La controvertida Fundación San José, señalada por otorgar títulos cuestionados, recibió en 2023 un millonario contrato por parte de Colpensiones destinado a “fortalecer la cultura organizacional”.
El contrato, que asciende a $400 millones, hoy está bajo lupa ante un posible despilfarro de recursos públicos, según alertó este viernes la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia (Centro Democrático).
Según el contrato, la institución universitaria tenía como tarea “proponer, diseñar, ejecutar y medir estrategias de acompañamiento en las diferentes etapas de los siguientes procesos, que desde Transformación Cultural se vienen gestionando en Bogotá y a nivel nacional”.
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Entre tales procesos se detallan aspectos como un “modelo de liderazgo”, estrategias que permitan promover “la igualdad, diversidad e inclusión”, o talleres orientados a la “interiorización y fortalecimiento de la cultura, valores y el Código de Ética de Colpensiones”.
Valencia alegó que las tareas comprendían talleres, lúdicas, actividades grupales, entre otras. “Una verdadera pendejada”, manifestó la congresista.
Además, la aspirante presidencial denunció que, aunque inicialmente el contrato era por $234 millones y tenía una extensión de mes y medio, Colpensiones en 2024 “lo extendió por un año y le adicionó $170 millones”.
“Pareciera que la Fundación San José terminó siendo un mega contratista del Gobierno Petro: títulos cuestionados a altos funcionarios, contratos con el Fondo de Adaptación y también en Colpensiones”, sostuvo Valencia.
Hace un mes, en febrero pasado, se conoció que la Fundación de Educación Superior San José habría sido contratada para, entre otras, proporcionar docentes capacitados en el idioma japonés para enseñar en comunidades del Magdalena entre febrero de 2022 y febrero de 2023.
Según la representante Catherine Juvinao, a esta institución le entregaron un contrato de $12’571.656 millones para enseñar japonés a una población de cerca de 30.000 personas.
El documento, consultado en el Secop, se refiere a la prestación de servicios para apoyar a la Secretaría de Educación del Magdalena en la implementación del “Programa educativo flexible de alfabetización” en municipios para la educación de jóvenes, adultos y personas mayores vulnerables.
Estos señalamientos se conocen horas después de que la Fiscalía le imputó el delito de fraude procesal a Juliana Guerrero, la mujer que el presidente Gustavo Petro quería convertir en viceministra de Juventudes.
Según el organismo, Guerrero no fue ni un solo día a clases y aun así obtuvo un título universitario. Así lo afirmó la Fiscalía. Se refería a su diploma supuestamente falso, expedido por la Fundación Universitaria San José.
Ese fue uno de los argumentos dados a conocer por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos. La diligencia se dio tras dos intentos fallidos, luego de que Guerrero no asistiera a las diligencias anteriores, en medio de críticas que apuntaban a una posible evasión de la justicia.
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