Las declaraciones del presidente sobre convocar una consulta popular por decreto si el Congreso no actúa generaron fuerte rechazo en el Senado, donde lo acusan de amenazar la democracia y sobrepasar los límites constitucionales.
No cesa la polvareda tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro quien, en su más reciente Consejo de Ministros, aseguró que si el Congreso “no aprueba o no se pronuncia” sobre su solicitud para convocar a una consulta popular, él le dará vía libre a través de un decreto. Las palabras del mandatario cayeron mal en el seno del Congreso, que alertó que se trata de una presión con dejo de amenaza.
El anuncio del mandatario se da días antes de que acuda al Senado este jueves 1° de mayo a radicar las 12 preguntas de la consulta popular, con la que espera darle un nuevo aire a su fallida reforma laboral y con la que, en la práctica, anticipó las elecciones de 2026.
“El presidente Petro tiene que entender que él no es un emperador. Está en un estado de derecho y que hay normas que le toca cumplir. Las normas son muy claras”, reclamó desde la oposición la senadora Paloma Valencia, quien sostuvo que en caso de que el Senado diga no a la consulta y concluya que es inconveniente, Petro no puede convocarla vía decreto.
“Si el Congreso dice no, es no, y haremos valer la decisión del Congreso. Petro está amenazando la democracia y el Estado de derecho. Le gusta pasar por encima de las decisiones de las cortes. Tiene varias sentencias que lo obligan a rectificar y no rectifica. No podía transmitir más el Consejo de Ministros y volvió y sacó otro. Si le gusta ser dictador, que se vaya para Venezuela”, agregó.
En el mismo sentido, el senador Honorio Henríquez, también del Centro Democrático, advirtió que el Gobierno apela a “jugaditas y trampas” para revivir una reforma que está hundida. Frente a las declaraciones de Petro, aseguró que son una forma de “intimidación colectiva y los congresistas no pueden dejarse intimidar. Sigo insistiendo en que recuerden la independencia de poderes, aunque del mandatario todo se espera”.
Desde la independencia, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) insistió en que no se puede convocar la consulta vía decreto, salvo que el Senado no se pronuncie pasados los 30 días. “El Gobierno no puede amenazar con sacar un decreto si no se vota como quieren. Aquí lo importante son las soluciones de los colombianos. El país está en un riesgo fiscal, energético y de seguridad, y el presidente dedicado a la poliquiquería y a la campaña”.
Por su parte, el senador Jota Pe Hernández, también de los verdes, manifestó que “ya se le están viendo las orejas al burro. Se le está saliendo lo dictatorial a Gustavo Petro que está diciendo que no le importa si el Congreso dice no. Está claro que aquí lo que quieren es hacer una campaña polítiquera y, tal como lo está diciendo Armando Benedetti en las regiones, es una mini reelección. El Senado no puede dejarse amedrentar, ni dejarse asustar”.
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En medio del tire y afloje, desde el oficialismo se pronunció la senadora María José Pizarro, quien sostuvo que la Constitución no da lugar a “interpretaciones” frente a lo que debe hacer el Senado con la consulta popular.
“El Congreso tiene 30 días para aprobar o no la consulta popular. Si en ese plazo no discute y empieza a dilatar, el presidente tiene la facultad de inmediatamente proceder a convocar la consulta popular. Si empieza la leguleyada y el filibusterismo, la herramienta la tiene el presidente de la República”, explicó.
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Con todo, la senadora sorprendió al señalar que, en caso de que el Senado diga no, aún acudirán a otras vías, inclusive, similares a la Séptima Papeleta que posibilitó la Asamblea Nacional Constituyente.
“Tendremos que ver y tendremos que recordar los caminos, por ejemplo, de la Séptima Papeleta, que se convirtió en un mandato que obligó al presidente de la República a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Este país tiene experiencias también para lograr ampliar la democracia y hacer que el pueblo pueda decir”, agregó.
