El ente de control advirtió fallas en decretos de la emergencia económica, pidió al Gobierno Nacional rigor en uso de recursos y exigió justificar el monto que se busca recaudar para atender la crisis invernal.
La Contraloría General de la República le está pidiendo al Gobierno Nacional los soportes que justifiquen el recaudo de $8,68 billones asociados a la emergencia económica. Y advirtió que estos recursos deben ejecutarse mediante un Plan de Acción Específico (PAE) por cuenta de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Tras revisar los 18 decretos expedidos en el marco de la emergencia, declarada mediante el Decreto 0150 de 2026, el ente de control puso la lupa sobre los nuevos impuestos creados para financiarla.
En este sentido, pidió fortalecer la capacidad operativa de la Dian y los mecanismos de control, especialmente en el impuesto al patrimonio y en los tributos a los juegos de suerte y azar en línea.
Otro de los puntos críticos señalados es la reorientación de recursos ordenada en algunos decretos, lo que podría afectar la financiación y continuidad de programas y proyectos en ejecución.
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La Contraloría pidió que esta medida se adopte con rigor jurídico y técnico, y que se defina cómo y cuándo se reembolsarán los recursos trasladados, a medida que se materialice el recaudo tributario.
El ente de control también solicitó al Gobierno abstenerse de trasladar recursos de los fondos del sector energético hacia la UNGRD, al advertir que esta entidad no cuenta con la experticia ni la estructura organizacional necesarias para asumir el diseño, ejecución e interventoría de obras destinadas a reparar la infraestructura eléctrica afectada.
Además, señaló que ampliar facultades contractuales o asignar mayores recursos no será suficiente si entidades como ministerios, Invías y la UNGRD no mejoran su capacidad de ejecución.
En materia ambiental, alertó sobre posibles decisiones que modifiquen las reglas de operación de embalses sin el debido sustento técnico.
Según indicó, esto podría generar incumplimientos contractuales, afectar tarifas de energía, incluido el cargo por confiabilidad, y deteriorar la confianza de los inversionistas en el sector.
El organismo también alertó sobre riesgos en la asignación de ayudas a los afectados, como errores en la identificación de beneficiarios, duplicidades en transferencias e inconsistencias en los registros.
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Por ello, pidió fortalecer los mecanismos de focalización, verificación y depuración de la información, tomando como base los PAE y el Registro Único de Damnificados (RUD).
Finalmente, la Contraloría reiteró que el país sigue en mora de aplicar de manera efectiva los mecanismos de prevención y atención de desastres contemplados en la Ley 1523 de 2012.
El ente anunció que continuará con la vigilancia y control fiscal preventivo y concomitante, con el objetivo de proteger los recursos públicos y asegurar que cumplan su propósito en la atención de la emergencia.
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