El presidente Gustavo Petro dejó estupefacto el viernes a buena parte del país al solicitarle a la Fiscalía General que suspenda las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo, incluyendo a Chiquito Malo, sucesor de alias Otoniel y ahora máximo jefe de ese grupo narcoterrorista.
La solicitud despertó especial indignación porque el mandatario la anunció justo cuando una maestra de Yarumal clamaba en las noticias por su hijo Mateo Pérez Rueda, un periodista de la región que decidió ir a buscar la verdad sobre el conflicto en Briceño y terminó cruelmente asesinado.
Los responsables de su muerte tienen vínculos con grupos armados que también han sido beneficiados por estas dádivas del presidente Petro.
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En efecto, no es la primera vez que el Gobierno pide a la Fiscalía levantar órdenes de captura contra criminales, al punto de que EL COLOMBIANO hizo un recuento de los 12 capos más temidos, de distintas organizaciones criminales, que hoy se pueden mover a sus anchas por todo el país producto de este tipo de medidas.
La polémica ha sido tal que encendió las alarmas dentro de la propia Fiscalía, que tuvo que salir a imponer una “línea roja”: los beneficios para los del Clan del Golfo solo podrán operar dentro de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) —son áreas geográficas definidas por el Gobierno para concentrar a integrantes de grupos armados en procesos de paz—, pero esa figura, en sí misma, tiene una cantidad de líos que incluso podrían considerarse como lugares en donde los criminales están protegidos al amparo del Estado.
Lo que ha venido pasando en este Gobierno es la suspensión de órdenes de captura y la designación como gestores de paz de algunos de los hombres más buscados, sanguinarios y polémicos del conflicto armado colombiano.
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Detrás de cada resolución hay expedientes por narcotráfico, terrorismo, secuestro, homicidio y vínculos internacionales con carteles de droga, mientras crecen las tensiones entre la Casa de Nariño, la Fiscalía, la Corte Suprema y agencias de Estados Unidos que tienen identificados los beneficios a los criminales sin que haya resultados palpables; todo lo contrario: los indicadores de orden público están disparados.
Las decisiones del Gobierno en esa línea son sistemáticas. Por ejemplo, a alias El Mocho Olmedo lo protegió la propia Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en un apartamento en Bogotá; otros siguieron delinquiendo en plena mesa de diálogo y varios son pedidos en extradición por Estados Unidos. Nunca antes tantos nombres asociados a la guerra y al crimen organizado habían quedado tan cerca de recibir blindajes jurídicos bajo el discurso de la paz.
Los líos de las ZUT
En total, el Gobierno ha acordado siete Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) con cuatro organizaciones armadas distintas. Para el Clan del Golfo (EGC), las áreas seleccionadas están ubicadas en Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó). Aunque el inicio estaba previsto para el 1 de marzo de 2026, el proceso arrancaría finalmente el 25 de junio con cerca de 400 integrantes del grupo armado.
Pero no son las únicas. El Gobierno, a través de Otty Patiño, definió además una zona en el área rural de Tibú (Norte de Santander) para el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), liderado por alias Calarcá; otra en el municipio de Mallama (Nariño) para los Comuneros del Sur; y, finalmente, dos áreas denominadas Zonas de Capacitación Integral (ZOCIUT) en Roberto Payán (Nariño) y Valle del Guamuez (Putumayo) para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Estas zonas han despertado cuestionamientos desde distintos sectores.
Paula Tobón, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, en conversación con EL COLOMBIANO, advierte que la expedición de resoluciones por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, relacionadas con las ZUT, siguen generando interrogantes jurídicos y operativos sobre el alcance real de estos espacios en medio de las negociaciones.
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”Corren el riesgo de convertirse en hitos vacíos. Ese es el problema, y es justamente lo que ha venido ocurriendo con las ZUT. Por supuesto, en el marco de una negociación, estas figuras dan la impresión de que se está avanzando rápidamente, y esa ha sido una particularidad del proceso”, dice y agrega: “Pero hay otro elemento importante: según la Ley 2272 y también lo que ha señalado la Corte Constitucional sobre esta norma, estas zonas solo deberían implementarse cuando existe un estado avanzado de las conversaciones. Es difícil afirmar que la negociación con el Clan del Golfo esté realmente avanzada cuando las partes todavía no han acordado asuntos fundamentales”.
La crítica central de Tobón apunta a la ausencia de una Ley de Sometimiento. Aunque la creación de estas zonas está amparada por la Ley 2272, la investigadora advierte que es “difícil” que líderes de la talla alias Chiquito Malo decidan concentrarse y quedar en una situación de “vulnerabilidad” sin tener ninguna certeza sobre su futuro jurídico o la figura legal que amparará su tránsito a la vida civil.
