La empresa minera Drummond aseguró que las exportaciones de carbón que ha venido realizando a Israel se han hecho con la autorización otorgada por el Gobierno Nacional.
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La empresa también rechazó las acusaciones relacionadas con la muerte de trabajadores sindicalistas por paramilitares en 2001.
La empresa minera Drummond aseguró que las exportaciones de carbón que ha venido realizando a Israel se han hecho con la autorización otorgada por el Gobierno Nacional.
La empresa respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien publicó un trino en el que arremetió contra Glencore y Drummond y pidió procesarlas por lo que señaló como “ayuda al genocidio”, en relación con el conflicto registrado en Gaza.
Según el mandatario, firmó un decreto en el que se prohibía la exportación de carbón térmico a ese país, ya que, aseguró, ese commoditie se estaba usando para “hacer bombas que matan los niños en Gaza”.
“Las empresas Glencore (de Suiza) y Drummond (comprometida con la muerte de sindicalistas del Cesar) decidieron continuar la exportación”, escribió en X el presidente Petro. En esa misma publicación, solicitó a Suiza y a la justicia de Colombia procesar a los administradores de las compañías.
Sin embargo, Drummond aseguró que presentó la documentación requerida para exportar el mineral ante un comité conformado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Agencia Nacional de Minería y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Así mismo, la empresa rechazó las acusaciones relacionadas con la muerte de trabajadores sindicalistas por parte de grupos paramilitares en 2001, “nuevamente Drummond niega categóricamente tener o haber tenido relación con ningún grupo al margen de la ley”, dijo la minera.
Agregó que “recientes decisiones en una Corte Federal de los Estados Unidos, con base en la clara evidencia de pago a testigos falsos en Colombia, incluyendo varios paramilitares y sus familiares, sirvieron de base para llevar a juicio a los responsables de estos pagos. Estas y otras pruebas han sido entregadas, desde hace varios años, a las autoridades judiciales colombianas”.