El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo entregaron este martes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; al procurador, Gregorio Eljach; y al contralor saliente, Carlos Rodríguez, un documento que reúne denuncias sobre presuntas irregularidades detectadas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Por el momento, Eljach aseguró que la Procuraduría ya tiene varias investigaciones andando: “se abrirán los procesos que se tengan que abrir”, aseguró, explicando que ambos gobiernos, tanto el saliente como el entrante, estuvieron de acuerdo con que sea la entidad la que investigue y tome las decisiones al respecto.
El informe, denominado “Libro Blanco”, fue elaborado a partir de los hallazgos recopilados por el equipo de empalme del nuevo Gobierno, denominado “empalme anticorrupción”. Según explicó Restrepo durante el acto, realizado en el auditorio central de la Fiscalía en Bogotá, se trata de una muestra de más de 80 casos que fueron identificados durante la revisión de diferentes entidades estatales.
Uno de los capítulos está relacionado con el manejo de la deuda pública y las operaciones con títulos de Tesorería (TES). Restrepo cuestionó que se hubiera elevado del 50 % al 100 % el límite de adjudicación mediante la emisión de estos títulos y señaló que las tasas de colocación se ubicaron entre el 13 % y el 15 %.
Para el vicepresidente, estas decisiones tendrán efectos sobre las finanzas públicas en los próximos años. “Este es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos”, afirmó, al advertir que una mayor proporción del presupuesto nacional tendría que destinarse al pago de deuda e intereses. También señaló una concentración de vencimientos para los años 2026, 2029 y 2030 y cuestionó lo que calificó como “opacidad y distorsión de la información pública”.
Otro de los asuntos incluidos en el documento es el manejo de los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). De la Espriella aseguró que durante el gobierno anterior se giraron $856.000 millones sin que, según su denuncia, existiera una declaratoria de urgencia manifiesta. Además, afirmó que se perdió el rastro de $1,38 billones.
El Gobierno también puso bajo la lupa la delimitación del páramo de Santurbán. Restrepo sostuvo que, cuando faltaban pocas semanas para terminar la administración anterior y apenas un día antes del cambio de mando, el Ministerio de Ambiente expidió resoluciones relacionadas con la delimitación de cerca de 29.000 hectáreas del ecosistema. A esto sumó la denuncia sobre la permanencia de unas 200 bocaminas de arsénico que, según señaló, afectarían la calidad del agua de la zona.
El Fondo para la Igualdad y la Equidad también aparece entre los casos presentados. De acuerdo con Restrepo, durante el proceso de liquidación se pagaron cerca de $140.000 millones a una misma empresa de servicios temporales, sin que se encontrara suficiente soporte para demostrar que el personal contratado cumpliera con los objetivos establecidos para el fondo. “La Contraloría calificó el riesgo como estado crítico”, dijo el vicepresidente, quien añadió que posteriormente se suscribieron contratos por otros $68.000 millones.
En materia laboral, De la Espriella denunció la existencia de una “nómina paralela” compuesta por unas 900.000 órdenes de prestación de servicios durante el anterior gobierno. El mandatario calificó esos contratos como “corbatas” y estimó que representaron alrededor de $5 billones para las finanzas públicas.
El informe también cuestiona actuaciones de la Cancillería. El Gobierno aseguró que, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, esa cartera suscribió 785 contratos por un valor total de $83.000 millones. Adicionalmente, denunció el gasto de unos $8.500 millones en sedes temporales con períodos de funcionamiento de entre 90 y 120 días.
De acuerdo con el vicepresidente, el propósito ahora es que la Fiscalía evalúe los elementos entregados y determine cuáles de las denuncias tienen mérito para iniciar investigaciones. Los organismos de control, por su parte, deberán establecer si los hechos expuestos pueden derivar en actuaciones dentro de sus respectivas competencias.
Por el momento, Eljach aseguró que la Procuraduría ya tiene varias investigaciones andando sobre denuncias que se hicieron en el pasado. Sobre los nuevos señalamientos, el procurador dijo: “se abrirán los procesos que se tengan que abrir”, explicando que ambos gobiernos, tanto el saliente como el entrante, estuvieron de acuerdo con que sea la entidad la que investigue y tome las decisiones al respecto.
