El polémico expersonero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda, aterrizó este mes en el Gobierno Nacional en calidad de contratista.
Su llegada vino por cuenta de un contrato de prestación de servicios que recientemente fue firmado con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entidad a la que se vinculó sin importar las controversias que dejó a su paso en la capital antioqueña el año pasado.
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Según quedó publicado en el portal del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), el contrato aparece con el objeto de la prestación de servicios profesionales en calidad de abogado especializado para esa entidad, en una tarea que incluye “estructurar políticas para la prevención del daño antijurídico” y “atender los requerimientos realizados por las autoridades de restitución de tierras”.
En los sistemas de información pública, puede leerse que el contrato habría comenzado a ejecutarse desde el pasado 14 de mayo de 2025 y tendría como fecha de finalización el 30 de junio de 2025, con un monto comprendido en los $65 millones.
El expersonero Vivas Lloreda había salido del radar público desde febrero de 2024, mes en el que renunció a su aspiración para ser reelecto en ese cargo por un periodo más.
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Aunque en aquel entonces el expersonero iba liderando el concurso de méritos para ratificarse en su cargo, justo en el momento más crítico de ese proceso diversos líderes de opinión y organizaciones ciudadanas cuestionaron que este repitiera un nuevo periodo a pesar de los cuestionamientos que arrastraba desde el cuatrienio anterior.
Dentro de las polémicas más gruesas, a Vivas se le cuestionaba por los avances que había tenido las incontables denuncias que muchos ciudadanos y funcionarios habían interpuesto en contra de los exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero.
Uno de los casos más controvertidos ocurrió por ejemplo por cuenta de las denuncias formuladas en contra del exsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez, quien recientemente fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría General de la Nación por un periodo de 14 años, por ejercer presuntas coerciones a subalternos para que hicieran aportes de su propio bolsillo a organizaciones no gubernamentales presuntamente para financiar las aspiraciones políticas del exalcalde Daniel Quintero.
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La denuncia más grave en este sentido fue formulada por la exdirectora de la Unidad de Niñez, María del Pilar Rodríguez, quien criticó duramente a finales de febrero de 2024 que ese caso fuera archivado.
De igual manera, a Vivas se lo cuestionó por haber incrementado su patrimonio, que a finales de 2019, meses antes de posesionarse como personero, aparecía con un valor bruto de $120 millones, y cuatro años y medio después ya comprendía cuatro propiedades registradas junto a su pareja y dos camionetas, por un valor comercial de aproximadamente $500 millones.
Durante su paso por el ente, también fueron vistas con suspicacia varias actividades que le habrían representado a la institución cuantiosos gastos de representación, como viajes a Argentina y París (Francia).
En quejas anónimas que entonces circularon, y llegaron a manos de la Procuraduría, se llegó incluso a aseverar que por materia de viáticos, Vivas habría gastado más de $239 millones.
En medio de toda esa presión ciudadana, a comienzos de febrero, Vivas redactó una carta en la que comunicó su retiro del concurso de méritos para el cargo de personero, y alegó razones familiares.
“Comedidamente comunico que por razones familiares he decidido no continuar en las siguientes etapas del concurso de méritos”, expresó entonces.
