Hace una década, el 2 de octubre de 2016, la democracia colombiana fue el escenario de una de las votaciones más controversiales en la historia del conflicto armado: el denominado plebiscito por la paz.
Esta jornada fue convocada por el gobierno de Juan Manuel Santos para consultar la posición de los ciudadanos sobre el Acuerdo de Paz negociado con la guerrilla de las Farc en La Habana, Cuba.
La Casa de Nariño apostaba por una aprobación masiva del pueblo, pero se llevó una cruda sorpresa: de los 13’066.025 votos registrados, el 50,21% rechazó el Acuerdo (6’431.372), mientras que el 49,79% lo avaló (6’377.464).
“El resultado supuso un revés político para el Gobierno y un sacudón en la opinión pública, pero no detuvo el proceso. Tras semanas de diálogos y ajustes, el acuerdo final fue renegociado y firmado nuevamente en noviembre de 2016, esta vez sin ser sometido a votación popular”, recordó en uno de sus informes el Centro de Memoria Histórica.
Este hecho regresó al presente por la conmemoración del décimo aniversario de aquel plebiscito, justo en medio de controversias por los resultados del Acuerdo y de las instituciones que este creó.
Para comenzar, la paz prometida no se logró y las antiguas Farc mutaron en cuatro disidencias que hoy aterrorizan al país en distintos territorios: la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y el Estado Mayor de los Bloques y Frente.
Las economías ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, no se acabaron, sino que se fortalecieron.
Y la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), la principal entidad creada en la negociación para juzgar a los máximos responsables, apenas ha emitido una sentencia contra el Secretariado de las Farc, por el macrocaso de los secuestros.
Ahora avanza una iniciativa en el Congreso de la República, apoyada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, para quitarle $170.000 millones del presupuesto a la JEP, en el marco de una serie de recortes administrativos programados para enfrentar la crisis fiscal de la Nación.
El expresidente Juan Manuel Santos es uno de los principales defensores de este tribunal de justicia transicional. Con ocasión del aniversario, comentó que “el Estado está obligado a cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz y a respetar los términos de las instancias que se crearon, es una obligación constitucional”.
Afirmó que “es fundamental garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento de la JEP. Y así garantizar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, tanto para las víctimas de las Farc como para los agentes del Estado”.
De acuerdo con la norma, la JEP tiene un funcionamiento previsto hasta 2033, cuando se presume que habrá juzgado tanto a los responsables de la guerrilla como a los miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles involucrados en el conflicto.
Santos entrevistó en un podcast al sacerdote jesuita Francisco de Roux Rengifo, quien fue presidente de la Comisión de la Verdad derivada del Acuerdo de La Habana.
En palabras del religioso, “estos hombres de las Farc, que han firmado la paz, reconocieron plenamente su responsabilidad, le pidieron perdón al pueblo; en el Vaupés, en Mitú, en Caldono, delante de todas las comunidades reconocieron que se habían llevado a los niños a la guerra, y la comunidad les pidió que los acompañaran a encontrar a los niños”.
Agregó, entre otras cosas, que “me tocó ver a un grupo, cerca de 200 militares colombianos; lloramos juntos, en una conversación solamente con ellos, en la que reconocían plenamente la responsabilidad que tuvieron”.
Según el informe final de la Comisión de la Verdad, “con la firma del Acuerdo de Paz se logró la desmovilización de 13.609 excombatientes. Las Farc entregaron 8.894 armas en un tiempo récord de 6 meses; en 2017 se tuvo la tasa más baja de homicidios en más de 30 años, 24,8 por cada 100.000 habitantes; entre 2012 y 2019 se redujeron los secuestros en un 70%; entre 2013 y 2017 se redujeron los ataques contra la infraestructura en un 81,2%; entre enero y agosto de 2011 y 2021 se redujeron los asesinatos contra la Fuerza Pública en un 74,6%”.
A esto se suma que varios exguerrilleros conformaron el partido político Comunes, que durante ocho años tuvo curules en el Congreso, encabezadas por Rodrigo Londoño (“Timochenko”) y otros excomandantes.
