El 21 de febrero de 2022, las calles de las ciudades principales del país se pintaron de verde: cientos de mujeres celebraban la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24. Tras cuatro años de aquella decisión, el panorama —en su mayoría— ha sido favorable. Los abortos clandestinos disminuyeron, y la expectativa de vida de las mujeres que se someten a este procedimiento subió. Pero aún hay retos.
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En las zonas fronterizas, para poder abortar, las mujeres deben afrontar desafíos que amenazan con sus vidas. Según el Centro de Derechos Reproductivos —una de las organizaciones que conforman Causa Justa, el movimiento que logró la despenalización— en aquellas regiones el acceso a este derecho se ha visto mermado por el conflicto armado, la desinformación y el estigma hacia las mujeres migrantes.
Colombia: un salvavidas
En Ipiales, Nariño, albergues tienen abiertas sus puertas para que los migrantes puedan descansar bajo un techo, en condiciones dignas. Tras el silencio de varios de ellos hay historias de resiliencia, abusos, precariedad, y, en el caso de decenas de mujeres: el deseo de tener control sobre sus cuerpos. A aquella ciudad llegan mujeres venezolanas, peruanas y ecuatorianas; además de su situación migratoria, lo que todas comparten es que en sus países natales el aborto es ilegal o está restringido: en Venezuela, las mujeres solo pueden abortar si su salud está en riesgo; en Ecuador suman la posibilidad de abortar si el embarazo fue producto de una violación.
Su llegada a Colombia supone para muchas una posibilidad de libertad, pero no es fácil. En entrevista con EL COLOMBIANO, Cristina Rosero, asesora Legal del Centro de Derechos Reproductivos, explicó: “al no tener una situación migratoria definida, las mujeres sienten miedo de acudir a los servicios de salud, pero en Colombia, la Corte estableció que el derecho al aborto las cobija a ellas (...) es un problema de desinformación”. El silencio institucional que las rodea se une con los señalamientos de un sistema revictimizante. Este diario habló con una activista feminista que brinda información a mujeres migrantes de un albergue en Ipiales sobre cuál es la ruta para abortar de manera segura. El estigma es tal que, por seguridad, prefirió hablar desde el anonimato: “Mujeres son violadas por el camino; otras son asaltadas y llegan sin papeles (...) algunas llegan huyendo de redes de trata, pero no las podemos ayudar. No tenemos los esquemas de seguridad para protegerlas”.
Para la activista, aquello resulta desalentador: si bien ha recibido llamados desde Ecuador para que comparta los avances de políticas a favor de la autonomía de las mujeres —porque “Colombia es un ejemplo a nivel Latinoamérica”— aún es necesario que el Estado brinde las garantías para que los procedimientos sean fáciles y seguros para todas. En ese sentido, Rosero aseguró que es necesario que las EPS y las IPS capaciten al personal en cuáles son las rutas y, de esa manera, derrumbar las barreras burocráticas. A pesar de que el camino no ha finalizado, ambas se mantienen optimistas. La activista aseguró que ha podido establecer canales de comunicación directos con funcionarias de hospitales, lo que ha permitido “compartir un derecho tan importante con libertad”.
Los mitos derribados
Según un estudio del Centro de Derechos Reproductivos, las mujeres rara vez acceden a su derecho al aborto cerca o después de la semana 24. Solo el 4 % de los casos llega a esa instancia y, en su mayoría, no es por decisión de la mujer, sino por trabas administrativas o barreras sociales, como niñas que conviven con sus abusadores y no pueden acceder a un centro médico con celeridad.
Además, desde la despenalización del aborto en 2022, el Centro encontró que el número de abortos no ha aumentado, sino que se mantiene en una meseta cercana a 11.000 por periodo anual. Lo que sí sucedió es que los abortos dejaron de hacerse en la clandestinidad. Por ejemplo, en el Cauca, durante 2022 y 2023, el 98,4 % accedió a su derecho a abortar en un centro médico. Aquello redujo considerablemente la cifra de infecciones y muertes.
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