Lo que nació como un mandato judicial histórico para salvar a los niños de La Guajira se ha transformado, bajo el gobierno del presidente Gustavo Petro, en una maquinaria de contratación billonaria que no logra reflejarse del todo en el bienestar de las comunidades.
Una investigación publicada en la revista digital Cambio revela cómo la Sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, está siendo utilizada como “sombrilla” para adjudicar contratos masivos.
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En los primeros 18 meses del gobierno Petro la cifra se disparó: en sus primeros 18 meses, se firmaron 52 contratos por 96.880 millones de pesos, lo que representa un promedio mensual de 5.371 millones.
Esto significa que el valor contratado cada mes se multiplicó 616 veces en comparación con el periodo similar de Duque.
Con corte al 9 de julio de 2026, el total acumulado en el actual gobierno asciende a 1.085 contratos por un valor de 1,78 billones de pesos en La Guajira.
La diferencia en la ejecución de recursos entre el gobierno anterior y el actual es abismal si se tiene en cuenta que durante los últimos 18 meses de la presidencia de Iván Duque, solo se registraron cuatro contratos que mencionaban explícitamente la Sentencia T-302, sumando apenas 160 millones de pesos (un promedio de 8,7 millones mensuales).
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El periodista Melquisedec Torres, columnista en EL COLOMBIANO, reaccionó a la investigación de Cambio y dijo: “Atentos. Es impresionante lo que revela @IVANSERRANOAL El gobierno Petro se gastó $1,78 BILLONES en La Guajira, con 1.085 contratos a dedo para 384 “operadores” de la misma región a través del ICBF y usando como razón una sentencia de la Corte Constitucional que protege a los niños guajiros. En La Guajira hay unos 300 mil niños, es decir por cada niño contrataron $6 millones”.
El ICBF: el epicentro de la contratación
La gran mayoría de estos recursos —un 94,3% del total— ha sido gestionada a través del ICBF Regional Guajira, con contratos que suman 1,68 billones de pesos.
El operador con mayor volumen de recursos es la Asociación de Autoridades Tradicionales Wayuunaiki Waya’a A’asshaja’aka, con contratos por 35.861 millones, seguida por otras organizaciones indígenas y fundaciones.
A pesar de la inyección masiva de capital, la situación de los niños wayúu no muestra mejoras reales.
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La Procuraduría ha emitido múltiples alertas (en junio de 2024 y febrero de 2025) señalando que en 2025, solo el 63% de las invitaciones para operar habían concluido en contratos suscritos, afectando la atención de al menos 102.000 niños.
El panorama relatado por ese ente de control es desolador. Zonas declaradas desiertas, falta de un censo claro y el uso de invitaciones cerradas para elegir a dedo a los operadores.
Menciones a Martha Peralta
La investigación de Cambio señala que la senadora Martha Peralta podría tener influencia burocrática en el ICBF Regional Guajira, esto a partir de una investigación publicada justamente por EL COLOMBIANO el 5 de enero del año pasado.
En el reportaje, esta casa editorial dio a conocer que Peralta tendría influencia no solo en ICBF Regional Guajira sino también en Corpoguajira, el Invías y el SENA.
Este periódico le envió un cuestionario para conocer su versión, pero la senadora dejó de responder después de recibir las preguntas.
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El reportaje relata que fuentes locales plantean vínculos entre operadores que recibieron contratos por más de 21.000 millones de pesos (como la UT Talapuin 2024 y la Asociación Anas Akuaipa) y figuras políticas cercanas a la alcaldesa de Albania, Nera Robles —ubicada en el entorno de la senadora Peralta— y al exalcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez.
Estas denuncias ocurren en un medio de un nuevo territorio guajiro delimitado por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, en la Alta Guajira, llamado Territorio Indígena de la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira, conocido como Wuinpumüin.
Esa extensión de tierra, delimitada mediante la Resolución No. 202673000361726 del 10 de junio de 2026 por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), abarca 257.000 hectáreas, equivalentes a unos 2.700 kilómetros cuadrados.
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Este vasto polígono de desierto y mar integra nueve corregimientos estratégicos de Uribia: Taroa, Puerto Estrella, Nazareth, Punta Espada, Castilletes, Puerto López, Siapana, Wualetpá y Tawaira.
Desde EL COLOMBIANO hablamos con cinco líderes de esos territorios, quienes explicaron que aunque la resolución técnica aclara que esta delimitación no modifica los límites municipales ni otorga propiedad privada, sí define el marco geográfico donde los Valbuena ejercerán su gobernanza y autonomía política.
Mientras Armando, expromotor de la Constituyente y compadre del presidente Gustavo Petro, gestiona los hilos políticos en Bogotá, su hermano Custodio, o Gustavo, como lo llaman también, aparece en los documentos oficiales como el representante legal en La Guajira que solicitó la puesta en funcionamiento del territorio y opera como el ejecutor en el campo.
Junto a su hermana Taidé Valbuena, la administradora de este “conglomerado empresarial” familiar, han construido una estructura que trasciende lo tradicional.
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Esa agremiación de Armando y compañía, vinculada a la ETI, es Wayúu–Araurayú, que ha sido representada por su hermano Custodio.
Entre febrero de 2023 y febrero de 2026, como reveló EL COLOMBIANO el 7 de mayo pasado, esta organización suscribió contratos por más de $20.038 millones con entidades nacionales y territoriales, entre ellas el ICBF, DANE, las alcaldías de Uribia y Riohacha, etc.
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- ¿Qué es la Sentencia T-302 de 2017 y por qué es clave para La Guajira?
- La Sentencia T-302 de 2017 ordenó al Estado adoptar medidas para proteger los derechos fundamentales de los niños wayúu en varios municipios de La Guajira. Su cumplimiento implica acciones coordinadas para mejorar el acceso a alimentación, agua, salud y otros servicios esenciales.
- ¿Por qué aumentó la contratación del ICBF en La Guajira durante el Gobierno Petro?
- Los recursos crecieron significativamente bajo el marco de la Sentencia T-302, con el objetivo de fortalecer la atención a la niñez. Sin embargo, la ejecución de esos contratos y sus resultados continúan siendo objeto de vigilancia y debate por parte de los organismos de control.
- ¿Qué observaciones ha hecho la Procuraduría sobre los contratos del ICBF en La Guajira?
- La Procuraduría ha advertido sobre retrasos en la contratación, dificultades para garantizar la atención de los beneficiarios y posibles fallas en algunos procesos de selección de operadores. Estas observaciones forman parte de actuaciones de control y no constituyen decisiones definitivas sobre responsabilidades.
- ¿Qué investigaciones hay sobre la contratación para atender a los niños wayúu en La Guajira?
- Las denuncias e informes periodísticos han planteado interrogantes sobre la adjudicación de contratos y posibles vínculos políticos de algunos operadores. Hasta ahora, las autoridades competentes continúan evaluando los hechos y no existe una decisión judicial definitiva que establezca responsabilidades.
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