Una tormenta política de gran magnitud generó el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del salario mínimo para 2026. Antes de su alocución en la noche de este 29 de diciembre, el mandatario insinuó que lo que iba a decretar sería una cifra que no gustaría a la oposición ni a los dueños de medianas y pequeñas empresas.
Su argumento para subir el salario mínimo en $2 millones (un alza del 23,78 %) estuvo fundamentado en que “el desempleo baja”, sin considerar que en Colombia más de la mitad de los trabajadores están en la informalidad, alrededor del 55 %-56 % del total de ocupados, según datos de abril-junio, basados en informes del Dane.
“Antes de mi alocución a los colombianos me adelanté a las críticas. Toda la información estadística muestra que es al contrario la correlación econométrica: entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja. Es lo contrario de la estafa ideológica del neoliberalismo, que es lo único que estudian los estudiantes de economía. Hasta en la Nacional prohibieron la economía científica; solo enseñan ideologías de negociantes, como dijera Aristóteles: crematística (...)”, escribió Petro en su cuenta de X.
Para algunos expertos, la propuesta del presidente obedece a un comportamiento populista por una simple razón: las elecciones presidenciales que se avecinan. Al mismo tiempo, lo señalan de aprovecharse de las personas de escasos recursos para construir una narrativa fundamentada en “perjudicar a los ricos para ayudar a los pobres”.
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El escenario más cercano fue el de Venezuela en 2011, cuando Hugo Chávez incrementó el salario mínimo de su país en un 30 %, una medida que, aunque fue recibida con aplausos en su momento, significó la génesis de una inflación del 27,6 % en 2011, 20 % en 2012, 56 % en 2013 y que en 2025 ronda el 170 % interanual, según estimaciones de organismos independientes.
La propuesta de demandar el decreto del incremento del salario mínimo para 2026
Entre la lluvia de críticas que le caen al presidente, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, propuso a los colombianos demandar ante el Consejo de Estado el incremento del salario mínimo, además de poner como antecedente del decreto que fijó el salario mínimo de 2016 con el mandato de Juan Manuel Santos, que fue anulado por fallas en la motivación y el procedimiento.
“A demandarlo, en beneficio del 90 % de los colombianos que se ven afectados por la medida del día de hoy del Gobierno. No podemos permitir la destrucción de Colombia sin argumentos de sensatez”, escribió Restrepo en su cuenta de X.
¿Pero es viable demandar ante el Consejo de Estado? En la práctica, es jurídicamente posible demandar ante el Consejo de Estado —máxima autoridad de la jurisdicción contencioso-administrativa— el incremento del salario mínimo de 2026 para que se declare su nulidad.
Para llevar a cabo este mecanismo, es indispensable poner sobre la mesa las razones por las cuales una persona se muestra inconforme con el decreto presidencial, como el monto fijado, la posible violación del artículo 53 de la Constitución, la desviación de poder (por eventuales objetivos electorales) o el hecho de que el aumento no sea equivalente al porcentaje de inflación vigente al momento de su expedición.
De hecho, Restrepo sostiene que esta alza está muy por encima de la inflación y la productividad del país, lo que, a su juicio, significa más pobreza en el futuro. La razón es que, desde el 1 de enero de 2026, también subirán los servicios públicos, el arriendo (también indexado al IPC), la cuota de mantenimiento o administración de edificios o conjuntos residenciales y hasta el precio de los alimentos, lo que sienta las bases para una caída económica pronunciada.
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