Colombia llega al nuevo gobierno con avances en algunos indicadores sociales, pero también con un mapa de derechos humanos marcado por el crecimiento de las economías ilegales, la expansión de los cultivos de uso ilícito y nuevas formas de violencia en los territorios.
Ese es uno de los principales diagnósticos que deja el informe presentado este lunes por la Defensoría del Pueblo, que hace un balance de la situación humanitaria que recibe la administración de Abelardo De la Espriella.
Uno de los datos que más preocupa a la entidad está relacionado con la expansión de los cultivos de coca y otras plantaciones de uso ilícito.
Aunque el informe ‘Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir’ no incorpora cifras posteriores a 2024, el comportamiento registrado durante esta década permite dimensionar el desafío: las hectáreas sembradas con coca pasaron de 142.783 en 2020 a 261.386 en 2024, un incremento de más de 118.000 hectáreas en apenas cuatro años.
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Solo entre 2023 y 2024 se sumaron más de 7.815 hectáreas de cultivos de coca, de acuerdo con la última medición de Naciones Unidas citada por la Defensoría del Pueblo en su informe.
La expansión de estos cultivos ocurre en un contexto en el que las economías ilegales continúan teniendo una fuerte capacidad para controlar territorios, financiar estructuras armadas y profundizar la vulnerabilidad de las comunidades rurales.
Para la Defensoría, este fenómeno debe leerse junto con otras expresiones de violencia que han adquirido fuerza en los últimos años, particularmente en zonas donde la presencia institucional sigue siendo limitada.
El balance también pone la lupa sobre los resultados de la política de sustitución. En el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) permanecen inscritas 99.097 familias campesinas y étnicas.
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Sin embargo, solo el 11 % ha recibido la totalidad de los apoyos previstos para desarrollar proyectos productivos de ciclo largo.
El dato evidencia una de las principales dificultades de la política antidrogas: la reducción de los cultivos ilícitos no depende únicamente de la erradicación, sino de la capacidad del Estado para ofrecer alternativas económicas sostenibles a las comunidades que dependen de estas economías.
El bajo nivel de cumplimiento de los proyectos productivos deja a miles de familias en una situación de vulnerabilidad frente a los grupos armados y las rentas ilegales.
Aumentaron los ataques con drones
A este panorama se suma la transformación de las formas de violencia. La Defensoría advierte que entre enero y mayo de 2026, los ataques con drones aumentaron un 146 %, dejando a 21 personas fallecidas y 145 heridas.
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La expansión de estos ataques hacia nuevos departamentos y su uso en áreas pobladas evidencian una transformación del conflicto armado que exige una estricta observancia de las normas del derecho internacional humanitario.
Además, hay otro panorama preocupante. En los últimos siete años se han registrado 651 masacres, con 2.380 víctimas. Desde 2017 hasta este año, además, se contabilizan 1.002 eventos de desplazamiento forzado que afectaron a 394.839 personas.
El 35,73 % de las víctimas pertenecía a pueblos étnicos. La situación es especialmente compleja en los territorios donde confluyen cultivos ilícitos, minería ilegal, presencia de grupos armados y débil capacidad institucional.
La Defensoría mantiene actualmente 120 Alertas Tempranas territoriales, que abarcan 396 municipios y 15 territorios indígenas en los 32 departamentos del país.
El informe también llama la atención sobre los impactos de las operaciones militares. Entre agosto de 2022 y junio de 2026, durante el gobierno de Gustavo Petro, 71 niños, niñas y adolescentes murieron en operativos militares.
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Solo en 2025 se registraron 33 casos. El panorama de las economías ilegales se completa con la minería ilegal y la deforestación. Entre 2023 y 2026, la Defensoría emitió 34 Alertas Tempranas relacionadas con minería ilegal, mientras que la deforestación aumentó en 2025 de 113.608 a 119.483 hectáreas, un incremento del 5,2 %.
En paralelo, el país mantiene profundas desigualdades rurales. Aunque la pobreza monetaria cayó de 43,1 % en 2020 a 28 % en 2025, la inseguridad alimentaria continúa siendo mucho mayor en las zonas rurales dispersas: alcanza el 31,4 %, frente al 18,1 % registrado en las cabeceras municipales.
La concentración de la tierra sigue siendo otro de los factores estructurales que dificultan la transformación de los territorios. El índice de Gini de la propiedad rural llega a 0,89, mientras que el 1 % de los mayores propietarios concentra el 45 % de la tierra rural.
En materia de restitución, entre 2022 y junio de 2026 se ordenó devolver 455.275 hectáreas, pero solo 60.604 han sido efectivamente entregadas.
El contraste refleja la distancia que todavía existe entre las decisiones judiciales y administrativas y su materialización en los territorios. El informe advierte, además, sobre el aumento de la conflictividad social.
Los eventos registrados pasaron de 1.426 en 2022 a 4.039 el año pasado, una señal de las tensiones que persisten alrededor del acceso a derechos, servicios públicos, tierra, ambiente y condiciones de vida. Así, el diagnóstico que recibe el gobierno de De la Espriella combina avances sociales con problemas estructurales que siguen sin resolverse.
Entre ellos, la expansión de los cultivos de uso ilícito y la insuficiente consolidación de las alternativas para las familias vinculadas al PNIS aparecen como uno de los mayores desafíos en las zonas rurales, donde la disputa por las economías ilegales continúa estrechamente ligada a la violencia y a la vulneración de derechos humanos.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Cuántas hectáreas de coca había en Colombia en 2024?
- Según el informe de la Defensoría del Pueblo, que cita la última medición disponible de Naciones Unidas, en 2024 Colombia registró 261.386 hectáreas de cultivos de coca, frente a 142.783 en 2020.
- ¿Cuánto aumentaron los cultivos de coca entre 2020 y 2024?
- El área sembrada pasó de 142.783 a 261.386 hectáreas, lo que representa un incremento de más de 118.000 hectáreas en cuatro años.
- ¿Qué dificultades enfrenta el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS)?
- El PNIS tiene 99.097 familias campesinas y étnicas inscritas, pero solo el 11 % ha recibido la totalidad de los apoyos previstos para proyectos productivos de ciclo largo. Esto evidencia dificultades para consolidar alternativas económicas sostenibles.
- ¿Por qué preocupa a la Defensoría la expansión de los cultivos de coca?
- La entidad advierte que el crecimiento de los cultivos está relacionado con la expansión de las economías ilegales, que pueden financiar grupos armados y fortalecer su control territorial. Además, las comunidades rurales quedan más expuestas cuando no cuentan con alternativas económicas ni suficiente presencia estatal.
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