Perfiles falsos en Google, páginas web fraudulentas y suplantación de concesionarios han generado cerca de 3.000 casos de fraude en la compra de motocicletas en Colombia.
La creciente demanda de motocicletas en Colombia ha venido acompañada de una preocupante evolución de las modalidades de fraude que afectan a miles de compradores en todo el país.
Delincuentes están utilizando herramientas digitales cada vez más sofisticadas para suplantar concesionarios, marcas reconocidas y asesores comerciales, engañando a personas que buscan adquirir una motocicleta de manera legítima.
De acuerdo con cifras recopiladas por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, en los últimos años se han reportado cerca de 3.000 casos relacionados con este tipo de estafas, una situación que ha llevado al sector a reforzar los llamados de prevención y verificación antes de realizar cualquier pago.
Según explicó Iván Darío García, director ejecutivo de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, los delincuentes aprovechan especialmente los momentos en que ciertos modelos presentan alta demanda y baja disponibilidad en el mercado.
“Los delincuentes están aprovechando la urgencia de algunos compradores por conseguir determinados modelos de motocicleta. Cuando una moto tiene alta demanda y baja disponibilidad, aumenta el riesgo de que las personas acudan a canales no autorizados y terminen siendo víctimas de fraude”, señaló García.
La información recopilada por el gremio muestra que los estafadores suelen concentrar sus esfuerzos en motocicletas con alta rotación comercial y disponibilidad limitada, aprovechando el interés de los compradores por acceder rápidamente a determinados modelos.
Entre las categorías más mencionadas en los reportes se encuentran las motocicletas Scooter, las Doble Propósito y, especialmente, las motos Street o de calle.
Las cifras indican que las motocicletas de hasta 200 centímetros cúbicos concentran aproximadamente la mitad de las denuncias registradas. El resto de los casos corresponde a fraudes relacionados con repuestos (22%), servicios de mantenimiento (16%) y motocicletas de mayor cilindraje (12%).
Uno de los principales hallazgos del sector es la transformación que ha experimentado este fenómeno en los últimos años.
Entre 2021 y 2022 predominaban los hurtos aislados y algunos casos de abuso de confianza. Sin embargo, durante 2024 comenzaron a aparecer modalidades más complejas que incluían cartas de crédito falsas, facturas adulteradas, cheques modificados y suplantación de marcas.
La situación se ha vuelto aún más sofisticada entre 2025 y 2026. Actualmente, los delincuentes crean ubicaciones falsas en Google cerca de concesionarios legítimos, utilizan fotografías auténticas de puntos de venta, crean perfiles fraudulentos en redes sociales, suplantan asesores comerciales, diseñan páginas web falsas e incluso alteran documentos enviados por WhatsApp para aparentar legalidad.
“Estamos viendo una transformación del fraude. Antes el riesgo estaba en una oferta sospechosa, hoy los delincuentes pueden aparecer en buscadores como Google como si fueran un concesionario legítimo, utilizar imágenes reales y documentos aparentemente válidos. Eso hace que la prevención y la verificación sean más importantes que nunca”, agregó García.
Los datos analizados por la industria revelan que casi uno de cada dos fraudes reportados entre enero de 2025 y mayo de 2026 tuvo origen en perfiles falsos creados en Google que posteriormente eran complementados con conversaciones a través de WhatsApp.
Además, se identificaron otras modalidades recurrentes:
Pagos solicitados a billeteras digitales de terceros como Nequi o Daviplata: 30%.
Uso de documentos adulterados: 12%.
Páginas web falsas que imitan la identidad visual de marcas y concesionarios autorizados: 10%.
Las empresas del sector también han detectado más de 25 sitios web fraudulentos vinculados con marcas y distribuidores de motocicletas.
Los registros recopilados por la industria muestran que estas estafas afectan tanto a grandes ciudades como a municipios intermedios, lo que evidencia que el riesgo está presente en todo el territorio nacional.
Entre mediados de 2023 y abril de 2026, una de las ensambladoras consultadas identificó que el 48% de los reportes se concentró en Medellín, seguida por Cali con el 28% y Bogotá con el 24%.
Asimismo, la industria ha identificado una presencia significativa de casos en algunos municipios de Córdoba, confirmando que este fenómeno ya no está limitado a los principales centros urbanos.
Ante este panorama, Movemos Colombia, iniciativa liderada por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi junto con las principales ensambladoras del país, compartió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de fraude durante el proceso de compra.
Verificar que el concesionario y los datos de contacto correspondan a los canales oficiales de la marca.
Realizar pagos únicamente a cuentas corporativas registradas a nombre de la empresa.
Desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos o promesas de entrega inmediata.
Validar la autenticidad de la documentación y revisar el historial del vehículo en el RUNT.
Realizar todo el proceso de compra, entrega y traspaso a través de canales formales y autorizados.
Para enfrentar esta problemática, las compañías del sector han fortalecido las denuncias ante las autoridades, el monitoreo de plataformas digitales, las campañas de prevención y las solicitudes a empresas tecnológicas para eliminar perfiles y ubicaciones fraudulentas.
Sin embargo, desde la industria consideran que el principal desafío sigue siendo fortalecer la capacidad de los ciudadanos para identificar señales de alerta antes de realizar una transacción.
“Cada caso de fraude representa a una persona o una familia que pierde recursos construidos con esfuerzo. Por eso, el llamado es a verificar siempre la información antes de realizar pagos y utilizar únicamente canales oficiales. Una validación de pocos minutos puede evitar pérdidas económicas muy importantes”, concluyó García.
La preocupación del sector va más allá de las pérdidas económicas. En Colombia, la motocicleta se ha convertido en una herramienta fundamental para el trabajo, el emprendimiento, el acceso a la educación y la movilidad de millones de personas, especialmente de los estratos 1, 2 y 3.
Por ello, promover una cultura de compra segura y fortalecer los mecanismos de verificación se ha convertido en una tarea compartida entre ciudadanos, empresas y autoridades, con el objetivo de reducir las oportunidades de acción de los delincuentes y proteger el patrimonio de quienes buscan adquirir una motocicleta de manera legítima.
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