La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, solicitó al Gobierno iniciar el trámite para derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026, que adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para la próxima década. La cartera también propuso frenar nuevas actuaciones basadas en esa norma mientras se adelanta su revisión.
La solicitud quedó consignada en un oficio del 21 de septiembre de 2026 dirigido a Andrés Barreto González, secretario jurídico de la Presidencia de la República. En el documento, la ministra expuso cuestionamientos constitucionales y legales sobre el alcance de la política, adoptada el 10 de julio por los ministerios de Salud, Trabajo, Educación y Culturas, Artes y Saberes.
¿Por qué el Ministerio de Educación pide derogar la resolución?
Entre los argumentos presentados por Hoyos están las dudas sobre las facultades legales para imponer determinadas obligaciones curriculares y pedagógicas mediante una resolución administrativa. También advirtió sobre una posible afectación de la autonomía escolar y del derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos.
El oficio señala que la política incorpora una determinada concepción sobre sexualidad, género y derechos reproductivos, y dispone que sus contenidos se integren en ámbitos como los proyectos educativos de las instituciones.
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Otro de los cuestionamientos está relacionado con la proyección de compromisos hasta 2035, pese a que algunos instrumentos de planeación citados corresponden al periodo 2022-2026. La ministra también planteó reparos sobre la identificación de las fuentes de financiación, las apropiaciones presupuestales y las competencias necesarias para asumir los gastos derivados de su implementación.
La Resolución 1350 de 2026 establece una hoja de ruta para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en Colombia. Entre sus disposiciones contempla acciones para mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, prevenir las violencias sexuales y de género, reducir barreras de atención e incorporar sus contenidos en los procesos educativos.
Además de solicitar el inicio del procedimiento de derogatoria, el Ministerio de Educación propuso expedir una directiva presidencial para impedir nuevas actuaciones administrativas, presupuestales, contractuales y pedagógicas sustentadas en la resolución mientras se completa su revisión.
La cartera planteó que el análisis se adelante de manera coordinada entre los cuatro ministerios que participaron en la adopción de la política. El trámite contempla la preparación de los documentos técnicos y justificativos correspondientes, así como la consulta pública cuando sea exigible.
La petición no significa que la resolución haya sido derogada. Para que eso ocurra, debe surtirse el procedimiento correspondiente y adoptarse una decisión formal.
Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué MinEducación pide derogar la Política Nacional de Sexualidad 2026-2035?
- El Ministerio de Educación cuestiona la legalidad de algunas obligaciones curriculares y pedagógicas, su posible impacto en la autonomía escolar y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, así como la financiación de las medidas previstas.
- ¿Qué establece la Resolución Conjunta 1350 de 2026 en Colombia?
- La resolución adopta la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos para 2026-2035. Busca mejorar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, prevenir violencias y reducir barreras de atención.
- ¿Qué cambiaría en los colegios si se deroga la Política Nacional de Sexualidad?
- La política contempla incorporar contenidos relacionados con sexualidad, género y derechos sexuales y reproductivos en procesos educativos y proyectos institucionales. Una eventual derogatoria podría modificar las actuaciones sustentadas específicamente en esa resolución, pero los cambios concretos en los colegios dependerán de la decisión formal y de las normas que continúen vigentes.
