En los pasillos de la dirección de Derechos Humanos (DD. HH.) del Ministerio del Interior se preguntan quién es la persona que llegó a mandar sin tener aún un contrato que lo vincule a la cartera. Los señalamientos apuntan a Federico Arellano Mendoza, abogado y compañero del presidente Abelardo de la Espriella cuando estudiaron derecho en la Universidad Sergio Arboleda.
Según su perfil de LinkedIn, ha hecho diplomados y tiene trayectoria en diferentes ramas de esa disciplina, incluidos los DD. HH. También dice contar con experiencia como “docente universitario, conferencista y asesor de empresas”, así como del Ministerio de Comercio en el gobierno Uribe o del expresidente Andrés Pastrana.
Pero Arellano no llegó solo. Lo acompaña Ruby Silva, quien se presenta en conversaciones de WhatsApp como asesora del director. Con ese “poder” estaría convocando reuniones y pide información de la entidad.
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Así lo revelan mensajes conocidos por EL COLOMBIANO; también lo denuncia Jomary Ortegón, exdirectora del área, quien aseguró que antiguos integrantes de sus equipos le han advertido sobre los requerimientos de ambos sin que cuenten con una designación oficial.
El contexto que rodea esa situación inquieta a algunos funcionarios de esa cartera. Hace tan solo unas semanas, lo que se enmarcó bajo una directriz de “austeridad” terminó con la cancelación de 557 contratos dentro del ministerio en cabeza de Rodrigo Lara, quien aseguró que con esos puestos se ahorrarían unos $103.000 millones y que ese dinero quedaría entonces a disposición del Ministerio de Hacienda.
Justamente, en la dependencia de DD. HH., las comunicaciones de salida generaron nuevas preguntas. Todo empezó tras la llegada de unos correos a ciertos funcionarios. El primero, enviado a comienzos de octubre, anunció que el vínculo terminaría en noviembre. Horas después, llegó una corrección.
En rojo y en mayúsculas, el nuevo mensaje ordenó: “HACER CASO OMISO DEL CORREO ANTERIOR (sic)”. La salida se había adelantado al 31 de octubre, unos días antes.
Las comunicaciones documentan la terminación anunciada y el cambio de fecha, pero dejan preguntas sobre los criterios para seleccionar a quienes deben salir, las razones para interrumpir vínculos prorrogados y la continuidad del trabajo con comunidades y defensores de DD. HH.
Jomary Ortegón, quien estuvo al frente de la Dirección durante el último año de la administración del gobierno de Gustavo Petro, aseguró que la dependencia contaba con aproximadamente 180 personas y que, según los reportes que ha recibido de sus antiguos equipos, las terminaciones afectarían a cerca del 70%.
“Se seleccionaron contratistas sin tener en cuenta sus funciones, sin tener en cuenta el tipo de información que tenían”, afirmó. También cuestionó que el ingreso de esas personas durante el gobierno anterior se utilice para justificar su salida y calificó la medida como “un acto de retaliación y de discriminación”.
Los reparos también quedaron consignados en un derecho de petición que se opone a la terminación anticipada del contrato de una de las fuentes consultadas por este diario.
Con esto, ya son dos asuntos que generan cuestionamientos dentro de la Dirección: la actuación de personas cuya autoridad ponen en duda los equipos y la salida anticipada de contratistas.
Si bien los soportes revisados no permiten atribuirle a Arellano la decisión de terminar esos vínculos, sí documentan las dudas sobre sus solicitudes de información y las condiciones bajo las cuales participa en la dependencia.
¿Quién pide información?
En uno de los chats internos de la Dirección de DD. HH., conocidos por EL COLOMBIANO, la incertidumbre se resumió en una pregunta: “¿El director ya está posesionado?”. La respuesta fue breve: “No, aún no”.
El intercambio surgió después de que se transmitiera una solicitud del “director designado” para recoger información sobre las acciones desarrolladas en los territorios.
Los equipos debían diligenciar una matriz alojada en una plataforma del Ministerio; no obstante, esa solicitud provocó reparos sobre quién recibiría los datos y bajo qué autorización.
