Luego de que el presidente Gustavo Petro criticara duramente la decisión del Consejo de Estado de suspender apartes restantes del decreto del Gobierno que ordenaba el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, la Corporación Excelencia en la Justicia anunció que pedirá protección internacional para la Rama Judicial y para el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.
La organización rechazó las recientes declaraciones del jefe de Estado, quien cuestionó la decisión judicial y pidió denunciar penalmente por prevaricato al magistrado Bedoya Escobar, luego de que la Sección Segunda del alto tribunal suspendiera provisionalmente los efectos del Decreto 415 de 2026.
Para la CEJ, la reacción del Gobierno constituye “un ataque directo a la autonomía judicial” y una “preocupante criminalización de las decisiones judiciales”. Por ello, informó que solicitará medidas de protección especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Para esta Corporación, la desproporcionada reacción del Ejecutivo constituye un ataque directo a la autonomía judicial y una preocupante criminalización de las decisiones judiciales. Por esa razón, solicitará medidas de protección especial en favor de la Rama Judicial y del magistrado Bedoya Escobar ante la CIDH y ante la Relatoría para la Independencia Judicial de Naciones Unidas”, sostiene la solicitud.
Puede leer: Gobierno deja en incertidumbre el pago de pensiones para 25.000 jubilados tras freno del Consejo de Estado
La Corporación respaldó además la postura asumida por la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y recordó que las decisiones de los jueces son independientes y únicamente están sometidas a la ley.
“El desacuerdo con una providencia judicial no otorga licencia al poder Ejecutivo para intimidar a los magistrados con acciones penales ni para calificar sus fallos como actos a favor de intereses particulares”, señaló la CEJ en un comunicado.
La entidad advirtió que “pretender encarcelar a los jueces de la República por el sentido de sus decisiones es una práctica propia de regímenes autoritarios que anula el sistema de pesos y contrapesos”.
En ese sentido, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que tramite sus diferencias jurídicas a través de los recursos legales y no mediante “la estigmatización pública en redes sociales o en discursos oficiales”.
Finalmente, la Corporación aseguró que la defensa de la independencia judicial es una de las principales causas para preservar el Estado de Derecho y recalcó que la justicia “no puede ni debe estar para complacer al poder político”, pues una de sus funciones esenciales es evitar abusos de poder y garantizar la estabilidad jurídica del país.
Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.
Regístrate al newsletter