Una investigación de la Fiscalía General de la Nación destapó la historia de lo que sería una pieza clave en una red de extorsión carcelaria que operaba desde una prisión en Caldas. En el centro del caso aparece Queila Maryuri Orozco Trujillo, empleada de una entidad bancaria en La Dorada, señalada de filtrar información confidencial de clientes para alimentar el engranaje criminal.
Según los investigadores, la mujer habría aprovechado su cargo para acceder a datos sensibles de usuarios del sistema financiero. Esa información, al parecer, terminaba en manos de internos recluidos en la Cárcel de Mediana y Máxima Seguridad Doña Juana, quienes la utilizaban para suplantar a las víctimas y tramitar créditos a su nombre. La Fiscalía, se abstuvo de informar el nombre de la entidad bancaria.
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El esquema, de acuerdo con la Fiscalía, no terminaba ahí. Una vez aprobado y desembolsado el dinero, Orozco Trujillo presuntamente alertaba al cabecilla de la red sobre el movimiento exacto. Ese momento marcaba el inicio de la segunda fase consistente en llamadas intimidatorias en las que las víctimas eran presionadas para entregar el dinero bajo amenazas.
Las autoridades documentaron más de 670 comunicaciones entre la empleada bancaria y el supuesto articulador de la red, quien permanece privado de la libertad. Ese volumen de contactos se convirtió en una de las principales pruebas para sustentar la hipótesis de su rol dentro de la estructura delictiva.
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Por estos hechos, una fiscal especializada de la Seccional Caldas le imputó el delito de concierto para delinquir con fines de extorsión. Sin embargo, no aceptó los cargos.
Un juez de Caldas le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia, mientras avanza el proceso judicial que busca establecer su responsabilidad en una modalidad de extorsión que sigue encontrando, incluso desde las cárceles, nuevas formas de operar.
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