Tras dos intentos fallidos, este viernes se llevó a cabo la audiencia de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntamente violar los topes de financiación electoral en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Quien fuera gerente de la campaña de Petro se encuentra en México, por lo que asiste de manera virtual.
Le puede interesar: Ricardo Roa no asistió por segunda vez a la audiencia de imputación por delitos electorales: está en “vacaciones”.
Tres años después de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia, la Fiscalía finalmente puso sobre la mesa una imputación penal contra uno de sus hombres de mayor confianza: Ricardo Roa.
Roa, hoy presidente de Ecopetrol, fue quien manejó la chequera de la campaña “Petro Presidente” en 2022. Su papel no era menor. Era el encargado de la administración financiera, la aprobación de gastos, el manejo de cuentas y la presentación de reportes ante el Consejo Nacional Electoral.
Ahora la Fiscalía sostiene que, bajo su gerencia, la campaña presidencial habría gastado más dinero del permitido por la ley tanto en primera como en segunda vuelta.
El tema no es nuevo. Desde hace años vienen apareciendo cuestionamientos sobre las cuentas de la campaña, aportes no reportados y gastos que presuntamente nunca quedaron registrados oficialmente. Pero hasta ahora ningún alto funcionario de esa estructura había sido imputado penalmente por estos hechos.
La decisión llega además en un momento políticamente incómodo para el petrismo. El país ya empezó a moverse en clave electoral rumbo a 2026 y el expediente revive una discusión que el Gobierno nunca logró apagar del todo: si la campaña que ganó la Presidencia terminó excediendo los límites legales de financiación.
En Colombia las campañas no pueden gastar libremente. El Consejo Nacional Electoral fija unos topes máximos precisamente para evitar ventajas desproporcionadas entre candidatos.
Para 2022, el límite autorizado era de $28.536.548.492 en primera vuelta y de $17.347.470.427 en segunda.
Lo que dice la Fiscalía es que esas cifras se desbordaron.
Según la imputación, durante la primera vuelta la campaña reportó oficialmente gastos por $28.384.680.001. Sin embargo, los investigadores aseguran que hubo pagos y movimientos que no aparecieron completos en “Cuentas Claras”, el sistema oficial de rendición electoral.
Allí entran, según el expediente, gastos no reportados o reportados parcialmente por $1.193.929.890 y un ajuste contable entre vueltas por $345.982.836.
Con eso, la Fiscalía concluyó que el gasto real habría llegado a $29.924.592.727, es decir, $1.388.072.235 por encima del tope permitido.
Dentro de esos movimientos aparecen pagos a Mi Colombia Travels SAS por eventos de campaña en el hotel Marriott y el Tequendama, además de un préstamo temporal del Polo Democrático Alternativo por $500.000.000 que, según la Fiscalía, debía quedar registrado formalmente.
También quedaron bajo la lupa gastos atribuidos a la Unión Sindical Obrera (USO) por más de $290 millones relacionados con logística, transporte, alimentación y actividades proselitistas.
La segunda vuelta tampoco quedó por fuera de la investigación.
La Fiscalía asegura que entre el 30 de mayo y el 19 de junio de 2022, cuando Petro disputó el balotaje presidencial, la campaña volvió a superar el límite legal.
Según las cuentas del ente acusador, los gastos reales habrían llegado a $17.623.888.922, sobrepasando el tope en $276.418.495.
Pero en los reportes oficiales solo aparecieron gastos por $16.199.722.794.
La diferencia estaría relacionada, otra vez, con pagos que no habrían sido reportados correctamente. Allí aparecen recursos vinculados con la Unión Sindical Obrera por $740.608.359, además de servicios de Turismo al Vuelo SAS y pagos relacionados con la Corporación Grupo Red Andina A3 Colombia.
La Fiscalía sostiene que Roa conocía los límites legales porque era precisamente el responsable financiero de la campaña y tenía bajo su control la autorización de gastos y la rendición de cuentas.
Por eso le imputó el delito de violación de topes o límites de gastos en campañas electorales, una conducta creada en 2017 que contempla penas entre 4 y 8 años de prisión, además de multas e inhabilidad para ejercer funciones públicas.
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