La Procuraduría General de la Nación emitió un nuevo llamado de atención al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y a la Fiduprevisora por las irregularidades en la prestación del servicio de salud para los docentes oficiales del país.
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El Ministerio Público constató que el sistema opera sin contratos formalizados con su red de prestadores, en medio de un incremento sostenido de quejas por fallas en la atención médica que ha desembocado en marchas y protestas contra las directivas del fondo.
El Fomag presentó este mismo miércoles una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Sumimedical S.A.S, empresa que operaba como su contratista tecnológico y prestador de salud, por presuntas irregularidades que habrían puesto en riesgo la atención de más de 830.000 afiliados al sistema.
Luego de varias mesas técnicas de seguimiento a la implementación del nuevo modelo de salud —vigente desde mayo de 2024—, la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública y la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social establecieron que el sistema continúa operando mediante actas de continuidad e instrumentos precontractuales, sin que los contratos con la red de prestadores hayan sido actualizados formalmente, lo que genera riesgos jurídicos, administrativos y patrimoniales para el fondo.
El ente de control también registró que persisten fallas en el esquema de contratación de la red de prestadores, lo que ha generado incertidumbre en la prestación del servicio, y que el volumen de peticiones, quejas y reclamos (PQR) ha aumentado por dificultades en la entrega de medicamentos, tramitación de citas médicas, transporte de pacientes y prestación oportuna de servicios.
El ente de control exigió tanto a las directivas del Fomag como a la Fiduprevisora la entrega de los soportes financieros de la entidad y un informe detallado de la contratación de la red de prestadores de servicios de salud para los periodos 2024 a 2026.
En el mismo día en que la Procuraduría emitió su llamado de atención, el FOMAG presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Sumimedical —empresa que operaba como su contratista tecnológico y prestador de salud en Antioquia y Chocó— por presuntas irregularidades que incluyen la cancelación unilateral de servicios médicos, la degradación del sistema tecnológico HORUS, la manipulación de bases de datos y el cobro de intereses sobre intereses que habrían llevado una deuda a $127.000 millones, sin autorización del Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales ni del Ministerio de Educación Nacional.
Desde el 1 de mayo de 2024 el Gobierno Nacional —encabeza de los ministerios de Educación, de Salud y de Hacienda— cambió el modelo del régimen sanitario del Magisterio. En ese sentido, sacó a los operadores antiguos y la Fiduprevisora (una entidad sin experiencia y misión en organizar redes) quedó encargada de celebrar contratos con las hospitales y clínicas y de hacerles auditoría, que es revisar que lo que le cobren clínicas y hospitales por la atención a los usuarios corresponda con lo que realmente hicieron.
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