Se trata de Carlos Ovidio Saavedra, quien ha comparecido ante esa jurisdicción por casos de ejecuciones extrajudiciales en el Meta.
Durante su intervención, el general retirado Carlos Ovidio Saavedra reconoció que la lógica institucional de la época privilegió los resultados medidos en bajas reportadas y terminó consolidando prácticas criminales dentro de las unidades militares.
“Detrás de esas víctimas no había combatientes ni enemigos”, afirmó el oficial retirado, al tiempo que reconoció que los comandantes eran evaluados, comparados y distinguidos por el número de bajas que registraban.
Además, dijo que “poco a poco empezamos a medir los resultados por la cantidad de muertos”.
El exmilitar admitió haber ejercido presión sobre los comandantes bajo su mando para aumentar los resultados operacionales. Incluso reconoció haber utilizado expresiones como “tóquela la puerta al vecino” o “en río revuelto, ganancia de pescadores”.
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Saavedra también aceptó que durante su administración se otorgaron felicitaciones, permisos y otros beneficios a militares vinculados con operaciones en las que se reportaban muertes. Recordó que incluso emitió comunicados oficiales felicitando al Batallón Pantano de Vargas por alcanzar las 100 bajas en combate durante 2003.
“Hoy me avergüenzo porque esas bajas corresponden a civiles asesinados. La muerte terminó convirtiéndose en mostrar eficiencia militar”, afirmó ante las víctimas y los magistrados.
Uno de los puntos centrales de su reconocimiento estuvo relacionado con la ausencia de controles efectivos para verificar la legalidad de las operaciones militares. Saavedra admitió que tenía la obligación de revisar la documentación operacional y garantizar que los procedimientos se ajustaran a la ley.
Sin embargo, reconoció que no ejerció esa función con el rigor necesario. Según explicó, muchas carpetas operacionales contenían documentos alterados, informes falsificados y montajes destinados a dar apariencia de legalidad a asesinatos y desapariciones forzadas.
A pesar de la existencia de señales de alerta e irregularidades, reconoció que no ordenó las inspecciones ni las investigaciones requeridas para esclarecer los hechos.
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El general retirado también se refirió a lo que calificó como una “segunda forma de violencia ejercida contra las víctimas y sus familias”.
Explicó que, tras los asesinatos, se construían versiones falsas para presentar a los civiles como integrantes de grupos armados ilegales abatidos en combate. Para ello se elaboraban informes falsos, documentos manipulados y supuestas incautaciones de armas o material de guerra.
“Reconozco que mi responsabilidad no se limita a no haber impedido las muertes; también soy responsable por no haber impedido que esas muertes fueran ocultadas mediante falsedades que destruyeron la dignidad de las víctimas y prolongaron el sufrimiento de sus familias”, expresó Saavedra.
Reconoce vínculos con estructuras paramilitares Otro de los aspectos más relevantes de su declaración fue el reconocimiento de la existencia de relaciones ilegales entre integrantes del Ejército y estructuras paramilitares.
Saavedra aceptó que bajo su mando existió connivencia entre miembros del Batallón Pantano de Vargas y organizaciones pertenecientes al Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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