Luego del escándalo de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, por el que el presidente Gustavo Petro ordenó trasladar a los voceros de las bandas del Valle de Aburrá involucrados, ha pasado un mes y apenas se autorizó la remisión de uno de ellos, quien funge como suplente en la mesa de paz urbana.
Se trata de Paulo Andrés Gómez Torres (“Pocho”), uno de los cabecillas de la banda “la Agonía”, de Medellín, quien este fin de semana fue trasladado a la cárcel de Girón, en el departamento de Santander.
Fuentes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) le confirmaron a EL COLOMBIANO que la remisión se autorizó el pasado viernes 8 de mayo, y que el interno ya se encuentra en su nuevo lugar de reclusión.
El problema comenzó el 8 de abril de 2026, cuando en la prisión de Itagüí, sede de las conversaciones entre el Gobierno Nacional y los jefes del crimen organizado del área metropolitana, se realizó una fiesta con el cantante vallenato Nelson Velásquez y otros artistas, que incluyó el montaje de una tarima, ingreso no autorizado de licor y damas de compañía.
Tras el escándalo desatado en la opinión pública, el presidente Petro se refirió al tema el 13 de abril, durante un consejo de ministros: “Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”.
El motivo de la fiesta, según las denuncias de los concejales de Medellín, Claudia Carrasquilla y Andrés Tobón, fue la celebración de la inminente libertad de uno de los voceros de las bandas, Sebastián Murillo Echeverry (“Lindolfo”).
A raíz de lo sucedido, la delegación del Gobierno expidió un comunicado suspendiendo las conversaciones, las cuales fueron retomadas semanas después, sin mayores consecuencias.
En dicha mesa de paz urbana participan 23 voceros del crimen organizado, casi todos vinculados a tentáculos de la confederación criminal “la Oficina”, distribuidos así: siete principales, entre los cuales está “Lindolfo”, y 16 suplentes.
“Pocho” hace parte de ese grupo de suplentes desde la instalación de la mesa, en 2023. En la actualidad está pagando una condena de 36 años de cárcel por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.
La víctima del asesinato fue Liliana Patricia Cataño Montoya, una líder comunitaria de la comuna 13 de Medellín, atacada por sicarios de “la Agonía” el 18 de octubre de 2017.
Frente al traslado de “Pocho”, el concejal Tobón afirmó: “Es un contentillo que dan el Gobierno Petro y el Ministro de Justicia. Al final están trasladando a un cabecilla que no es de primer nivel en ‘la Oficina’. Se trata de trasladar a un conejillo de indias para darles gusto a los medios de comunicación, a la gente que exigía acciones del gobierno frente a lo que dijo Petro, y al mismo tiempo darles gusto a los bandidos de Itagüí”.
En el caso de “Lindolfo”, un juez de ejecución de penas y medidas le negó la solicitud de libertad condicional luego del parrandón. Seguirá pagando 18 años y seis meses de cárcel por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y ocultamiento y destrucción de prueba.
Las fuentes del Inpec indicaron que de momento no han más solicitudes de traslado para internos de Itagüí.
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