Aunque los llamados “cupos indicativos” han sido una práctica recurrente en distintos gobiernos, una investigación reciente revela que este mecanismo sigue funcionando entre pasillos del Congreso como una especie de moneda de negociación política. Las declaraciones de exparlamentarios condenados y la documentación judicial muestran cómo recursos públicos se han convertido en herramientas para asegurar apoyos legislativos, lejos de su función original de atender necesidades territoriales o sociales.
En la Corte Suprema hay varios archivos y expedientes que investigan esta práctica ilegal. Entre esos archivos, está el testimonio del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, quien detalló cómo funcionan estos cupos, a los que además calificó como un “cáncer” que ha carcomido la legitimidad del Congreso.
De acuerdo con su testimonio, revelado por Noticias Caracol, estos mecanismos han permitido a los gobiernos asegurar la aprobación de su agenda parlamentaria a cambio de recursos públicos, consolidando un sistema de corrupción que se mantiene vigente entre los pasillos del Capitolio.
Según Vargas Lleras, el Gobierno Nacional asigna un monto de dinero a un congresista, quien luego decide a qué entidad local o regional, como alcaldías de aliados o instituciones afines, se destinará la partida mediante contratos interadministrativos.
Una vez los recursos llegan a las entidades, las licitaciones se diseñan de manera que favorezcan a contratistas previamente acordados, asegurando que el dinero fluya hacia quienes forman parte del esquema. Según el ex vicepresidente, este intercambio se ha convertido en la “moneda de cambio” habitual en comisiones clave del Congreso para garantizar la aprobación de reformas tributarias y del Presupuesto General de la Nación.
El testimonio también reveló que los parlamentarios controlan desde la asignación del dinero hasta la ejecución de las obras. Entre las entidades tradicionalmente utilizadas para estos fines, Vargas Lleras señaló al Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Invías, Coldeportes y Fonade.
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Ante la gravedad de los hechos, el exfuncionario y líder natural de Cambio Radical hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que no se limite a investigaciones aisladas y abra un macroproceso que permita desmantelar esta modalidad, que algunos sectores del poder han normalizado bajo el nombre de “gobernabilidad”.
“Espero que esto le permita a la Corte finalmente abrir un macroproceso y develar todo lo que ha sido esta nefasta modalidad”, afirmó. Su relato coincide con las confesiones del excongresista Roberto José Herrera, quien denunció que en el Capitolio existía un auténtico “mercado persa” donde se negociaban partidas presupuestales de manera cotidiana.
¿Qué son los cupos indicativos?
Los cupos indicativos saltaron a primera plana con el escándalo de la UNGRD. Los congresistas investigados, al parecer, buscaron beneficiarse con estos recursos a cambio de apoyar las reformas del Gobierno. Sin embargo, tales prácticas están prohibidas por la Constitución y, según el propio Petro, son la forma en que algunos congresistas “chantajean y extorsionan” a los ministros.
El origen de los cupos indicativos se remonta al Gobierno de Andrés Pastrana, cuando Juan Manuel Santos era ministro de Hacienda. Aunque inicialmente se concibieron como un mecanismo para promover el desarrollo regional, pronto se convirtieron en un terreno fértil para la corrupción.
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Expertos señalan que, en la práctica, el sistema careció de transparencia. En repetidas ocasiones se denunció que los congresistas no destinaban los recursos a las prioridades de sus regiones y, en algunos casos, se apropiaban de ellos. Con el tiempo, los ministerios de Hacienda y del Interior terminaron utilizando los cupos indicativos como moneda de cambio para negociar la aprobación de reformas legislativas, especialmente las tributarias.
La ironía es que esta práctica ha sido abiertamente cuestionada por el propio Petro, quien la ha denunciado desde 2001. Lo paradójico, según testimonios, es que su propio Gobierno habría recurrido a los mismos métodos. Fue precisamente lo que expuso Luis Carlos Reyes, entonces director de la DIAN, durante el Consejo de Ministros del 18 de diciembre de 2023, sin que su denuncia generara mayor repercusión en ese momento.
La controversia escaló cuando la supuesta asignación de cupos indicativos salpicó al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Aunque Petro lo defendió públicamente hasta el final, terminó pidiéndole la renuncia. El mandatario insistió en que esta práctica se ha repetido durante años.
“Por eso los narcos han hecho leyes, pues solo necesitan dinero para ello. Por eso los asesinos de su propio pueblo han hecho leyes. Por eso la corrupción ha matado tanta democracia y tanta gente”, dijo el presidente.
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