Y es que esta dependencia no trabaja con cualquier información. Su labor involucra a organizaciones, líderes y defensores de DD. HH., así que las dudas sobre el porqué se solicitan estos datos y para qué los necesitan aumentaron la preocupación de los trabajadores por la seguridad de estas poblaciones.
En otra intervención se explicó que el balance serviría como insumo para las jornadas del ministro en los territorios. Sin embargo, las capturas no muestran una respuesta que precise la autorización del “director designado” para recibirlo. El nombre de Federico Arellano vuelve a surgir.
La denuncia
Varios contratistas se han comunicado con Jomary Ortegón para advertirle sobre la actuación de Arellano dentro de la dependencia. Según sus relatos, el abogado participa en reuniones y solicita información. Ella aclaró que conoció esas situaciones por testimonios recibidos después de su salida.
“Esta persona llegó, está pidiendo información, incluso de líderes de comunidades, y no ha explicitado cuál es el objeto, si no es una persona que está nombrada oficialmente”, le dijo a este diario.
La exfuncionaria también mencionó a Ruby Silva. Según la información que le han transmitido, ambos estarían solicitando datos sobre funciones, obligaciones y actividades de los equipos.
Para Ortegón, la preocupación está en la responsabilidad de una oficina que debe ofrecer garantías a quienes acuden al Estado. “En materia de derechos humanos es muy importante tener la confianza de las organizaciones, de las comunidades”, sostuvo.
Ortegón salió en buenos términos de la entidad al momento en que presentó su renuncia. Sus reparos ahora no tienen que ver con su salida, sino con lo que considera una falta de claridad en la puesta en marcha del área con el actual Gobierno.
“Yo salí de hecho en buenos términos de la entidad, pero lo que yo esperaba era que nombraran prontamente una persona que asumiera las funciones de la dirección”, agrega.
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Reuniones y balances
Las capturas conocidas por este diario incluyen conversaciones de esta mujer, Ruby Silva, quien gestiona encuentros, organiza cambios de agenda y solicita compromisos de reuniones anteriores.
Es más, una convocatoria pidió hasta información sobre la composición de los equipos, las funciones de sus integrantes y sus modalidades de vinculación. También solicitó explicar las líneas de trabajo, la población destinataria, los productos, los cronogramas y los indicadores de gestión. En fin, información de todo.
Además, Silva suministró una dirección de correo personal para recibir información. Le habría bastado solamente presentarse como asesora del director y, bajo esa condición, empezar a coordinar encuentros y hacer seguimiento a los requerimientos de información de la dependencia.
La cercanía con el presidente Abelardo de la Espriella
Resulta que Arellano no es lejano a la Presidencia. Él mismo reconoció públicamente su relación universitaria con el presidente Abelardo de la Espriella en una columna de opinión en KienyKe en la que escribió: “Conozco a Abelardo porque fuimos compañeros en la Universidad Sergio Arboleda”. En otro texto, publicado en El País de Cali, se dirigió al mandatario como “amigo, compañero y colega”.
Esto ya había sido expuesto por El País de España, que publicó que Arellano actuaría dentro de la dependencia sin un nombramiento o contrato identificado en SIGEP y SECOP.
Allí, también se denunció que este hombre habría firmado como director una lista de asistencia a una reunión sobre el caso de la periodista Jineth Bedoya, víctima de secuestro, tortura y violencia sexual por parte de los paramilitares.
La terminación de contratos
Mientras los equipos cuestionan las solicitudes de información de Arellano y Silva, los avisos de terminación anticipada abrieron otra discusión: con qué fundamento el Ministerio da por terminados los contratos.
En las comunicaciones, la entidad señaló que actuaba “en ejercicio de la autonomía de la voluntad” y realizaba el correspondiente “desahucio de ley” o aviso, con apoyo en disposiciones del Código Civil.
Esa justificación fue cuestionada en un escrito de oposición conocido por EL COLOMBIANO. Allí se solicita suspender la terminación y explicar por qué el Ministerio acudió a esas normas si el contrato incluía una cláusula de terminación unilateral sometida a la Ley 80 de 1993.
¿Y el viraje tras la prórroga?
Los reparos también apuntan a una decisión previa de la entidad: ampliar el plazo del contrato porque consideraba necesaria la continuidad del servicio. ¿Qué cambió para anticipar la salida?
