La demanda de pérdida de investidura contra nueve congresistas es, según sus promotores, una “medida para romper una cadena de impunidad de cuello blanco en el Congreso”.
La acción fue impulsada por el abogado Pablo Bustos, presidente y fundador de la Red de Veedurías ciudadanas, y apunta contra legisladores de varias bancadas, entre ellos la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, cuyo nombre aparece de manera reiterada en los testimonios que dieron origen al escándalo.
Junto a ella figuran otros cinco senadores y cuatro representantes, todos mencionados en el entramado que rodea el desfalco a la UNGRD. Ellos son: Berenice Bedoya, Julio Elías Chagüi, Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo. Y en la Cámara de Representantes los señalados son Wadith Manzur, Juan Loreto Gómez, Julián Peinado y Karen Manrique.
La acción judicial se da alrededor del saqueo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que hoy tiene condenados a Olmedo López, exdirector de dicha entidad junto a al exsubdirector Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, el contratista conocido como “El pastuso”.
Bustos dice que la demanda es “un gesto simbólico” paralelo al escándalo donde exministros y altos funcionarios están bajo medida de aseguramiento —Ricardo Bonilla, Andrés Calle (expresidente de la Cámara), y Luis Fernando Velasco— junto a Sandra Ortiz e Iván Name—, mientras avanzan las investigaciones por direccionamiento de contratos.
El cerco se amplía con César Manrique, exdirector de Función Pública, y Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, ambos hoy buscados por las autoridades con circular de Interpol.
“Se trata de ponerle lupa al saqueo de los recursos públicos de la UNGRD, en el que venimos actuando desde hace tiempo como representantes de víctimas de comunidades indígenas y poblaciones en riesgo. Lo que hemos desentrañado es un entramado administrativo que terminó en beneficios políticos, sanciones fallidas y una democracia en riesgo”, sostuvo Bustos al explicar la demanda radicada que busca la ‘muerte política’ contra los parlamentarios señalados.
Para la Red de Veedurías Ciudadanas, que compartió con EL COLOMBIANO copia de la demanda y sus anexos, el punto de quiebre del caso fue la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de resolver la situación jurídica de varios integrantes de la Comisión de Crédito Público sin imponerles medida de aseguramiento, pese al volumen de pruebas recaudadas y a la colaboración de testigos clave como Olmedo López, Sneyder Pinilla y María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda.
El no tener procesos judiciales en firme, advierte Pablo Bustos, abre la puerta para que varios congresistas, entre ellos Peralta, Manzur y otros, vuelvan a aspirar al Congreso en este 2026.
¿Quiénes son los nueve mencionados en la demanda y qué rol habría tenido cada uno en el escándalo de la UNGRD? Aquí, uno por uno, los nombres que deberá estudiar el Consejo de Estado:
1. Martha Peralta Epieyú (Senado-Pacto Histórico)
“En el segundo semestre de 2023, las congresistas Martha Peralta y Berenice Bedoya habrían negociado y obtenido el compromiso de recibir dádivas —contratos y cargos burocráticos— en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como contraprestación por su apoyo a las reformas pensional y de salud impulsadas por el Gobierno Petro en el Congres”, se lee en los anexos de la demanda en el Consejo de Estado.
Pablo Bustos dice que según la investigación el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco —hoy con medida de aseguramiento de detención domiciliaria ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá— habría acordado prebendas a disposición de Peralta, quien, al igual que Bedoya, estaría interesada en el direccionamiento de cuatro contratos por un valor cercano a los $12.395 millones.
“Los proyectos se ejecutarían en La Guajira y en los municipios de Puerto Concordia (Meta), Aguazul (Casanare) y Mistrató (Risaralda), hechos que fueron confirmados por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la UNGRD”, se desprende de la acción judicial radicada.
La declaración de Olmedo López ante la Fiscalía aportó elementos que, según el expediente, evidenciarían comunicaciones y reuniones para el intercambio de contratos —un “trueque contractual”— orientado a asegurar la aprobación de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado.
La congresista ha rechazado los señalamientos asegurando que demostrará su inocencia ante las autoridades competentes, negando haber participado en direccionamientos de contratos o negociaciones irregulares.
Ha defendido su trayectoria política y su intención de ejercer el cargo mientras se esclarecen los hechos, calificando de “injustas algunas críticas por su aspiración a seguir en el Congreso” pese a las indagatorias de las autoridades.
2. Berenice Bedoya (Senado-Partido ASI)
Pablo Bustos explica que “el esquema se habría extendido a la senadora Berenice Bedoya. Olmedo López aseguró que asistió a las sesiones de la Comisión Séptima por orden del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como parte del acuerdo de otorgamiento de prebendas, con el propósito de “persuadir” a congresistas que habrían sido identificados como “favorecidos” por la senadora Martha Peralta”.
