La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de enviar a prisión a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, de Interior, por su presunta participación en hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), abrió no solo un nuevo capítulo judicial sino también una lectura política dentro del Gobierno. Ambos exfuncionarios enfrentan el mismo proceso, bajo los mismos cargos y dentro del mismo expediente, pero la reacción del presidente Gustavo Petro frente a cada uno ha sido marcadamente distinta.
Desde que se conoció la decisión judicial, el jefe de Estado ha salido públicamente en defensa de Ricardo Bonilla. En sus pronunciamientos, el presidente sostuvo que el exministro habría sido engañado “por ingenuo”.
En contraste, no ha habido declaraciones similares, ni explicaciones públicas, en relación con Luis Fernando Velasco, quien también fue privado de la libertad y ocupó un cargo de primer nivel en el gabinete presidencial.
La diferencia de trato ha sido notoria si se tiene en cuenta que ambos fueron ministros del mismo gobierno y que la Fiscalía los señala como piezas clave dentro de una presunta estructura criminal que habría desviado recursos de la UNGRD y del Invías para el pago de sobornos a congresistas, con el fin de asegurar apoyos a las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Sin embargo, el respaldo presidencial solo se ha manifestado de manera expresa hacia uno de ellos.
En el caso de Ricardo Bonilla, la relación con Gustavo Petro es de larga data. Su vínculo no se limita a la coyuntura del actual gobierno, sino que se remonta a varios años atrás.
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Bonilla fue secretario de Hacienda durante la alcaldía de Petro en Bogotá y ha sido uno de los economistas más cercanos a su proyecto político. Comparten una visión sobre el manejo de las finanzas públicas y una trayectoria de trabajo conjunto que se ha mantenido en distintos escenarios institucionales.
Esa cercanía política y personal ha convertido a Bonilla en una figura de especial confianza para el presidente. No era un funcionario más dentro del gabinete: su rol como ministro de Hacienda lo situaba en el núcleo de las decisiones económicas del Gobierno, y su perfil académico reforzaba esa posición. A lo largo de su carrera, además, ha enfrentado costos políticos y judiciales derivados de su paso por administraciones lideradas por Petro.
Uno de esos antecedentes se remonta a 2013, cuando Bonilla integró la junta directiva de TransMilenio siendo secretario de Hacienda en la alcaldía de Gustavo Petro. En ese entonces fue sancionado con una inhabilidad tras una decisión relacionada con la reducción de la tarifa del sistema, que los organismos de control consideraron generadora de detrimento patrimonial. Ese episodio ocurrió durante la alcaldía de Petro y marcó un antecedente relevante en su hoja de vida como funcionario público.
La trayectoria de Luis Fernando Velasco, en cambio, ha sido distinta. Aunque compartió espacio político con Petro en el Congreso, su carrera ha estado ligada históricamente al Partido Liberal y no a los movimientos que han acompañado de manera orgánica al actual presidente. Su relación con el mandatario ha sido más institucional que ideológica, y su llegada al Ministerio del Interior respondió a equilibrios políticos más amplios dentro del Gobierno.
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Ese recorrido diferenciado ayuda a explicar por qué, frente a un mismo escenario judicial, las reacciones del jefe de Estado no han iguales. Mientras uno de los exministros ha recibido una defensa explícita del presidente, el otro ha quedado por fuera de cualquier pronunciamiento directo, pese a enfrentar el mismo proceso penal y las mismas imputaciones por parte de la Fiscalía.
Por ahora, tanto Bonilla como Velasco permanecen privados de la libertad, vinculados a una investigación que los señala como presuntos cerebros de un esquema de corrupción de alto nivel. Las decisiones judiciales que se adopten en adelante definirán su responsabilidad penal.
Bonilla y Velasco, por su parte, insisten en que son inocentes y que se defenderán de los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos que les imputó la Fiscalía.
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