Rodríguez y Camargo no se han pronunciado. Pero, ¿de qué se trata?
¿Qué es el Libro Blanco?
El informe, denominado “Libro Blanco”, fue elaborado a partir de los hallazgos recopilados por el equipo de empalme del nuevo Gobierno, denominado “empalme anticorrupción”.
Según explicó Restrepo durante el acto, realizado en el auditorio central de la Fiscalía en Bogotá, se trata de una muestra de más de 80 casos de presuntas irregularidades que fueron identificadas durante la revisión de diferentes entidades estatales.
Uno de los capítulos está relacionado con el manejo de la deuda pública y las operaciones con títulos de Tesorería (TES). Restrepo cuestionó que se hubiera elevado del 50 % al 100 % el límite de adjudicación mediante la emisión de estos títulos y señaló que las tasas de colocación se ubicaron entre el 13 % y el 15 %.
Para el vicepresidente, estas decisiones tendrán efectos sobre las finanzas públicas en los próximos años. “Este es un golpe silencioso al bolsillo de los colombianos”, afirmó, al advertir que una mayor proporción del presupuesto nacional tendría que destinarse al pago de deuda e intereses.
También señaló una concentración de vencimientos para los años 2026, 2029 y 2030 y cuestionó lo que calificó como “opacidad y distorsión de la información pública”.
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Otro de los asuntos incluidos en el documento es el manejo de los recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
De la Espriella aseguró que durante el gobierno anterior se giraron $856.000 millones sin que, según su denuncia, existiera una declaratoria de urgencia manifiesta. Además, afirmó que se perdió el rastro de $1,38 billones.
El Gobierno también puso bajo la lupa la delimitación del páramo de Santurbán. Restrepo sostuvo que, cuando faltaban pocas semanas para terminar la administración anterior y apenas un día antes del cambio de mando, el Ministerio de Ambiente expidió resoluciones relacionadas con la delimitación de cerca de 29.000 hectáreas del ecosistema.
A esto sumó la denuncia sobre la permanencia de unas 200 bocaminas de arsénico que, según señaló, afectarían la calidad del agua de la zona.
El Fondo para la Igualdad y la Equidad también aparece entre los casos presentados.
De acuerdo con Restrepo, durante el proceso de liquidación se pagaron cerca de $140.000 millones a una misma empresa de servicios temporales, sin que se encontrara suficiente soporte para demostrar que el personal contratado cumpliera con los objetivos establecidos para el fondo.
“La Contraloría calificó el riesgo como estado crítico”, dijo el vicepresidente, quien añadió que posteriormente se suscribieron contratos por otros $68.000 millones.
En materia laboral, De la Espriella denunció la existencia de una “nómina paralela” compuesta por unas 900.000 órdenes de prestación de servicios durante el anterior gobierno. El mandatario calificó esos contratos como “corbatas” y estimó que representaron alrededor de $5 billones para las finanzas públicas.
El informe también cuestiona actuaciones de la Cancillería. El Gobierno aseguró que, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, esa cartera suscribió 785 contratos por un valor total de $83.000 millones.
Adicionalmente, denunció el gasto de unos $8.500 millones en sedes temporales con períodos de funcionamiento de entre 90 y 120 días.
La situación del programa Colombia Mayor fue otro de los puntos expuestos. Restrepo afirmó que los recursos destinados a los subsidios para adultos mayores en condición de vulnerabilidad se agotaron en julio de 2026, pese a que habían sido asignados para cubrir todo el año.
Según el vicepresidente, tampoco se dejaron mecanismos de contingencia para responder a las coberturas previstas.
De acuerdo con el vicepresidente, el propósito ahora es que la Fiscalía evalúe los elementos entregados y determine cuáles de las denuncias tienen mérito para iniciar investigaciones. Los organismos de control, por su parte, deberán establecer si los hechos expuestos pueden derivar en actuaciones dentro de sus respectivas competencias.
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