Según su versión, el 13 de junio de 2023 acompañó los debates de la reforma pensional en esa célula legislativa, tras coordinar su ingreso directamente con el despacho de Peralta. La congresista Berenice Bedoya ha negado cualquier tipo de señalamiento en el caso.
En su declaración, el exdirector de la UNGRD relató que ese día se sentó junto a la senadora Peralta y que, durante la sesión, esta le pasó el celular a la senadora Berenice Bedoya. “Yo quedo entre las dos y ahí es donde me muestran la necesidad de que ayude con ese contrato”, afirmó López en audios incorporados al expediente en la Fiscalía.
Las imágenes de la sesión de la Comisión Séptima, según la investigación mencionada por el director de la Red de Veedurías, coincidirían con el relato del exfuncionario, que insiste en que su presencia se dio en la antesala del primer debate que aprobó la reforma pensional.
3. Julio Elías Chagüi (Senado-Partido de la U)
La Fiscalía sostiene que el senador Julio Elías Chagüi, quien ha evitado pronunciarse sobre el caso, habría exigido y pactado prebendas en coordinación con el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para direccionar un contrato en Sahagún (Córdoba). Como soporte, el ente acusador cita mensajes en los que Chagüi envía a Sneyder Pinilla el contacto del exsecretario de Infraestructura de Sahagún, Jorge González, para destrabar el proyecto.
En paralelo, la Corte Suprema abrió una investigación preliminar por hechos distintos y ordenó enviar su caso a reparto en un radicado separado, mientras avanza la indagatoria a los demás congresistas vinculados.
4. Liliana Bitar Castilla (Senado-Partido Conservador)
“María Alejandra Benavides declaró que Bitar le pidió eliminar chats de WhatsApp que podían ser evidencia del caso UNGRD, en una reunión en Usaquén (junio de 2024). Benavides la ubica entre los congresistas que habrían recibido beneficios a través de contratos canalizados por la UNGRD”, reza la demanda ante el Consejo de Estado.
De acuerdo con la querella, los integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público —Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar y el excongresista Juan Diego Muñoz— habrían pactado con el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla —hoy con detención domiciliaria ordenada por el Tribunal Superior de Bogotá— un esquema de intercambio de favores: beneficios económicos o prebendas a cambio de emitir conceptos favorables sobre proyectos de empréstito del Gobierno. Siguen bajo indagación en el caso.
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La documentación judicial citada en la demanda sostiene que ese presunto “trueque” habría condicionado el control político que ejerce la Comisión, un órgano del Congreso encargado de evaluar las operaciones de crédito público, analizar la financiación de los planes de desarrollo y conceptuar sobre si las condiciones de endeudamiento del país resultan convenientes. La congresista Liliana Bitar ha evitado pronunciarse sobre el caso.
5. Juan Pablo Gallo (Senado-Partido Liberal)
Juan Pablo Gallo figura entre los congresistas señalados en las investigaciones por presuntos acuerdos indebidos relacionados con operaciones de crédito público que habrían sido canjeadas por beneficios canalizados a través de contratos de la UNGRD.
Según el expediente que cursa en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia, citado en la demanda, Gallo habría integrado el grupo de parlamentarios de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público que, durante la administración de Olmedo López y Sneyder Pinilla —ambos condenados y colaboradores de la justicia—, habría condicionado su función de control político a la recepción de prebendas.
Del congresista Gallo no se ha conocido una declaración pública amplia en respuesta directa a las acusaciones por el caso UNGRD. Aunque el senador fue citado a indagatoria por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema el 5 de noviembre de 2024 y continúa vinculado formalmente a la investigación penal abierta en su contra desde julio de 2024.
En julio de 2025, el alto tribunal definió su situación jurídica sin imponer medida de aseguramiento, pese a que la ponencia del magistrado Misael Fernando Rodríguez proponía detención preventiva, al considerar que existían indicios sobre el presunto direccionamiento de contratos de la UNGRD para el pago de coimas.
En el marco del proceso, la Corte ordenó inspecciones judiciales —entre ellas a Fiduprevisora— para rastrear contratos que habrían servido como canal para el desvío de recursos públicos.
6. Wadith Manzur (Cámara de Representantes- Partido Conservador)
El congresista Wadith Manzur figura entre los congresistas investigados por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presuntos acuerdos ilegales relacionados con el ejercicio de sus funciones parlamentarias en medio del escándalo de la UNGRD.
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La investigación, abierta formalmente el 12 de noviembre de 2024, lo vincula —junto con Liliana Esther Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Karen Astrith Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz— a eventuales irregularidades en la aprobación de proyectos y contrataciones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
De acuerdo con la hipótesis construida por el alto tribunal a partir de más de cincuenta pruebas documentales y más de diez testimonios, los investigados, en su calidad de miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda a cambio de supuestas dádivas que se materializarían en contratos de la UNGRD.
