Una norma federal del siglo XVIII, usada históricamente por Estados Unidos para juzgar crímenes cometidos fuera de su territorio, reaparece como sustento jurídico de la incursión armada del pasado 3 de enero en Caracas.
La reciente acción de Estados Unidos en Caracas, para sustraer al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, estaría legitimada en una ley promulgada en ese país en el Siglo XVIII (año 1789) que permaneció en desuso durante dos siglos.
El ‘Alien Tort Statute o Alien Tort Claims Act’, como se llama ese marco normativo, está incluido en el Código Penal de los Estados Unidos y ha cobrado reciente relevancia con los hechos en la capital venezolana, donde el presidente venezolano fue sorprendido en medio de la madrugada, junto a su esposa, por tropas élite del Ejército norteamericano, todo el operativo seguido minuto a minuto por el presidente Donald Trump desde la comodidad de su residencia en en Mar-A-Lago, en la paradisiaca isla de Palm Beach, en Florida.
Esta normativa adquirió relevancia con motivo de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, en 1980, en el caso Filártiga v. Peña Irala, donde fue usada de nuevo dicha ley tras dos siglos de desuso. Esta norma federal otorga competencia a sus jueces para conocer casos que, incluso, están por fuera de la jurisdicción norteamericana, como el proceso de Maduro por supuesto narcotráfico y porte de armas y cuyo registro penal reposa en una corte de Nueva York.
El caso por el que nace dicha ley concluyó hace tres siglos que se otorgaba competencia a las cortes federales estadounidenses para conocer de una demanda civil por daños, presentada por la hermana y el padre de un adolescente paraguayo que había sido torturado y asesinado por un ciudadano de ese país que era residente en los Estados Unidos, y al momento de los hechos alegados era el Inspector General de la Policía en territorio de Asunción, capital paraguaya.
Entonces, la reciente extracción de Nicolás Maduro de territorio venezolano ha puesto de manifiesto, según reporta la revista Cambio, un “vacío incómodo” en el orden global: la realidad de que, cuando Estados Unidos opera fuera de sus fronteras, sus propias leyes suelen prevalecer sobre el derecho internacional.
Bajo la justificación de “legítima defensa”, reseña el medio, Washington sostiene que Maduro, a quien en un comienzo EE. UU. señaló de ser el del “Cartel de los Soles” —este martes el mismo gobierno de Estados Unidos se retractó y dijo que dicha organización no existe—, representaba un peligro inminente para los intereses norteamericanos.
Eric Tremolada, doctor en derecho internacional que habló con Cambio, señala que si bien la ley permite juzgar a alguien una vez esté en suelo estadounidense, esto no faculta al país para extraerlo de un territorio extranjero incluso si su llegada fue ilegal bajo la doctrina Ker-Frisbie, que permite que acusados extranjeros por delitos en ese país pueden ser procesados en tribunales de EE. UU. independientemente de si su presencia se ha obtenido mediante el uso o no de los tratados de extradición aplicables.
Para Tremolada, el caso de Maduro es una “violación flagrante” a los principios imperativos del derecho internacional y a la propia Constitución de EE. UU., por lo que una incursión armada de ese tipo habría requerido una aprobación previa del Congreso.
Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos puede bloquear cualquier resolución en su contra, si se le llegasen a abrir una querella en su contra por los hechos del pasado 3 de enero en Caracas. Aunque este órgano humanitario podría emitir un pronunciamiento, para el abogado Carlos Arévalo, que habló con el mismo medio, estos no son vinculantes y requieren una mayoría difícil de alcanzar en el clima geopolítico actual.
Como bien apunta el análisis de Cambio, el verdadero impacto para Washington podría ser reputacional. Tal como ocurrió con el escándalo de Guantánamo, el país corre el riesgo de perder “autoridad moral” y legitimidad ante la comunidad internacional. Al final del día, el caso Maduro demuestra que, en el tablero mundial, las grandes potencias siguen operando en una zona donde “el poder pesa más que el derecho”.
Mientras se debate el sustento jurídico de la operación entre la comunidad internacional, este martes la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, sostuvo una reunión de carácter urgente y reservado con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara. El encuentro, que se extendió por más de cuatro horas en el Palacio de San Carlos, en Bogotá, tuvo como eje central el rechazo formal de Colombia a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump.
El detonante de esta cita diplomática fue el anuncio de una nota verbal de protesta dirigida al secretario de Estado, Marco Rubio donde el gobierno colombiano calificó como “profundamente ofensivas” las palabras de Trump, quien aseguró que Colombia está “muy enferma” y es gobernada por un “hombre enfermo” que produce y vende cocaína a los Estados Unidos.
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Según la Cancillería, estas afirmaciones no solo afectan al presidente Gustavo Petro, sino que vulneran la dignidad de la Presidencia de la República y los principios democráticos del Estado. Lo que ha trascendido es que la agenda entre Villavicencio y McNamara abordó temas críticos para la estabilidad regional y se discutió la posibilidad de una intervención militar en Colombia, una opción que Trump no ha descartado.
A pesar de las profundas diferencias, desde Washington se insiste en la necesidad de mantener “lazos firmes” debido a la importancia estratégica de Colombia para los intereses estadounidenses. No obstante, el panorama interno en Colombia se mantiene agitado; el presidente Petro ha convocado concentraciones para este miércoles 7 de enero bajo la consigna de defender la soberanía nacional, en lo que será su primera declaración pública tras el inicio de esta crisis.
Por el momento, la Cancillería ha optado por no emitir un comunicado oficial, manteniendo los detalles de los nuevos acercamientos bajo estricta reserva mientras se busca desescalar el conflicto entre ambos mandatarios.
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