Cada día parece más incierto el futuro de la salud en Colombia. En este punto se puede afirmar que la “crisis explícita” de la que habló, en septiembre de 2022, la entonces ministra de Salud y hoy precandidata presidencial, Carolina Corcho, se materializa. Como consecuencia está afectando a usuarios y pacientes, a entidades promotoras de salud (EPS), a instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) —hospitales, clínicas, laboratorios y otros centros médicos—, al sector farmacéutico y, en un efecto dominó, a todos los que participan en el sector.
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La crisis para todos pasa por el mismo origen sobrediagnosticado por expertos, gremios, organizaciones y hasta la Corte Constitucional: la insuficiencia de recursos que tiene al sistema con deudas billonarias que se caen de los árboles y en la que el Gobierno del presidente Gustavo Petro sobresale por su inacción, por buscarle la comba al palo por donde no es o por gambetear las órdenes del alto tribunal, que lleva diciéndole todo este año que la plata para sostener el sistema —conocida como unidad de pago por capitación (UPC)— no alcanza y que la debe recalcular.
Uno de los efectos que está generando esa crisis financiera y que se está viendo con alto ahínco es el cierre de servicios de salud y la sobreocupación de los servicios de urgencias en hospitales y clínicas. EL COLOMBIANO presenta una radiografía de los hospitales y las clínicas que han cerrado servicios en el país y cuáles han sido las prestaciones más afectadas por esta crisis, a partir de reportes de prensa, comunicados oficiales de las IPS y con información suministrada por la Unión de IPS de Colombia (Unips), luego de derechos de petición a secretarías distritales y departamentales.
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Mayo de 2025 estuvo pasado por cierres de servicios y alertas. En un lapso de nueve días, entre el 7 y el 15, tres hospitales y una clínica informaron decisiones que están impactando la oferta de servicios en sus respectivas ciudades.
El miércoles 7, el Hospital San Vicente Fundación de Medellín —uno de los más importantes de alta complejidad de Antioquia— alertó que la capacidad de su servicio de urgencias para adultos alcanzó la ocupación máxima e, incluso, presentaba una ocupación que supera el 280 %. Ese número de terror, según alertó el centro médico, estaba incrementando los tiempos de espera de los pacientes y limitando su atención oportuna.
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Dos días después, el viernes 9, la Clínica del Occidente de Bogotá cerró definitivamente su oferta de servicios de obstetricia (atención de mujeres en embarazo y en el parto) y neonatología (atención de recién nacidos). La IPS justificó esa decisión en la caída de la tasa de natalidad en Colombia, que produjo una baja demanda de servicios de parto y de recién nacidos, y en que se están viendo “afectados por el incumplimiento paulatino del pago de los servicios prestados a los usuarios” afiliados a las EPS con los que tienen convenio.
Y el jueves 15, el Hospital Pablo Tobón Uribe —probablemente el de más alta complejidad de Medellín y de Antioquia— estaba en estado de emergencia hospitalaria porque la demanda de servicios desbordó la capacidad máxima de atención en urgencias. Para adultos, tenía una ocupación superior al 250 %, y para las pediátricas, del 150 %. Por eso, solicitó a las personas que necesiten atención que vayan a otros centros asistenciales.
A esta lista fatal se suman el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá, que dio por terminado su servicio de atención a partos el 17 de diciembre de 2024, argumentando que buscan garantizar mejor atención “en los servicios de urgencias y hospitalización, los cuales presentan una alta demanda y una sobreocupación importante”.
Así mismo, la Clínica Farallones de Cali, que el 7 de febrero de este año cerró sus servicios de obstetricia y neonatología. Según explicó la secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, algunas IPS del departamento no recibieron recursos en enero y, en otros casos, los pagos no superaron el 60 %.
Por su parte, la Clínica Ciudad Roma de Bogotá cerró temporalmente el 2 de abril su servicio de urgencias. Expresó que fue una decisión ceñida a la “inmensa crisis que atraviesa el sistema de salud” y las deudas de las EPS, que ascienden a casi $500.000 millones.
Para el director de Unips, Jorge Toro, esto impacta “en el paciente que se queda sin oferta” y repercute en el “aumento de las PQRS (quejas, reclamos) y en la sobreocupación de urgencias, que es el camino que le queda a la gente para buscar atención pronta”.
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Por su parte, el profesor del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana, Enrique Peñaloza, comenta que esta situación se origina cuando “la cartera (servicios facturados a las EPS) de un prestador está muy alta y el déficit financiero no les permite operarlos” y porque “la acumulación de deudas en las EPS hace que traten de minimizar el flujo (de recursos) hacia las IPS”. A su balance agrega que el origen se da en la insuficiencia de la UPC, que “genera una crisis financiera y falta de liquidez (fondos disponibles para hacer pagos) en el sistema”.