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La Sala citó a los implicados a diligencias de indagatoria para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar eventuales responsabilidades penales.
Manzur ha respondido públicamente que sigue actuando dentro de la legalidad mientras se avanza en la investigación. Ha defendido su derecho a participar en política y ha rechazado implicaciones como motivo para inhibir su carrera.
7. Julián Peinado (Cámara de Representantes-Partido Liberal)
Julián Peinado Ramírez es uno de los congresistas vinculados a la investigación formal que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por presuntos acuerdos ilegales en el ejercicio de funciones propias del Congreso.
El alto tribunal lo incluyó en el proceso abierto el 12 de noviembre de 2024, que indaga eventuales irregularidades en la aprobación de proyectos y contrataciones en la UNGRD en el marco de la actuación de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP).
Según la hipótesis de la Corte, sustentada en más de cincuenta pruebas documentales y más de diez testimonios, los miembros de la CICP —entre ellos Peinado— habrían aceptado emitir conceptos favorables sobre operaciones de crédito público presentadas por el Ministerio de Hacienda a cambio de dádivas que se concretarían en contratos de la UNGRD.
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El congresista, que ha evitado hablar en medios de este caso, fue citado a diligencia de indagatoria junto con los demás investigados, mientras la Sala avanza en la recolección de pruebas para establecer si se configuró el presunto delito de cohecho impropio.
8. Karen Manrique (Circunscripción de paz en la Cámara)
Karen Manrique figura entre las congresistas señaladas en el expediente por presuntos acuerdos indebidos para la obtención de beneficios a través de la UNGRD.
Según la Fiscalía, el exdirector de la entidad, Olmedo López, documentó estos acuerdos en una libreta en la que aparecen relacionados varios congresistas que habrían sido beneficiarios de contrataciones irregulares.
De acuerdo con su testimonio, en ese registro manuscrito se identificarían dos tipos de letra: la de la propia representante Manrique y la del exfuncionario, lo que, para los investigadores, sugeriría una negociación en la que los parlamentarios mencionados habrían comprometido su voto a cambio de contratos.
A estos señalamientos se suma la declaración de Andrea Ramírez, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien habló de proyectos por cerca de $30.000 millones para obras de reducción del riesgo en el río Bojaba, en Saravena (Arauca), una zona de influencia política de la congresista.
Ramírez indicó que Manrique también hace política en Tame, Fortul y Arauquita, municipios donde las restricciones de seguridad por presencia del ELN dificultan el proselitismo, elementos que la investigación considera relevantes para establecer el contexto de los presuntos acuerdos.
En indagatoria Manrique guardó silencio ante las preguntas en la diligencia; su abogado, en su momento, señaló que no haría pronunciamientos hasta tener claridad completa de los hechos y las imputaciones.
Su defensa ha enfatizado que —de acuerdo con ella— no hubo contrato ni desembolso de dinero atribuido a su gestión, y que actuó dentro del marco de la ley, aspectos que serán explicados cuando conozca los detalles completos del proceso.
9. Juan Loreto Gómez (Cámara de Representantes-Partido Conservador)
Loreto Gómez, quien no ha respondido a los cuestionamientos públicos, aparece mencionado en la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien habló de presuntas cuotas políticas en el Instituto Nacional de Vías (Invías) asociadas a congresistas, entre ellos Gómez y el senador Carlos Trujillo.
En ese contexto, la investigación destaca el nombre de Janet Raigoza, funcionaria que habría llegado a Invías desde La Guajira, como parte de un entramado de conexiones regionales que hoy es objeto de verificación por las autoridades.
En el capítulo vinculado al Ministerio de Hacienda y al exministro Ricardo Bonilla, el expediente incorpora un chat del 15 de septiembre de 2023 entre las exasesoras Andrea Ramírez y María Alejandra Benavides en el que se menciona a Gómez.
Según esa conversación, el representante estaba “furioso” porque un proyecto no avanzaba, lo que para los investigadores evidenciaría un interés directo en la gestión de contratos y un eventual direccionamiento de recursos.
La exigencia, además, se habría hecho a la funcionaria encargada de tramitar los acuerdos económicos o prebendas del despacho de Hacienda. De manera adicional, a Gómez se le atribuye una presunta intervención en el desvío de recursos públicos en La Guajira, en particular en el caso de los carrotanques de la UNGRD.
Según la matriz aportada por Sneyder Pinilla a la Fiscalía —revelada por Sigue La W en su momento—, el representante figuraría entre los 15 congresistas que habrían participado activamente en ese entramado, en el que, como fórmula del senador Carlos Trujillo, habría resultado favorecido por gestiones de la cúpula de la UNGRD.
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