Una constante durante estas semanas previas a las elecciones han sido las denuncias por la seguridad en diferentes territorios del país. Sobre esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encendió las alertas de cara a las votaciones este domingo. Confirmó que la Policía Nacional elaboró un mapa de riesgo electoral construido con información de más de 15 entidades y el análisis de más de 200.000 datos.
El resultado arrojó 94 municipios y lugares priorizados, 24 más que en la primera vuelta. “Los municipios o los lugares pasaron de 70 a 94, es decir, se eleva, y es lógico, se elevan las emociones, pues también son solo dos candidatos”, explicó el funcionario en diálogo con Caracol Radio.
Las ciudades con mayor atención después de la entrega de los resultados son Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. En la capital, las zonas identificadas como sensibles son Suba, Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar.
La capital del país tiene un peso especial en el operativo porque concentra uno de cada cuatro votantes del país, además de infraestructura crítica y centros de poder que requieren protección antes, durante y después de la jornada.
¿De dónde viene la mayor amenaza?
Sánchez fue enfático en señalar que la mayor amenaza no viene de estructuras criminales organizadas, sino de la desinformación y el lenguaje radical en redes sociales.
“Al igual que un partido de fútbol, crece más la emoción y se intenta anular la razón. Ya no tenemos trece candidatos, sino solamente dos”, advirtió, y agregó que, aunque la inteligencia no ha detectado ningún grupo organizado a nivel nacional para alterar las elecciones, el ambiente de polarización genera su propio riesgo: “En este ambiente tan volátil, cualquier desinformación puede activar una turba”.
Como medida preventiva, los Puestos de Mando Unificado fueron activados cinco días antes de la jornada, cuando lo habitual es hacerlo el día de las elecciones o un día antes.
El Gobierno también estableció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información sobre delitos electorales, hasta 200 millones para prevenir atentados terroristas y hasta 1.000 millones para evitar ataques contra candidatos.
El ministro recordó además que el decreto 612 prohíbe llevar celular al cubículo de votación o fotografiar el tarjetón, con el fin de proteger la libertad del sufragio y evitar presiones sobre los electores. “Aquí la clave es que sí, reconocemos los riesgos, pero tenemos una capacidad estatal para mitigarlos”, remató Sánchez.
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