El Ministerio de Minas y Energía publicó un proyecto de decreto con el que pretende modificar varias reglas del mercado secundario de gas natural en Colombia. La propuesta busca intervenir especialmente el mercado secundario y las operaciones relacionadas con gas importado, en medio de un escenario de estrechez en la oferta y aumento sostenido de tarifas.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la iniciativa pretende acabar con prácticas de intermediación que elevan innecesariamente los costos para los usuarios.
De acuerdo con el funcionario, el decreto “pondrá fin a la intermediación de aquellas empresas que solo buscan márgenes costosos y que terminan encareciendo las tarifas de las y los usuarios, tanto en el mercado secundario como en el gas importado”.
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Palma agregó que el proyecto “pone en el centro a los usuarios para protegerlos de los incrementos de precios desmedidos, fortalece la oferta de gas natural, pone límites a la especulación en el mercado secundario y evita que en momentos de estrechez algunos agentes disparen los precios para obtener ganancias injustificadas a costa de la gente”.
El ministro también cuestionó el manejo del mercado en gobiernos anteriores. “Los anteriores gobiernos dejaron que unos pocos jugaran con el mercado del gas mientras millones de colombianos terminaban pagando la cuenta con tarifas más altas e incertidumbre sobre el abastecimiento. Eso se acabó”, afirmó.
Qué propone el proyecto de decreto del gas en Colombia
El borrador de decreto introduce nuevas disposiciones para limitar incrementos de precios en el mercado mayorista de gas natural cuando exista una “situación de estrechez en la oferta”, concepto que sería creado oficialmente mediante el decreto y se aplicaría cuando el índice de abastecimiento evidencie insuficiencia entre la oferta nacional y la demanda del país.
Bajo ese escenario, el Gobierno podría activar reglas especiales para la comercialización y formación de precios del gas natural. Entre las medidas planteadas están límites a contratos interrumpibles, restricciones a las operaciones del mercado secundario y topes para los márgenes de comercialización del gas importado.
La propuesta establece que los contratos interrumpibles no podrán venderse por encima del promedio de los contratos firmes, es decir, aquellos que garantizan disponibilidad continua del combustible para el comprador.
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Además, el proyecto incorpora nuevas definiciones relacionadas con el gas importado, como el “Precio de Comercialización de Gas Importado Firme”, el “Potencial de Importación” y las “Cantidades Importadas con Contratos de Suministro”.
Las razones del Gobierno para intervenir el mercado
En la memoria justificativa del proyecto, el MinEnergía argumenta que existen condiciones estructurales que hacen necesaria una intervención estatal para garantizar el abastecimiento de gas natural y proteger a los usuarios.
La cartera reconoce que la producción efectiva está por debajo de su capacidad potencial debido a mantenimientos programados, eventos operacionales y la declinación natural de los campos de producción. Sin embargo, también asegura que durante los últimos años se han evidenciado conductas que afectan el funcionamiento del mercado y la libre competencia económica.
Colombia importa gas desde diciembre de 2016 para respaldar la operación de las plantas térmicas. No obstante, desde diciembre de 2024 ha sido necesario traer este energético del exterior para atender la demanda de hogares, comercios e industrias.
De acuerdo Naturgas, el 23% del gas consumido en el primer trimestre de 2026 fue importado. En medio de este escenario de estrechez, los precios del energético han aumentado y han impactado el bolsillo de los usuarios.
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Mercado secundario y reventas, bajo la lupa
El Gobierno sostiene que el funcionamiento del mercado secundario —espacio donde productores, comercializadores o importadores revenden o negocian derechos de suministro y capacidad de transporte que ya fueron contratados previamente— está generando incentivos económicos que exceden el propósito para el cual fue creado.
Según el Ministerio, entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025 los contratos interrumpibles registraron incrementos significativos en sus precios y, en algunos casos, superaron el valor de contratos firmes.
La cartera también asegura que más de 100 % de su valor original habrían superado algunas transacciones en el mercado secundario del gas.
Otro de los argumentos expuestos es que durante 2025 las refinerías consumieron menos gas del volumen reportado como producción comprometida ante el Ministerio. De acuerdo con el documento, esas cantidades no habrían sido puestas a disposición de otros sectores que requerían el combustible.
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Finalmente, el proyecto obliga a las empresas del sector a reportar con mayor detalle información relacionada con producción, importaciones y contratos, con el fin de aumentar el control sobre el abastecimiento y la formación de precios del gas natural en el país.
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