; y tercero, porque tenemos una situación fiscal muy compleja, y más allá del crecimiento económico, la única fuente que tendremos en el corto plazo para enfrentarla es el uso de esos recursos.
Pensamos que esta discusión debe estar guiada por el pragmatismo económico y la evidencia científica. Si esa evidencia sugiere que podemos hacer fracking de manera consistente con el medio ambiente, y al mismo tiempo aplicar una receta de pragmatismo económico ante la necesidad de recursos, entonces hay que ir en esa dirección”.
¿Cómo evalúa las reformas impulsadas por este gobierno?
“Fue un gobierno de grandes reformas, pero de pocos consensos. Hubo oportunidades perdidas para construir propuestas mejor calibradas y más concertadas. En varios casos faltó disposición para negociar, escuchar otros sectores y construir acuerdos más amplios. Eso se reflejó claramente en la reforma a la salud, que no logró avanzar plenamente en el Congreso y terminó derivando en múltiples medidas por decreto.
En el caso de la reforma pensional, aunque el diagnóstico tenía elementos acertados, también hubo poca receptividad frente a las críticas. Se desaprovechó la oportunidad de construir una reforma más equilibrada y sostenible para las futuras generaciones.
Al final, algunas reformas no se tradujeron en cambios concretos, otras quedaron bajo cuestionamientos sobre sus trámites legislativos y varias dimensiones de las reformas tendrán que ser enmendadas por futuros gobiernos”.
¿Comparte la visión de que es urgente subir la edad de pensión, teniendo en cuenta que nacen menos bebés y que la población envejece?
“No es urgente porque no es algo que tengamos que hacer en uno o dos años, pero si no avanzamos en un horizonte de cinco o diez años, sí vamos a estar en problemas.
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Aquí hubo, de nuevo, oportunidades perdidas, porque era un gobierno que arrancó con un capital político y social muy importante, donde la pedagogía en esta materia hubiera sido trascendental: explicarle a los colombianos, sobre todo a las generaciones futuras, que con el sistema actual sus pensiones serán insostenibles y que por tanto necesitamos modular las edades de jubilación. No para todas las profesiones —en algunas, alargar la vida laboral puede ser muy complejo o socialmente insensible—, pero sí hay muchas en las que los colombianos seguirán siendo productivos por más años, y necesitamos que esa productividad apoye el sistema pensional del futuro.
Se perdió la oportunidad de ir sembrando esa semilla de discusión, porque lo que necesitamos es que los líderes asuman su papel y le expliquen a la sociedad cómo una propuesta que al principio parece impopular tendría que ser popular, porque la alternativa —que el sistema pensional colapse— sí que va a ser impopular. Eso significaría acabar con un contrato social intergeneracional muy profundo.
Es un tema que en campaña es muy difícil que aparezca, porque requiere una gran pedagogía (...)”.
Los empresarios sintieron el golpe de la reforma laboral y la tributaria, mientras los trabajadores formales mejoraron sus garantías. ¿Qué debería hacer el próximo gobierno en esta materia?
“Hubo una serie de reformas convenientes para los trabajadores formales: aumento salarial importante, mejores prestaciones, mejores condiciones. Pero en un país donde la mayoría de los trabajadores son informales, ellos no reciben esos beneficios. La pregunta es si estas mejores condiciones aplican a todos los trabajadores, y la respuesta es no.
A pesar de esto, el país ha contado con muy buena suerte: hemos tenido una ventana muy favorable en lo económico durante este gobierno, y no sabemos si el siguiente va a contar con la misma fortuna. El énfasis del siguiente gobierno tiene que ser darle a los empresarios las herramientas y certezas para aprovechar al máximo esa ventana, crecer, llegar a nuevos mercados y, con mayor rentabilidad, hacer sostenibles los compromisos de formalidad e incluso ampliarla contratando nuevos empleados formales.
Porque en este momento, frente al reto de la formalidad, ha habido mucha resiliencia, pero no estamos viendo que esté ganando terreno. En última instancia, lo que queremos es que más trabajadores tengan mejores condiciones, y eso pasa por hacer crecer mucho más la economía.
Muchas veces estas discusiones están medidas por una mentalidad de juego de suma cero, donde o gana el empresario o gana el trabajador. Eso no refleja la realidad económica global y hace daño, porque la pregunta que hay que hacerse no es cómo se reparte la torta, sino de qué tamaño es esa torta. Si nos quedamos con la mentalidad de solo repartirla sin hacerla crecer, la economía no avanza y en el largo plazo nadie estará mejor. Esa debería ser la agenda de crecimiento del siguiente gobierno”.
Entonces, ¿la reforma laboral debería profundizarse con foco en la informalidad?
“De acuerdo. Lo que hay que hacer ahora es preguntarnos cómo aumentamos la formalidad. En los últimos cuatro años la discusión fue cómo mejorar las condiciones del empleo formal, y eso está bien, pero hay que acompañarlo con la otra pregunta: ¿cómo logramos que los informales se vuelvan formales? Esa es la segunda parte que le faltó a la reforma laboral.
¿Cómo ha respondido la economía a los aumentos del salario mínimo, otro de los costos fuertes para el empresariado?