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En sus palabras, no existen los incentivos suficientes para que el grupo más numeroso del país dé un paso definitivo hacia la paz sin algo “muy sólido en la mano”. Esta falta de marco legal genera un limbo peligroso. Gerson Arias, también investigador de la FIP, califica como una “lógica irresponsable” el hecho de que el Gobierno avance en estas zonas solo para mostrar resultados políticos parciales, trasladando la responsabilidad de terminar o gestionar estos procesos al próximo gobierno que asuma en 2026.
El “lío” de las ZUT no es solo jurídico, sino geográfico. Estas zonas acordadas, como lo ha contado este diario desde hace meses, están ubicadas en sitios clave para el narcotráfico y la minería de oro. En el caso del Clan del Golfo, las zonas en Tierralta, Belén de Bajirá y Unguía son corredores esenciales para el tráfico de migrantes, armas y cocaína hacia Centroamérica y el Urabá.
A esto se suma el polémico blindaje contra la extradición. De momento, estos espacios son vistos como santuarios para proteger a los más peligrosos criminales.
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¿Proteger al Clan del Golfo?
Para Indepaz, la suspensión de órdenes de captura contra alias Chiquito Malo y otros mandos del Clan del Golfo no es un hecho improvisado. Juana Cabezas, investigadora de la organización habló con EL COLOMBIANO, y sostiene que la medida representa la “concreción” de acercamientos que comenzaron desde 2022.
Sin embargo, advierte que mientras el Gobierno habla de negociación y sometimiento, el mapa territorial del país refleja una realidad opuesta: expansión, fortalecimiento armado y consolidación criminal.
Según Cabezas, el Clan del Golfo entendió hace tiempo que el discurso político también puede convertirse en un arma de guerra. La estructura, explica, adoptó una estrategia deliberada de “lavado político” hacia el exterior: presentarse como actor dialogante para obtener beneficios judiciales, rebajas de penas y reconocimiento institucional mediante figuras como la de “gestores de paz”.
“El proceso de paz lo ven como un posible respiro en medio del conflicto; negocian por un lado, pero siguen manteniendo su dinámica criminal”, resume la investigadora.
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Las cifras que maneja Indepaz refuerzan esa lectura. Mientras avanzan los acercamientos con el Estado, la presencia territorial del grupo no disminuye: pasó de tener incidencia en 304 municipios durante 2024 a 381 municipios en 2025, conservando además capacidad operativa en al menos 23 departamentos del país.
Para la experta, el crecimiento del Clan del Golfo no depende únicamente de hombres armados patrullando territorios, sino de algo mucho más sofisticado: la construcción de “regímenes de poder”.
Es decir, una red de alianzas con mafias internacionales, economías legales e ilegales, sectores empresariales, actores institucionales y bandas locales subcontratadas que funcionan como una especie de outsourcing criminal.
Ese modelo les permite ampliar control territorial sin necesidad de copar militarmente cada zona.
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Esa lógica explica por qué las llamadas Zonas de Ubicación Transitoria (ZUT), planteadas en lugares como Belén de Bajirá y Tierralta, generan tanta controversia. Desde Indepaz, agrega, no se trata de territorios neutrales ni temporales, sino de enclaves donde el Clan del Golfo ya ejerce control social, económico y armado sobre las comunidades. “Allí ya tienen fortines estratégicos”, advierte Cabezas.
En esas regiones, el grupo regula buena parte de las economías ilegales y semilegales.
La experta señala que ese grupo mantiene el control, en medio de diálogos, de la minería de oro —de aluvión en Chocó y de socavón en Córdoba—, cobra “peajes” por corredores de narcotráfico utilizados incluso por otras estructuras armadas y mantiene dominio sobre circuitos de microtráfico, tráfico de armas y redes de corrupción local. Según Indepaz, ese poder alcanza incluso sectores empresariales y algunas instancias judiciales e institucionales.
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La DNI “resort”
Otro de los casos más delicados, y que parece olvida hoy el presidente Petro, fue el de Willington Henao Gutiérrez, alias “El Mocho Olmedo”, jefe disidente vinculado al Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
Una investigación periodística de Noticias Caracol reveló en 2025 que la DNI lo escondió durante 55 días en un hotel de Bogotá pese a ser un extraditable ya capturado por la Fiscalía.
El episodio desató un terremoto político y diplomático: la Corte Suprema detectó la irregularidad, Estados Unidos expresó profunda incomodidad y la Fiscalía tuvo que salir a dar explicaciones públicas.
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Aun así, en medio de la crisis de orden público en Catatumbo, el Gobierno terminó blindándolo al nombrarlo delegado en la mesa de paz, suspendiendo oficialmente sus órdenes de captura.
La controversia se repitió con Geovany Andrés Rojas, alias “Araña”, máximo cabecilla de los Comandos de la Frontera, aliados de la Segunda Marquetalia.