Servicios y zonas más afectadas
Según los datos de la Unips, en 2023 hubo 12.882 cierres temporales de servicios de salud en el país, mientras que en 2024 hubo 14.530, para un total de 27.412. Este número, sin embargo, contrasta con la apertura de los mismos en el mismo tiempo. En 2023 se abrieron 8.468 y en 2024, 9.109, para un total de 17.577 aperturas. Esto quiere decir que entre año y año los cierres temporales fueron un 43,7 % más altos que las aperturas.
Entre tanto, los cierres definitivos que se presentaron en esas anualidades fueron 9.325, de los cuales 4.697 se registraron en 2023 y 4.628 en 2024. Esto significa que la cifra de cierres totales fue más de la mitad del total de servicios abiertos en el país.
Atlántico es el departamento que más clausuras registró en 2024, con 1.505, de las cuales 1.411 fueron temporales y 94 definitivos. Le siguen Cundinamarca, con 984 cerrados (626 temporales y 358 definitivos); Valle del Cauca, con 1.166 cierres (811 temporales y 355 definitivos); Norte de Santander, con 637 (560 temporales y 77 permanentes), y Santander, con 469 (428 provisionales y 41 permanentes).
El investigador de la Universidad Johns Hoppinks, Andrés Vecino, describe que estos cierres son los caminos que toman los prestadores de salud para equilibrar sus finanzas. “La pediatría y la obstetricia son poco rentables, mientras que las UCI (unidades de cuidados intensivos) y los servicios de cardiología son más rentables. Es normal que en un contexto en el que la UPC es insuficiente y eso se traslade a las IPS, se cierren servicios”, apunta.
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Medicina general fue el servicio de salud que más cierres (entre temporales y totales) tuvo en 2024, con 320. A este le siguen los de psicología, con 279; los de nutrición, con 252; los de enfermería, con 227; los de fisioterapia, con 222; los de toma de muestras diagnósticas, con 204, y los de odontología, con 193. En esa lista destacan otras prestaciones como la ginecobstetricia (ginecología y obstetricia), con 179; la pediatría, con 164, y la psiquiatría, con 113.
“La consecuencia para la gente es que perderá acceso y que esos servicios se distribuirán de manera inequitativa, entonces habrá mucha demanda y poca oferta de servicios”, agrega Vecino.
Choque en eventos coyunturales
El otro impacto preocupante de este panorama es el que tendría en la atención de los eventos que afectan la salud de los colombianos. Estos son monitoreados por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) del Instituto Nacional de Salud (INS).
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En un cruce de datos entre la información de 2025 reportada en el portal Sivigila, se observa que los eventos en salud que han tenido un alto número de reportes se han presentado en los departamentos con más cierres y cuya atención en salud podría darse con los servicios que han sido clausurados.
Este año se han presentado 15.970 intentos de suicidio (que pueden atenderse con psicología y psiquiatría), los cuales se concentran en Antioquia (2.215), Bogotá (2.209), Valle (1.580), Cundinamarca (1.084) y Atlántico (871). Los tres últimos están en el top 3 de departamentos con más clausuras de servicios.
Misma situación pasa con la desnutrición aguda en menores de 5 años (que pueden atenderse con servicios de nutrición), la cual registra 11.748 casos, distribuidos en Antioquia (1.797), Bogotá (1.481), La Guajira (856), Valle (781) y Cundinamarca (560).
Por otro lado, la morbilidad materna extrema (riesgo de muerte durante el embarazo) y la mortalidad materna (muerte en embarazo, parto o posparto) reportan 15.847 y 145 casos, respectivamente. Valle (1.350) y Atlántico (996) en el caso de la morbilidad y Atlántico (10) en el de mortalidad son los departamentos que puntean en casos y en cierres de servicios.
Finalmente, la mortalidad perinatal y neonatal tardía (que puede atenderse con pediatría) contabilizaron 2.258 casos, que puntean en Bogotá (278), Antioquia (272), Valle (195), Cundinamarca (144) y Bolívar (126).
El panorama no pinta bien para el sistema de salud. Peñaloza apunta a “una situación muy grave que tardará años en recuperar sus capacidades instaladas y la prestación”; Toro advierte que es incierto el “futuro que podemos esperar si en vez de encontrar soluciones de este Gobierno, encontramos más trabas y ninguna voluntad de que las cosas cambien; entre tanto, Vecino reitera que “la única solución completa es volver a tener una UPC suficiente. No hay más salida: esa es la causa y tiene que ser la solución”.
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