Los datos y los hechos muestran que el sistema de salud que el presidente Gustavo Petro le entrega a su sucesor es uno sumergido en una profunda crisis humanitaria, financiera y de atención. Basta con ver la cifra de tutelas interpuestas ante los jueces pidiendo proteger el derecho a la salud: pasó de 197.737 en 2023 a 312.567 en 2025.
También hay que ver las órdenes sobre el financiamiento del sistema que ha impartido la Corte Constitucional y que el Ministerio de Salud ha incumplido. Por eso, el último auto que expidió ese alto tribunal fue para abrirle un incidente de desacato al ministro Guillermo Jaramillo por incumplir las instrucciones para que ajustara la unidad de pago por capitación (UPC), que es la plata que reciben las EPS para la atención de sus usuarios. O ni qué decir de que, según la Defensoría del Pueblo, los reclamos por medicamentos subieron 72 % entre 2024 y 2025: pasaron de 318.549 a 547.992.
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Rostros como los de los menores Kevin Acosta, Juan Manuel Villamil y Valentina Reyes, o los de Zulay Vinazco y Maritza Ramírez muestran la tragedia humana detrás de las cifras anteriores. Ese es el panorama que deja el gobierno Petro y que deberá atender quien lo remplace en la Casa de Nariño.
¿Qué proponen los candidatos?
EL COLOMBIANO revisó los planes en salud de los aspirantes que disputarán la Presidencia el próximo 21 de junio para ver qué concepciones y planes tienen para abordar la crisis del sistema, que será uno de los ‘chicharrones’ que deban atender con prioridad. Ambas propuestas coinciden en que el sector necesita reformas profundas, más transparencia y mejorar la atención para los pacientes. Sin embargo, distan en el papel que deben desempeñar las EPS y la responsabilidad del Gobierno en la crisis actual.
La de Iván Cepeda considera que el rol de las aseguradoras ha sido parte del origen del problema y propone fortalecer la rectoría estatal y los mecanismos de giro directo (de pagos) a clínicas y hospitales. Entre tanto, la de Abelardo de la Espriella expone que las EPS son fundamentales para el sistema y plantea conservarlas y reorganizarlas, pero también exigirles mayor solvencia y desempeño.
Rol de EPS en las propuestas
El plan de Cepeda insiste en las críticas infundadas que el petrismo hace del sistema y de las EPS. En ese sentido, sostiene que la “captura de recursos por intereses privados” y la “intermediación excesiva” han profundizado la inequidad y deteriorado la calidad de la atención.
No plantea eliminarlas, sino implementar un modelo donde el Estado “recupere” su rectoría (no la ha perdido, continúa por medio del ministerio, la superintendencia y la contraloría delegada para el sector) para reforzar el control estatal sobre los recursos y la organización.
La consigna más reveladora del senador del Pacto Histórico es que considera positivo que el gobierno de Gustavo Petro haya intervenido ocho EPS “en crisis” y hasta las presenta como una medida “necesaria” para transformar el sistema. También propone fortalecer la validación de facturas y la automatización de pagos para reducir la “intermediación financiera”.
Por su parte, la propuesta de De la Espriella defiende la permanencia de las EPS como pieza fundamental del sector y es enfática en que el Gobierno lo deterioró con las intervenciones que empeoraron su situación financiera y asistencial, con especial fuerza en la Nueva EPS.
En ese sentido, consigna explícitamente que las aseguradoras seguirán existiendo siempre que sean viables y cumplan su función. “Las EPS tendrán futuro si son viables y cumplen su función de asegurar acceso y resultados; si no, se transforman o salen”, dice. Y propone evaluar su viabilidad financiera, reestructurar las intervenidas, fusionar o absorber las inviables, permitir capitalización privada o mixta en las “estratégicas” y exigir mayores requisitos de solvencia y vigilancia.
Diagnóstico y plan de acción
El plan del senador Cepeda inicia planteando que el sistema de seguridad social creado por la Ley 100 de 1993 ha “incumplido” el derecho fundamental a la salud debido a lo que considera privatización, mercantilización del servicio e intermediación financiera. A su juicio, eso ha profundizado la inequidad y deteriorado la atención. También afirma que la “corrupción y la cartelización han favorecido intereses particulares sobre las necesidades de la población” y que eso ha generado barreras de acceso, demoras y desconfianza en los ciudadanos.
Como respuesta, propone una “revolución ética” que reconozca la salud como un derecho garantizado por el Estado y promueva la lucha contra el “despilfarro”. Destaca que el gobierno de Petro haya fortalecido la Administradora de Recursos (Adres) y los equipos básicos (este diario reveló que estos le hacen campaña en La Guajira).
Expone que consolidará un sistema universal basado en la atención primaria con mayor red pública, más transparencia, participación y financiamiento sostenible; así como hacer un “estudio actuarial técnico” para “establecer su valor con base en evidencia objetiva”, pero obvia los autos de la Corte Constitucional en ese sentido que ha incumplido el Gobierno que quiere continuar.
El abogado parte de que Colombia enfrenta una crisis humanitaria causada por el deterioro del sistema en la era Petro y señala que millones de pacientes enfrentan barreras para acceder a tratamientos, medicamentos y servicios oportunos, mientras aumentan quejas, tutelas y dificultades financieras de prestadores y EPS. A diferencia de su rival, dice que las intervenciones agravaron la situación y generaron mayor déficit y problemas de atención.
Como respuesta, propone un plan de salvamento de 90 días con hasta $10 billones para recuperar tratamientos y garantizar medicamentos. Además, plantea reestructurar aseguradoras, combatir la corrupción, fortalecer hospitales, cerrar brechas regionales, dignificar al personal sanitario y promover un modelo preventivo familiar.
Esas son las proposiciones de los candidatos para el futuro de un sistema imperfecto como cualquiera, pero que en 33 años logró cobertura universal (ni Estados Unidos la tiene), bajar el gasto de bolsillo del 50 % a menos del 15 %, pasar de 33 % a 2 % las necesidades no satisfechas, pasar de un gasto del producto interno bruto (PIB) en salud del 6,2 % al 8,2 % y resistir una pandemia.
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