El reclamo pide identificar las circunstancias técnicas, administrativas, jurídicas o presupuestales que motivaron la decisión. A su vez, solicita aclarar si las tareas seguirán desarrollándose tras la terminación y quién las asumirá.
Sobre las salidas, Ortegón cuestionó la posibilidad de que se haya seleccionado a las personas por haber ingresado durante el gobierno anterior y calificó la medida como “un acto de retaliación y de discriminación”.
La exdirectora aseguró que no se trataba de personas que ella hubiera llevado a la entidad. Explicó que muchos integrantes ya tenían una trayectoria en la dependencia cuando llegó al cargo y defendió la experiencia de quienes habían construido relaciones con organizaciones y comunidades durante varios años.
Esos son, precisamente, algunos de los puntos planteados en el escrito de oposición: cuántos contratos fueron examinados, cuáles se seleccionaron, a qué dependencias pertenecían y qué soportes sustentaron las decisiones.
El documento también solicita esclarecer si existe un patrón relacionado con antecedentes o cercanías políticas.
En respuesta a EL COLOMBIANO sobre las terminaciones, el Ministerio del Interior remitió un mensaje en el que defendió la medida como parte de su política de austeridad y aseguró que representa un ahorro de $103.000 millones.
“También terminamos 557 contratos heredados de la politiquería anterior y conservamos solo a quienes sí trabajan. Aquí no se paga por no hacer nada”, señaló la cartera en voz del ministro Lara.
La entidad sostuvo que los recursos ahorrados pueden destinarse a programas sociales y agregó: “Menos burocracia, más resultados. La austeridad empieza por casa”.
Sin embargo, no detalló los criterios para seleccionar los contratos ni aportó las evaluaciones que respaldan su afirmación sobre quienes salieron. Tampoco precisó cuántas terminaciones corresponden a la Dirección de DD. HH. ni respondió sobre la actuación de Arellano en la dependencia.
EL COLOMBIANO también se comunicó directamente con el abogado y con Ruby Silva para conocer sus versiones, pero al cierre de esta edición no había recibido respuestas.
Las obligaciones pendientes
No es un secreto que quien llega a gobernar quiere hacerlo con personas que conoce. Y tampoco que el gobierno anterior dejó “amarrados” varios contratos en carteras como el MinInterior, que trabaja con defensores de DD. HH., comunidades y firmantes de paz.
Según la exdirectora Ortega, antes de su salida quedaron pendientes un plan de acción para garantizar los derechos de las personas defensoras y el envío de una respuesta a la Corte Constitucional que había dejado preparada.
Con las terminaciones de contratos, su preocupación apunta a la experiencia que se pierde y a las relaciones que los equipos construyeron durante años con las organizaciones.
Hasta ahora, el Ministerio ha defendido las salidas con cifras de ahorro. Falta explicar cómo garantizará que esa austeridad no termine pasando la cuenta a quienes dependen de su gestión en los diferentes territorios y comunidades con los que trabajan.
Al mismo tiempo, el ministro Rodrigo Lara avanza en el proyecto de ley “antimermelada” en el marco de una apuesta, según dice, por la transparencia y la lucha contra la corrupción.
Bloque de preguntas frecuentes
- ¿Quién es Federico Arellano y por qué lo cuestionan en el Ministerio del Interior?
- Es un abogado cercano al presidente Abelardo de la Espriella. Se le cuestiona por dar órdenes, solicitar reuniones y pedir matrices con información sensible de líderes comunitarios en la Dirección de Derechos Humanos sin contar con nombramiento oficial ni contrato.
- ¿Por qué la salida de contratistas en la Dirección de Derechos Humanos genera controversia?
- Exfuncionarios y contratistas denuncian que la terminación anticipada de cerca del 70% de los vínculos laborales afecta el seguimiento a comunidades vulnerables y que se trató de una medida discriminatoria o de retaliación política, más allá de la austeridad fiscal argumentada.
- ¿Qué respondió el Ministerio del Interior ante las denuncias sobre despidos?
- La cartera, en cabeza del ministro Rodrigo Lara, defendió la terminación de 557 contratos argumentando una política de austeridad que ahorrará $103.000 millones. Afirmó que conservarían solo a quienes trabajan y eliminarán puestos heredados de la politiquería.
