La Fiscalía puso la lupa sobre la presunta red de gestión de contratos que tejió Juliana Guerrero en el gobierno de Gustavo Petro. La investigación busca establecer si ella y su hermana, Verónica Guerrero, incurrieron en irregularidades al, presuntamente, cobrar comisiones a “empresarios” a cambio de gestionar contratos con entidades del Estado.
Fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que, como parte de las diligencias, la Policía Judicial del ente investigador adelanta actuaciones que serían asumidas por la Dirección Especializada contra la Corrupción.
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Todo esto después de que la revista Semana revelara lo que sería el “modus operandi” de la red, que contemplaba el cobro de $1 millón por una reunión inicial, un anticipo de $200 millones para comenzar las gestiones y una comisión del 10 % sobre el valor de los contratos que supuestamente iban a ser adjudicados en Norte de Santander, Cesar y Santander.
Las hermanas Guerrero habrían ejercido influencia ante entidades como los ministerios de Vivienda, Interior, Igualdad, Ambiente y Defensa, además de Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
“El jefe de jefes parece que se tiró los negocios porque piensa en otras cosas diferentes a la codicia. El artículo es una buena demostración de barreras funcionando contra la corrupción que la Fiscalía debe investigar. Los empresarios corruptos parece que fueron estafados y el gobierno impidió robar”, escribió el presidente en su X.
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