El Ministerio de Salud informó este viernes que logró la suscripción del contrato para la construcción y dotación de un Buque–Hospital en el Amazona, que está contemplado como una infraestructura móvil en esa región. En ese sentido, señaló que esto se hizo luego del acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, que permitió destrabar uno de los proyectos estratégicos más importantes para esa cartera.
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El proceso fue formalizado el pasado 30 de abril de 2025 después de que el ente de control revisara el caso e hiciera seguimiento al contrato, que señalan de haber estado retrasado por negligencia de algunos funcionarios. Aunque esto último no ha sido demostrado.
Según el MinSalud, este proyecto, que fue priorizado en 2023 y contaba con recursos por más de $55.000 millones— consiste en el desarrollo de un Buque–Hospital tipo CAPS (centro de atención prioritaria en salud) Fluvial, que es una infraestructura sanitaria móvil dotada con quirófanos, consultorios, áreas de hospitalización básica, servicios de vacunación, imagenología, laboratorio clínico y atención odontológica.
Esta embarcación, sostuvo la entidad, está adaptada a las condiciones fluviales de la región, con un calado de 1,2 metros y una autonomía de hasta 20 días, y se espera que recorra el Amazonas y el Putumayo prestando servicios de salud integrales. El buque se realizará en alianza con Cotecmar y la Armada Nacional y busca beneficiar a comunidades ribereñas que históricamente han carecido de acceso a servicios médicos especializados.
“Con su implementación, se busca superar barreras geográficas, promover un modelo de atención basado en la Atención Primaria en Salud (APS) y garantizar la cobertura continua en articulación con las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (RIISS)”, expresó el ministerio en un comunicado de prensa.
Esta cartera informó también que está contemplando la ejecución de infraestructura móvil similar en otros territorios del país como Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, con una inversión total superior a los $85.000 millones.
En el mismo comunicado, mencionaron que desde junio de 2024 había otorgado la viabilidad técnica del proyecto y que las supuestas demoras en la contratación por parte del Hospital San Rafael de Leticia habían generado riesgos de detrimento patrimonial, sobrecostos e incertidumbre para las comunidades beneficiarias.
Así mismo, el Ministerio de Salud defendió el proyecto atacando a periodistas que supuestamente “crearon versiones claramente infundadas” sobre su ejecución y expresó que ha contado con coordinación institucional con las autoridades de salud del departamento, el respaldo del Amazonas y mecanismos de participación comunitaria.
Sin embargo, actualmente avanza una investigación disciplinaria en la Procuraduría contra la superintendente delegada para prestadores de salud, Beatriz Gómez (esposa del ministro Guillermo Jaramillo). Gómez es señalada por presuntamente ejercer presiones indebidas sobre funcionarios de esa entidad para que firmaran el contrato del Barco Hospital. En el proceso se evalúan audios y videos que harían parte del material probatorio que sustenta la indagación por presunto abuso de poder.
Uno de los fragmentos del audio divulgado registra la siguiente frase: “Usted decide, que quede firmado hoy o me pasa la renuncia”, atribuida a Gómez durante una conversación telefónica con Lina Baracaldo, entonces agente interventora del hospital, y Mario Castro, asesor jurídico de la entidad.
Sobre estas denuncias, la representante a la Cámara Catherine Juvinao reveló que la funcionaria incurrió, presuntamente, en una falta disciplinaria gravísima por su actuación sobre el señalado contrato. La congresista reveló un documento que muestra que la superintendente delegada presentó un impedimento, el 14 de marzo de 2024, que aplica para las E.S.E. (empresa social del Estado) Hospital San Rafael de Leticia para “actuaciones administrativas en las que se presente la competencia concurrente con el Ministerio de Salud y Protección Social”.
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