Una denuncia penal contra el expresidente Gustavo Petro llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Los abogados Daniel Sanín y Gloria Patricia Jaramillo, conocida como Tyche, solicitaron la investigación a este órgano tras las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso.
Este aseguró que delegados del entonces presidente Petro, en el marco del denominado “Pacto de Valledupar”, les pidieron a exjefes paramilitares acusar falsamente al hoy primer mandatario, Abelardo de la Espriella, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
Ante eso, Jaramillo y Sanín radicaron una “Denuncia y solicitud de investigación por presuntas actuaciones de funcionarios del Gobierno nacional relacionadas con reuniones en Valledupar y solicitudes a antiguos jefes paramilitares para que formularan declaraciones contra dirigentes políticos”.
Cabe aclarar que el trámite se hace ante este organismo porque Petro mantiene un fuero constitucional, incluso después de salir de su cargo. Además, es clave que se trata de presuntos hechos cometidos durante su periodo como presidente.
Declaraciones citadas y testimonios clave
Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro, dijo públicamente que la misión que le correspondió desarrollar en Valledupar tenía que ver con que antiguos comandantes de las autodefensas hablaran contra los dirigentes políticos. Por eso, pidieron a la Comisión “recibir o incorporar” las declaraciones de Rodríguez, Mancuso y Juan Carlos Villamizar.
Este último, abogado y asesor jurídico de Mancuso, declaró a Caracol Radio este 19 de octubre que fue testigo presencial de esas reuniones. En su versión, Rodríguez y el exfuncionario del Dapre y exdocente Víctor de Correa Lugo, plantearon que los antiguos jefes paramilitares hacieran pública la información que tuvieran sobre Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras, y señalaron que la solicitud venía de Petro.
El expresidente lo ha negado y Mancuso ha dicho que no se lo habría pedido personalmente. “No voy a aceptar que se me atribuyan hechos tan graves sin que exista una sola prueba que demuestre que di una orden para presionar a alguien a declarar contra Álvaro Uribe o contra cualquier otro dirigente político”, dijo.
Señalamientos sobre RTVC y presunta utilización de recursos públicos
Los abogados Sanín y Jaramillo piden admitir la denuncia “en lo que corresponda a la conducta del entonces presidente Gustavo Petro durante el ejercicio de sus funciones”.
También se refieren a la columna en EL COLOMBIANO del periodista Melquisedec Torres, en las que detalló cómo habría sido la reunión entre delegados del Gobierno y exparamilitares, quiénes participaron y cuáles fueron los temas que se discutieron.
Según Torres, el entonces gerente de RTVC, Hollman Morris, habría dispuesto una unidad móvil y un dispositivo de producción para que los antiguos paramilitares dijeran al país lo que el Gobierno Petro les habría “sugerido” con respecto a los líderes políticos. En ese momento, de la oposición.
Ante esto, los abogados solicitan “verificar documentalmente los hechos descritos, la intervención de RTVC y de sus funcionarios, así como la eventual existencia de recursos públicos, instrucciones u ofrecimientos vinculados con la reunión”.
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Solicitudes de investigación y posibles implicaciones penales
A su vez, dicen que “corresponde investigar si hubo instrucciones provenientes de funcionarios del Gobierno, si se pretendió utilizar la institucionalidad o mecanismos de justicia transicional para obtener declaraciones con finalidad política, y si existieron ofrecimientos de beneficios judiciales o utilización irregular de recursos públicos”.
Los profesionales hacen diferentes llamados, entre ellos, establecer si el Gobierno impartió esas instrucciones y, de ser así, quién lo hizo, quién las transmitió y con qué objetivos. De hecho, piden “identificar a los funcionarios y particulares que participaron en la organización y desarrollo de las reuniones, incluidas las personas mencionadas en las fuentes públicas”.
Otro punto tiene que ver con determinar si se ofrecieron beneficios de justicia transicional, judiciales o penitenciarios a cambio de las declaraciones y, de ser así, quiénes lo hicieron y si se ajustaban a la ley.
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Finalmente, hacen un llamado a determinar las posibles consecuencias penales de los hechos “si las pruebas permiten establecer conductas tipificadas, incluidas las que puedan afectar la administración pública o la administración de justicia”.
Entre esas posibles conductas, los abogados mencionan el presunto abuso de la función pública, ofrecimientos irregulares de beneficios judiciales, utilización indebida de recursos estatales u otra conducta penalmente relevante.
Bloque de preguntas frecuentes
- ¿Qué es la denuncia por el denominado ‘Pacto de Valledupar’?
- Es un recurso interpuesto por los abogados Daniel Sanín y Gloria Patricia Jaramillo ante la Comisión de Acusación de la Cámara para investigar si delegados del gobierno anterior presionaron a exjefes paramilitares a declarar contra varios dirigentes políticos.
- ¿A cuáles dirigentes políticos habrían pedido señalar según las declaraciones de Salvatore Mancuso?
- De acuerdo con los señalamientos citados en el documento, se habría solicitado señalar al actual presidente Abelardo de la Espriella, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.
- ¿Qué solicitud concreta hace la denuncia respecto a RTVC y los recursos públicos?
- Los denunciantes piden verificar la posible intervención del sistema de medios públicos RTVC, el uso de unidades móviles y la eventual destinación de recursos o beneficios judiciales a cambio de las declaraciones.
