En la tarde de este miércoles, María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro y Carmen Ramírez Boscán —representantes a la Cámara por el Pacto Histórico— se dirigieron al estrado para pedir justicia frente a las denuncias por acoso laboral y sexual de decenas de mujeres que señalan como presunto responsable a Hollman Morris.
Sus palabras fueron contundentes: “Solicitamos de manera inmediata que retiren a Hollman Morris (presunto victimario) de su cargo mientras avanzan los proceso correspondientes, como una medida de transparencia y garantía de no repetición”.
El pronunciamiento, leído por Carrascal, fue hecho en nombre de todas las mujeres de la bancada del Pacto. Por su parte, la representante María del Mar Pizarro aseguró que eso no significa que no crean en la presunción de inocencia, y que esperan que las investigaciones en contra de Morris no sean utilizadas para juzgar a toda la institucionalidad del Pacto Histórico.
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En esa misma línea, resaltaron que, aunque no quieren que todo el proyecto sea señalado por el caso de Morris, saben que hay un problema sistemático en su entorno: “Reconocemos también que el machismo no es ajeno a nuestro proyecto político. Es una expresión de una sociedad que estamos llamadas a transformar (...) Nuestra posición es clara: estamos del lado de las mujeres, de la verdad y de la justicia”.
Mientras leían aquellas palabras, los letreros en apoyo a las mujeres periodistas y la necesidad de un espacio libre de violencias para las profesionales de los medios de comunicación tomaban protagonismo.
La sesión se realizó en el marco del movimiento #YoTeCreoColega, el Me Too colombiano que inició tras las denuncias por acoso sexual en Caracol Televisión (que señalaron como presuntos responsables a Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego) y que volvieron a poner sobre la mesa las múltiples denuncias en contra de Morris por, presuntamente, haber cometido esos mismos actos pero en el Concejo de Bogotá y RTVC.
La denuncia más sonada es la de Lina Castillo, quien señaló a Hollman Morris por conductas relacionadas con actos de presunto acoso sexual. Dos meses después, a Castillo la amenazaron con matarla si no guardaba silencio. Cuatro años después, Morris la denunció por presunta injuria y calumnia, alegando que su relato sobre acoso había sido falso.
Todo habría ocurrido cuando fue consejera distrital de Juventud en el Concejo Distrital de Planeación Territorial. Allí conoció a Morris, y éste le dijo: “Te propongo pagarte 400.000 pesos semanales mientras tú te pones en la tarea de buscar noticias y prensa sobre la crisis de salud pública en Bogotá”.
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Castillo contó que nunca revisaron aquellos reportes, y que en el ambiente laboral, “eran siempre muy morbosos. Incluso, alguna vez pusieron películas porno en el computador del Concejo y empezaron a preguntarnos que si nos gustaba, que sí lo hacíamos así”.
Y agregó: “Era de verdad asfixiante y asqueroso y, como dijo Lina y en eso coincidíamos muchas veces, era como: a qué horas vamos a salir de esta oficina, porque era un infierno, realmente el ambiente de esta oficina”, dijo en la emisora.
El problema fue que el acuerdo de trabajo fue verbal. Es decir, no quedaron documentos que probaran que ella trabajaba para Morris durante los meses en los que se enmarca la denuncia. Ese es uno de los argumentos que el gerente de RTVC utiliza para sustentar que, según él, las denuncias de Castillo serían totalmente falsas. A pesar de eso, durante años han circulado fotos de Castillo en la oficina de Morris.
Todo empeoró hace cinco días cuando, para una audiencia del proceso por presunta injuria y calumnia, Morris llevó cámaras de RTVC y les pidió, explícitamente, que grabaran a Castillo. La situación fue calificada rápidamente como revictimizante.
Tras decenas de denuncias al respecto, la Fiscalía emitió un comunicado este martes para informar que se cambiará el fiscal que lleva la investigación sobre el escrache, que ha sido reconocido por la Corte Constitucional como un ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Al respecto, la bancada del Pacto celebró la decisión, calificándolo como “un paso importante hacia procesos más justos y sensibles a las violencias históricamente ejercidas contra las mujeres e instamos, que en coherencia con el proyecto político y la responsabilidad con la institucionalidad, el gerente se retire del cargo”.
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