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Elecciones en Colombia: ONU advierte escalada de violencia y riesgos en el 92% de los municipios

La ONU advierte que, pese a unas elecciones legislativas mayoritariamente pacíficas, persisten la violencia y el control territorial de grupos armados de cara a las presidenciales.

  • El informe señala riesgos para las presidenciales mientras el conflicto armado se intensifica y afecta la participación política en zonas rurales. FOTO: COLPRENSA.
    El informe señala riesgos para las presidenciales mientras el conflicto armado se intensifica y afecta la participación política en zonas rurales. FOTO: COLPRENSA.

Aunque las elecciones al Congreso del pasado 8 de marzo transcurrieron sin alteraciones graves y con una participación superior al 50 %, el panorama de seguridad en Colombia sigue siendo frágil. Así lo concluye el más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU, que analiza el periodo entre finales de diciembre de 2025 y marzo de 2026, y que será presentado ante el Consejo de Seguridad.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, destacó que la jornada electoral se desarrolló “en gran medida de forma pacífica”, pero advirtió que esto no refleja una mejora estructural en las condiciones de seguridad del país.

“Sigo preocupado por los incidentes de violencia que se produjeron durante la campaña y por la influencia que los grupos armados siguen ejerciendo en las zonas afectadas por el conflicto”, señaló.

Hechos de violencia durante elecciones en Colombia

A pesar del despliegue de más de 246.000 integrantes de la Fuerza Pública durante las elecciones, el informe documenta múltiples hechos que evidencian la persistencia del conflicto armado en los territorios.

Entre ellos, ataques a esquemas de seguridad de candidatos, la desaparición de un aspirante al Senado, la retención de lideresas indígenas y el asesinato de militares en medio de operativos relacionados con la logística electoral.

Además, la ONU advierte que en al menos 185 municipios existían riesgos altos antes de la jornada, especialmente en zonas rurales con fuerte presencia de grupos armados ilegales. En ese contexto, subraya que estas organizaciones continúan imponiendo control social y limitando la participación política.

Uno de los puntos críticos señalados es la situación del partido Partido Comunes, surgido del acuerdo de paz con las FARC, cuyos integrantes denunciaron presiones y amenazas durante la campaña.

El informe recalca que “la participación política de los excombatientes sigue siendo un ejercicio de alto riesgo donde el Estado carece de presencia”.

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De cara a las elecciones presidenciales, la ONU insiste en la necesidad de reforzar las garantías de seguridad.

“A medida que se acercan las elecciones presidenciales, sigue siendo esencial garantizar la seguridad de los candidatos y los votantes”, advierte el informe, que también hace un llamado a evitar la violencia y la estigmatización durante la campaña.

ONU cuestiona la Paz Total de Colombia

El informe también evidencia un deterioro en la situación de orden público tras los ceses al fuego de fin de año. Desde enero, los enfrentamientos entre grupos armados se han intensificado y se han expandido a nuevas zonas, incluso con el uso de tecnologías como drones.

Las consecuencias humanitarias son significativas: más de 8.400 personas fueron desplazadas y cerca de 23.000 permanecieron confinadas en sus territorios durante el periodo analizado.

A esto se suman asesinatos de líderes sociales, masacres y hechos de alto impacto, como el hallazgo de 26 cuerpos —incluidos menores de comunidades indígenas— en el departamento del Guaviare.

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Según la ONU, las disputas territoriales entre grupos armados, alimentadas por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita, continúan siendo el principal motor de la violencia contra la población civil.

En materia de paz, el balance es desigual. Mientras algunos procesos de diálogo con grupos armados han logrado avances puntuales, otros —como las negociaciones con el ELN— permanecen estancados.

El informe reconoce progresos en la implementación del acuerdo firmado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, especialmente en la entrega de tierras, con más de 323.000 hectáreas adjudicadas.

Sin embargo, advierte sobre retrasos en la puesta en marcha de la jurisdicción agraria y riesgos de seguridad para los beneficiarios.

En cuanto a la reincorporación, más de 11.000 excombatientes siguen vinculados al proceso, aunque enfrentan dificultades en vivienda, empleo y sostenibilidad económica. La violencia contra esta población también sigue siendo crítica: desde la firma del acuerdo, 491 excombatientes han sido asesinados.

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