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Consejo de Estado tumbó la demanda contra la elección de Abelardo de la Espriella como presidente

La alta corte inadmitió de forma contundente el recurso interpuesto por el abogado Luis Guillermo Pérez que buscaba suspender la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

  • La estrategia jurídica respaldada por el presidente saliente Gustavo Petro para impugnar el resultado de las urnas chocó contra la negativa del Consejo de Estado. FOTO: Tomada de redes sociales @ABDELAESPRIELLA
    La estrategia jurídica respaldada por el presidente saliente Gustavo Petro para impugnar el resultado de las urnas chocó contra la negativa del Consejo de Estado. FOTO: Tomada de redes sociales @ABDELAESPRIELLA
hace 2 horas
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Sin margen de espera, se conoció este viernes 10 de julio que el Consejo de Estado inadmitió de plano la demanda de nulidad que pretendía tumbar la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

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Con esta determinación judicial, el acto de posesión del mandatario electo se mantiene intacto y sin modificaciones de ninguna índole, tras resolverse de manera contundente en los tribunales.

La acción legal que buscaba suspender la llegada de De la Espriella al poder fue presentada por el abogado Luis Guillermo Pérez, integrante del Pacto Histórico y quien recibió el respaldo explícito del presidente Gustavo Petro.

El objetivo central de la demanda era el acto administrativo expedido por el Consejo Nacional Electoral, mediante el cual se declaró formalmente la elección de De la Espriella como presidente para el periodo 2026-2030, con base en los resultados del escrutinio.

Los argumentos formulados por Pérez para derribar las credenciales del presidente electo, de 47 años, apuntaron directamente a la estrategia que el abogado habría utilizado durante su campaña previa a las elecciones.

La demanda señaló el uso de símbolos patrios en la propaganda política, además de la “construcción de una narrativa permanente de confrontación y deslegitimación del adversario político, la difusión de mensajes dirigidos a cuestionar la legitimidad de determinados sectores del electorado y la utilización reiterada de expresiones de estigmatización e intimidación dentro del debate público”.

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