La exconsejera de Regiones, Sandra Ortiz, se pronunció desde la guarnición militar de Carabineros en Bogotá durante una audiencia virtual realizada este miércoles, en la que reiteró su solicitud de libertad por vencimiento de términos.
Durante la diligencia, dirigida por la jueza quinta de control de garantías en Bogotá, su abogado Mauricio Camacho sostuvo que a la exfuncionaria no se le ha permitido practicar las pruebas documentales, testimoniales y técnicas que su defensa considera esenciales para controvertir la tesis de la Fiscalía General.
Camacho señaló que el caso de Ortiz evidencia una “violación a sus derechos procesales” y enfatizó que, pese a estar privada de libertad por más de 500 días, el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público aún no ha iniciado. Por ello, insistió en que la investigada debería quedar en libertad.
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“Debemos partir de la radicación del escrito de acusación, que ocurrió el 24 de enero de 2025. La Fiscalía cumplió su función dentro del término de 175 días y presentó la acusación. Según el Código de Procedimiento Penal, el Estado tiene 240 días para iniciar el juicio. Si esto no ocurre, se activa la causal de liberación. Mi intención hoy es hacer un conteo objetivo para demostrar que dicho plazo ya se ha superado”, afirmó Camacho.
El abogado recordó que la justicia especializada aplica la duplicidad de términos, lo que compromete aún más el plazo de 240 días.
En otro momento de la audiencia, Sandra Ortiz, exfuncionaria del gobierno de Gustavo Petro, expresó su frustración por la oposición que ha enfrentado en el proceso.
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“¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo?”, cuestionó. Ortiz afirmó que su objetivo es esclarecer la verdad y dijo haberlo manifestado a las víctimas.
“Vamos a contarle al país la verdad, igual la van a saber. Tarde o temprano todo se va a saber”, sostuvo, al tiempo que reclamó que no le han permitido acceder a pruebas esenciales. “Hoy no tengo una sola prueba, señora jueza, no la tengo”, indicó.
La exconsejera de regiones explicó que enfrentarse al extenso material probatorio resulta complejo: se trata de más de cien mil archivos organizados en cientos de carpetas. “Ahí está la prueba. Entonces, eso es muy difícil. ¿Dónde está esa igualdad de armas?”, preguntó, recordando que la jueza le había asegurado que tenía derecho a defenderse en condiciones equitativas.
Ortiz enfatizó que nació en un país garantista y cuestionó la idea de sacrificar a alguien sin justificación. Además, aclaró que el 3 de diciembre no realizaron ninguna solicitud y señaló que la jueza, por petición de la fiscalía y de la unidad de gestión de riesgo, había actuado en determinados términos.
La exfuncionaria del gobierno Petro, quien llegó a estar en el círculo más cercano al mandatario, insistió: “Vamos por la verdad, se lo dije a las víctimas, vamos a contarle al país la verdad, igual la van a saber. Tarde o temprano todo se va a saber”.
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