“El aumento del salario mínimo genera, para un grupo de trabajadores, un efecto muy positivo en poder adquisitivo, pero también un efecto inflacionario y hace más difícil la formalidad. El Gobierno hizo una apuesta estratégica, no solo económica sino electoral, porque el incremento no ocurrió en el segundo o tercer año, sino como preámbulo a las elecciones. Eso tiene grandes repercusiones sobre cómo vamos a seguir tomando este tipo de decisiones en el futuro.
Hasta ahora ha generado un efecto inflacionario, sobre todo en servicios —educación, salud— donde la presión es evidente. Eso no solo erosiona parte del aumento, sino que, de manera más grave, erosiona el poder adquisitivo de los trabajadores informales, que no tienen esa protección y cuyos ingresos no evolucionan al mismo ritmo.
Está bien que el Gobierno haya planteado que los incrementos reales pueden tener efectos positivos, pero hay que poner en la ecuación los costos y cómo se mitigan para quienes no se benefician del incremento. Aquí, por ejemplo, en muchos sectores formales el aumento del salario mínimo ha estado acompañado de una presión cambiaria que hace que, en dólares, el salario mínimo se incremente muy por encima del 30%, lo que puede afectar la competitividad de los sectores exportadores (...)”.
En materia fiscal, el Gobierno ha emitido deuda pagando tasas similares a las de Brasil. ¿Cómo le está pasando esto factura al país?
“La situación fiscal está en una crisis en ciernes. No es plena ni evidente todavía, pero estamos en una dinámica que rápidamente podría llevarnos a una situación muy compleja.
Se manifiesta en que el Gobierno, por sus desbalances fiscales persistentes, demanda recursos del resto de la economía para financiar esos déficits, lo que de manera casi mecánica incrementa las tasas de interés, reduce los recursos para el sector privado y pone a la economía a crecer a tasas más bajas. Hay dos expresiones de esto: el llamado crowding out effect, donde los recursos van al sector público en lugar del privado. Un empresario puede preferir invertir en títulos del Gobierno, que rentan tasas altas, en vez de asumir el riesgo de un emprendimiento. Esa mentalidad puede ser muy nociva y erosionar la semilla del crecimiento.
Eso es justamente lo que ya estamos viendo en Colombia: el endeudamiento en títulos del Gobierno en el mercado local es superior a todo el endeudamiento del sector privado con los establecimientos de crédito supervisados. (...) El siguiente gobierno tendrá la difícil tarea de aplicar políticas de austeridad en el gasto, protegiendo las funciones básicas del Estado y los mecanismos de protección social (...)”.
¿Qué debería hacer el próximo ministro de Hacienda en sus primeros 100 días?
“Hay dos o tres frentes muy urgentes. El primero es presentar un plan de ajuste fiscal gradual, con medidas concretas de austeridad en el corto plazo. Eso implica que el siguiente gobierno revise el Presupuesto General de la Nación y determine cuál es el gasto prioritario y cuál es el gasto más burocrático e ineficiente que hay que recortar.
El segundo frente es destrabar sectores empresariales para que crezcan más y tengan oportunidades (...). El tercero es una política transversal, en línea con ese plan de ajuste fiscal y de estabilidad de la deuda, para atraer inversión fresca que lidere esta nueva dinámica empresarial y ponga a la economía colombiana en una senda de crecimiento del orden de 3% o 3,5%”.
Gremios como Fenalco ya se inclinaron por Abelardo y académicos como Salomón Kalmanovitz por Cepeda. ¿Qué lectura hace Anif?
“No es nuestro papel tomar partido a nivel institucional. Cada uno en Anif tendrá sus inclinaciones políticas o preferencias, pero institucionalmente no apoyamos ni a uno ni al otro (...).
Del programa de Abelardo vemos anuncios en política económica que nos parecen pragmáticos y van en la línea correcta. En la campaña de Iván Cepeda, en temas como el energético, nos parece que nuevamente estaría privilegiando un discurso más ideológico que pragmático, y esa es una de las grandes críticas que tenemos en esa dimensión.
Hay una crítica compartida en los dos: todavía no queda claro el cómo de las propuestas. Un ejemplo: vemos con buenos ojos que la campaña de Cepeda hable del desarrollo del sector agrícola, pero no está claro cómo se llevaría a cabo. Ahí sería importante una dosis de pragmatismo, para que la conversación no se limite a unidades de producción pequeña, sino que se aproveche la frontera agrícola que todavía tiene Colombia, con un potencial enorme para producciones de alta escala. Nuestra labor es seguir construyendo puentes con las dos campañas para que esos “cómos” sean más concretos y estén orientados a un mayor crecimiento económico que se irradie hacia toda la población”.
¿Qué mensaje envía a los colombianos en medio de la polarización política?
“Lo que ocurre en Colombia refleja un fenómeno global de polarización que se ha visto amplificado por las redes sociales y por los procesos electorales. El primer llamado es a participar activamente en las elecciones y confiar en las instituciones. Colombia tiene organismos que han demostrado su capacidad para garantizar procesos transparentes. Después de la elección será importante encontrar los puntos en común. Probablemente descubriremos que son más las cosas que nos unen que las que nos dividen”.
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