Desde el 27 de octubre el presidente Gustavo Petro ha estado en una gira internacional por varios países de Medio Oriente. Entre ellos ya ha visitado Arabia Saudita y Egipto, y este domingo llegó a Catar, dónde estará hasta el próximo 4 de noviembre.
El recorrido, además de desatar críticas por su intensa agenda de viajes durante el 2025, resulta que se lleva a cabo en medio de la crisis diplomática que enfrenta con Estados Unidos. Y, esto, luego de haber sido agregado a la lista de la Ofac el pasado 24 de octubre. Lo anterior, enmarcado bajo el grave señalamiento del gobierno de Estados Unidos, de que el presidente colombiano sería un supuesto cómplice del tráfico internacional de cocaína.
Esta inclusión a en la Lista Clinton, ha configurado un sinfín de consecuencias y reacciones políticas en el país. En su momento, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que “desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”.
En el informe oficial sobre esta decisión, conocido por EL COLOMBIANO, el Tesoro recalcó que “Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína. La cocaína colombiana suele ser adquirida por carteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur. Es una sustancia regulada que representa una importante amenaza para Estados Unidos, a pesar de la reciente y frívola comparación de Gustavo Petro sobre su consumo con el whisky”. La sanción, de carácter administrativo y financiero, también fue aplicada a su “círculo más cercano”.
Sin embargo, parece que las retaliaciones norteamericanas no han parado ahí.
El avión sin combustible
Y es que en los círculos cercanos a la Presidencia ya se siente el “coletazo” de la inclusión de Gustavo Petro a la Lista Clinton. Además, día a día la tensión crece. No hay certezas sobre el alcance real de la medida, pero el miedo ya se instaló entre los funcionarios más cercanos al mandatario.
Lo que hasta hace unos días parecía un rumor sin mayores consecuencias comenzó a tomar forma con un hecho que, según fuentes oficiales, desató alarma en el alto Gobierno. Justamente estas primeras sanciones se dieron en medio del “tour” por Medio Oriente. Durante una escala técnica en Madrid, el avión de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba al jefe de Estado se quedó sin reserva de combustible.
Al querer llenar el tanque varias empresas se habrían negado a suministrarlo en la capital española. Sin previo aviso, ese “coletazo” de estar en la Lista Clinton se materializó.
Investigaciones en países europeos
Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo ya “se les ha pedido información a autoridades de tres países sobre movimientos migratorios de un grupo de 8 personas, entre colombianos y extranjeros, hacia Italia, Suecia y España”, según afirmaron fuentes en Washington consultadas por el periódico. Y no es todo. Esas nuevas supuestas medidas vendrían acompañadas de investigaciones judiciales, especialmente para la Primera Dama Verónica Alcocer.
De forma preliminar, las cosas indican que el Gobierno de Donald Trump no ha terminado de definir la lista de funcionarios colombianos que serían incluidos en la Lista Clinton. La vinculación del presidente Gustavo Petro en ese registro habría sido apenas el primer paso de una revisión más amplia que involucra a otros altos cargos del actual Gobierno.
El diario citado anteriormente, además, registró que se están verificando posibles flujos de dinero provenientes de Venezuela durante la campaña del Pacto Histórico, bajo la figura de negocios futuros de energía y gas. En las que personas cercanas al entorno de la Primera Dama aparecen mencionadas.
Las mismas fuentes en Estados Unidos que señala El Tiempo, destacaron que ya se tienen plenamente identificadas dos cuentas bancarias en Miami y dos apartamentos en Bogotá, donde presuntamente se encontrarían documentos y dinero en efectivo que se podrían relacionar con negocios vinculados directamente con el sector energético y petrolero.
Además, se menciona que la Primera Dama ha estado, de forma reiterativa, viajado a Estocolmo y que allí, justamente, ha tenido encuentros que ya han sido mencionados en entrevistas por informantes de alto nivel. Entre ellos funcionarios y exfuncionarios del Gobierno, quienes también hicieron referencia además de los asesores catalanes Xavier Vendrel, Manuel Grau y otro, desconocido, colaborador español.
¿Cuáles son los otros funcionarios que peligran?
Como ya lo había indicado EL COLOMBIANO, todo parece indicar que el Gobierno Trump no ha terminado de definir la lista de funcionarios colombianos que serían incluidos en la Lista Clinton. La reciente aparición del presidente Gustavo Petro en ese registro y el de personas muy cercanas: el ministro del Interior Armando Benedetti, su hijo mayor Nicolás Petro y su esposa Verónica Alcocer –de quien el presidente asegura haberse “separado”–. Habría sido apenas el primer paso de una revisión más amplia que involucra a otros altos cargos del actual Gobierno.
De acuerdo con información conocida por La FM, fuentes en Washington aseguran que el proceso sigue en curso y que las agencias responsables analizan nuevos casos bajo los parámetros de la Orden Ejecutiva 14059, firmada en diciembre de 2021, la cual endureció los criterios de sanción.
Este estándar no se limita a identificar cabecillas de organizaciones de narcotráfico, sino que también abarca a personas o entidades que “brinden apoyo material, financiero o tecnológico” a grupos vinculados con el tráfico de drogas o el lavado de activos. En esa revisión figurarían nombres como el del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa; el ministro de Minas, Edwin Palma, y Luis Eduardo Llinás, quien hasta hace poco dirigía la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Cada caso, no obstante, estaría siendo evaluado de manera individual. Las agencias estadounidenses revisan documentación, reportes financieros y posibles vínculos indirectos con estructuras que operan en la región. Aunque no hay decisiones oficiales, las fuentes sostienen que podrían producirse nuevas inclusiones en las próximas semanas, lo que en definitiva podría marcar un nuevo punto de inflexión en la relación diplomática con Estados Unidos.
El caso de Llinás, quien hace poco salió de la UIAF, ha despertado especial interés en las autoridades norteamericanas. El exfuncionario estaba al frente de la Unidad cuando el Grupo Egmont de inteligencia financiera global confirmó que el país había sido suspendido por la filtración del presidente Gustavo Petro acerca del software Pegasus. Lo que significó que Colombia terminara aislada en la lucha contra la corrupción del narcotráfico y el lavado de activos.
La decisión se dio porque el país no cumplió con los estándares para que se garantizara la independencia de la Unidad de Inteligencia Financiera de cualquier otra entidad, en este caso la propia Presidencia de Colombia. “Debido a la publicación desautorizada de un documento prohibido por uno de nuestros miembros, Egmont Gropup ha tomado la decisión de suspender oficialmente a la UIAF Colombia del acceso al canal seguro de Egmont, en el que se encuentran las agencias de inteligencia financiera de 177 países y es el mecanismo con el cual se comparte información relacionada al lavado de activos y actividades terroristas”, decía el comunicado oficial conocido en su momento.
Otro caso es el del ministro de Minas, Edwin Palma, a quien, semanas atrás el Gobierno Trump le notificó la suspensión de su visa estadounidense. Las razones por las que su nombre estaría siendo evaluado para ingresar a la Lista Clinton estarían relacionadas con presuntos vínculos y acercamientos con el régimen de Nicolás Maduro, al que Estados Unidos señala de participar en actividades de narcotráfico y por cuya captura mantiene una recompensa millonaria.
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