Su captura en Bogotá produjo un choque institucional de alto voltaje: mientras el Gobierno insistía en proteger el proceso de diálogo, la Fiscalía ejecutó una circular roja de Interpol y un pedido de extradición de Estados Unidos.
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El argumento fue demoledor: ser gestor de paz no elimina los tratados internacionales, mucho menos cuando existen evidencias de que el narcotráfico continuaba incluso en plena negociación. Ahora, ‘Araña’ sigue detenido con orden de extradición suspendida.
En paralelo, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, comandante de la disidencia del Estado Mayor de Bloques y Frentes, EMBF, siguió sentado en la mesa de diálogo pese a las denuncias de que sus estructuras continuaban ejecutando acciones armadas. La presión aumentó tras ataques contra la Fuerza Pública atribuidos a hombres bajo su mando, incluido el derribo de un helicóptero que dejó 13 policías muertos.
El pasado 5 de marzo, EL COLOMBIANO reveló que el grupo disidente comandado por alias Calarcá no solo se mantuvo sino que se fortaleció hablando de paz, casi triplicando su pie de fuerza armado. Pasó de tener 1.400 personas en armas (en 2023) a 2.958 (hoy): un incremento del 111 % en pleno proceso de diálogo con el gobierno.
Otro nombre que reactivó heridas históricas fue el de Alexander Farfán Suárez, alias “Gafas”, recordado por haber sido uno de los carceleros de Íngrid Betancourt. Después de acogerse a la JEP y recuperar la libertad, volvió a las armas.
El Gobierno buscó incluirlo nuevamente en diálogos con el EMC, pero la polémica escaló cuando la Jurisdicción Especial para la Paz lo expulsó definitivamente y aparecieron imágenes suyas junto a tropas de alias “Iván Mordisco”.
La lista también incluye a Javier Alonso Veloza García, alias “Jhon Mechas”, señalado del atentado contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y del ataque armado contra el helicóptero del expresidente Iván Duque.
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La sola posibilidad de suspender sus órdenes de captura generó rechazo inmediato en sectores políticos y judiciales, que consideran inadmisible otorgar beneficios a perfiles catalogados como terroristas de alto riesgo. A esa tormenta se sumó Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu, capturado en flagrancia en Antioquia mientras viajaba armado y con altas sumas de dinero dentro de una caravana de la UNP.
El escándalo fue mayúsculo: un cabecilla disidente movilizándose bajo esquemas oficiales de protección. Sin embargo, pese al impacto nacional del caso, el Gobierno terminó designándolo gestor de paz y pidió levantar sus órdenes de captura.
ELN y paramilitares
La controversia también alcanzó al ELN y sus disidencias. Gabriel Yépez Mejía, alias HH, pieza clave de los Comuneros del Sur en Nariño, quedó en el centro de una encrucijada jurídica: mientras el Gobierno intenta mantener suspendidas sus capturas para sostener el diálogo territorial, la Corte Suprema ya avaló su extradición a Estados Unidos por narcotráfico.
Y el caso de Violeta Arango, alias Violeta, estremeció aún más el debate. Investigada por su presunta participación en el atentado terrorista del Centro Comercial Andino en Bogotá en 2017, el Gobierno solicitó su excarcelación para integrarla como gestora de paz en la mesa con el ELN. Con el Clan del Golfo la tensión llegó a otro nivel.
En febrero pasado, un juez ordenó reactivar su medida de aseguramiento y libró orden de captura.El Gobierno buscó también abrir una negociación sociojurídica con Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo, máximo jefe del EGC tras la extradición de alias “Otoniel” y quien desde ayer goza de tener su orden de captura suspendida.
La Fiscalía, que ha intentado ser contención en estos, reaccionó trazando una línea roja: advirtió que cualquier suspensión de capturas solo podía operar dentro de zonas de ubicación temporal estrictamente delimitadas, para evitar que la medida terminara convertida en una licencia de movilidad para el narcotráfico.
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El giro más simbólico ocurrió con los antiguos jefes paramilitares. Salvatore Mancuso fue nombrado gestor de paz tras regresar deportado desde Estados Unidos, mientras el Gobierno impulsó resoluciones similares para antiguos capos como “Macaco”, “Don Berna” y “Jorge 40”.
La decisión provocó duras críticas de sectores judiciales y entes de control, que cuestionan la legalidad de conceder nuevos beneficios a hombres que ya atravesaron un proceso de justicia transicional hace casi dos décadas.
Y en medio de ese laberinto apareció otro episodio explosivo: el de Jorge Luis Alfonso López, alias “El Gatico”, hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López. Condenado por homicidio y nexos paramilitares, fue designado “facilitador” por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Un juez interpretó la decisión como una orden de excarcelación. Aunque el Gobierno aseguró después que nunca pidió dejarlo libre, la ambigüedad del decreto abrió un choque institucional que terminó exponiendo, una vez más, los límites y contradicciones de la política de paz total.
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