En medio de la recta final hacia las elecciones presidenciales, crecen las denuncias sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales en distintas regiones del Cauca. El expresidente Álvaro Uribe aseguró ayer que estructuras del ELN y disidencias de las Farc estarían obligando a comunidades rurales a votar supuestamente por el candidato Iván Cepeda.
A través de sus redes sociales, el exsenador afirmó haber recibido reportes desde municipios del norte y sur del Cauca, donde hombres armados estarían interfiriendo directamente en el proceso electoral y condicionando el voto de campesinos y habitantes de zonas apartadas.
“El ELN y la columna Jaime Patiño de las Farc están exigiéndole a la comunidad votar por Iván Cepeda”, señaló el exmandatario. Según la denuncia, las presiones también involucrarían a las estructuras Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, consideradas dos de las facciones más fuertes bajo el mando de alias Iván Mordisco.
Los señalamientos se concentran especialmente en áreas rurales de Santander de Quilichao, en veredas como Vilachí, La Chapa, Tres Quebradas y el corregimiento de Tequilichá. Uribe aseguró incluso que algunos grupos armados estarían controlando el manejo de las actas electorales.
A lo dicho por Uribe, Cepeda contestó anoche que “es un despropósito decir que quien gane las elecciones en Colombia lo hará por presión de grupos armados sobre el electorado” y que el expresidente “en todo él miente y desfigura la realidad”.
Otras menciones a Cepeda
Las declaraciones aparecen pocos días después de que el propio Iván Cepeda denunciara posibles presiones armadas sobre votantes en varias regiones del país.
El pasado 5 de mayo, Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, informaron haber recibido alertas sobre presuntas intimidaciones de grupos ilegales de cara a las elecciones del próximo 31 de mayo.
De acuerdo con el candidato del Pacto Histórico, la información provenía de organizaciones sociales, autoridades locales y reportes de la Defensoría del Pueblo. Las alertas advertían sobre intentos de actores armados por orientar el voto.
“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presión al votante, incluidas aquellas que supuestamente se hagan a mi favor mediante amenazas, veladas o explícitas”, manifestó Cepeda en el momento.
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También aseguró que ni su campaña ni el Pacto Histórico respaldan restricciones contra otras fuerzas políticas en territorios con presencia de grupos armados.
A lo largo de su trayectoria, y agudizado durante la actual contienda electoral de 2026, Cepeda ha mantenido una estrategia de defensa pública consistente frente a los sectores políticos que intentan vincularlo con guerrillas, principalmente con las FARC.
En ese contexto de su actual candidatura por el Pacto Histórico, Cepeda a comienzos de este mes denunció públicamente los “intentos de presión de grupos armados en las elecciones”.
El expediente de los computadores del antiguo comandante de las Farc, Raúl Reyes, ha sido otro de los cuestionamientos a Cepeda con las Farc. Tras la incautación de estos dispositivos, el nombre de Cepeda apareció en correos del abatido jefe guerrillero. El hoy candidato siempre ha negado cualquier vínculo con las FARC.
Una de las críticas más recientes tuvo lugar la primera semana de febrero pasado cuando la Silla Vacía publicó un reportaje de un evento en Tumaco con participación del candidato presidencial Cepeda y presencia de personas que portaban camisetas de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia vinculada a la Segunda Marquetalia y hoy en mesa de paz con el Gobierno.
Tras conocerse las fotografías, Cepeda aseguró que su campaña no tenía conocimiento de la presencia de esas personas y afirmó haber informado de inmediato a la Policía para identificarlas y capturarlas.
Participación en política
Como político oficialista en el actual ciclo electoral, Cepeda se ha enfrentado al riesgo de la participación indebida en política por parte de funcionarios del Estado, un tema sobre el cual ha sentado jurisprudencia discursiva y acciones recientes.
El ejemplo más directo y reciente de su postura ocurrió cuando este martes se reveló en Caracol Radio que la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, estaba haciendo campaña política a su favor. Cepeda no aceptó el respaldo y cortó la controversia: “Ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político”.
Ese caso recuerda a otro de abril pasado cuando el propio candidato del Pacto Histórico encendió la controversia al confirmar que el viceministro de Transformación Digital, Giovanny López, estaba haciendo campaña a su favor en grupos de apoyo del MinTIC.
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En un pronunciamiento en X, Cepeda aseguró que no tenía conocimiento de estas acciones y que “ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político”. La reacción llegó tras conocerse que López habría participado en un grupo de WhatsApp para coordinar apoyo digital a su candidatura.
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