A menos de un mes de las elecciones legislativas y consultas interpartidistas previstas para marzo, y a pocas semanas de la primera vuelta presidencial del 31 de mayo, aún no se conoce el documento oficial de la Fiscalía General de la Nación que contiene la estrategia integral para prevenir y judicializar los delitos electorales en Colombia.
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Según reveló Blu Radio, el ente acusador no ha hecho público el plan de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad electoral, instrumento que, de acuerdo con la Ley 1864 de 2017, debe ser presentado cuatro meses antes de los comicios ante la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales, junto con la Policía Nacional.
¿Por qué es importante este documento?
Este documento es clave porque define la articulación entre Fiscalía y Policía para enfrentar los 16 delitos electorales tipificados en la ley, entre ellos constreñimiento al sufragante, fraude electoral, compra de votos, financiación con fuentes prohibidas y violación de topes de campaña. Además, incluye mapas de riesgo que permiten priorizar territorios vulnerables por presencia de actores armados, minería ilegal, cultivos ilícitos, irregularidades en inscripción de cédulas o denuncias registradas en la plataforma URIEL.
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En procesos anteriores —como las elecciones nacionales de 2022 y las regionales de 2023— la Fiscalía había detallado públicamente el número de fiscales y funcionarios del CTI asignados, los canales de atención permanente como la línea 112, los planes de capacitación y las campañas de prevención. Sin embargo, de acuerdo con la emisora, para los comicios de 2026 ese documento estratégico no ha sido divulgado.
Blu Radio consultó a altos funcionarios de la Fiscalía, entre ellos el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada y la directora Especializada contra la Corrupción, sin obtener respuesta. No obstante, fuentes internas indicaron que el plan ya habría sido socializado por la fiscal general Luz Adriana Camargo con el registrador nacional Hernán Penagos y que se adelantan mesas de trabajo interinstitucionales.
Una situación que se da en un escenario de acusaciones y conspiración
El debate sobre la preparación institucional para las elecciones ocurre en medio de otro episodio que ha generado tensión. Según reveló Caracol Radio , un informe de inteligencia de 15 páginas fue el insumo que llevó al presidente Gustavo Petro a acusar públicamente al brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza y al teniente coronel Óscar Miguel Moreno Arroyave de una supuesta conspiración en su contra.
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El documento, al que tuvo acceso la emisora, analiza un correo enviado por una persona identificada como “Paco”, quien también se presenta como Andrés Abello. Sin embargo, el informe señala que no se logró establecer una identidad digital clara ni vínculos verificables del remitente, lo que abre la posibilidad de que se trate de un seudónimo.
El reporte revisa trayectorias y antecedentes de los oficiales mencionados y plantea hipótesis sobre presiones políticas, relevos de cargos e investigaciones internas, pero no presenta pruebas concluyentes sobre la existencia de una conspiración.
Así, a pocas semanas de una nueva jornada electoral, coinciden dos escenarios sensibles: la falta de publicación del plan estratégico de la Fiscalía contra delitos electorales y las tensiones derivadas de denuncias de conspiración dentro de la fuerza pública. Ambos hechos reavivan las dudas sobre la estabilidad institucional y la confianza en el proceso democrático que está próximo a ejecutarse.
Con información de Blu y Caracol Radio*.
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