El caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) es el escándalo más grande que enfrenta la administración de Gustavo Petro.
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En el historial del caso se vieron involucrados, no solo miembros de aquella entidad, sino que, por cuenta de los testimonios de Olmedo López (exdirector de la UNGRD) y de Sandra Ortiz (exconsejera para las Regiones), con el tiempo han aparecido nuevos nombres de presuntos involucrados desde otras ramas, como Andrés Calle (expresidente de la Cámara), Iván Name (expresidente del Senado), Carlos Ramón González (exdirector del DAPRE) y Vladimir Fernández (magistrado de la Corte Constitucional).
Sin embargo, tanto Ortiz como López (ambos condenados) han denunciado que, pese a ser los “testigos estrella” en la investigación y estar dispuestos a hablar y acceder a principios de oportunidad para brindar toda la información que poseen, han sido dejados de lado por la Fiscalía.
El 14 de mayo, los fiscales delegados ante la Corte Suprema aseguraron que el principio de oportunidad de Ortiz estaba “pendiente de autorización por parte de la señora fiscal General de la Nación”. Mientras tanto, López envió una dura carta a la Fiscalía, asegurando que se siente “abandonado por la justicia”. La situación de ambos condenados ha desatado el debate público y ha puesto sobre la lupa al ente investigador, puesto que no se entienden las razones por las que el proceso está pausado.
La carta de López
Tras conocerse que Olmedo López deberá enfrentar seis años de prisión por las irregularidades en las contrataciones y finanzas en la UNGRD, el condenado pidió un preacuerdo con la Fiscalía para buscar beneficios penales. Sin embargo, el juez lo negó, y el ente acusador no presentó apelación. Esto fue calificado por López como algo injusto, puesto que –según él– gracias a sus delaciones cerca de 20 funcionarios y por lo menos nueve congresistas están siendo investigados por la rapiña de los recursos de la entidad.
“Mientras yo camino bajo amenaza constante, otros actores procesales que llegaron después –motivados por mis delaciones– gozan de beneficios superiores”, dijo el condenado en la carta, y añadió que se siente decepcionado, porque habló con la justicia “sin esperar indulgencias, sino creyendo que la justicia premial debía proteger a quien se atreve hablar, no condenarlo al abandono. Y, sin embargo, hoy, con profundo dolor, debo decir que me encuentro en estado de indefensión jurídica”.
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La misiva, que se extiende por 11 páginas, señala que, al parecer, habría involucrados que por medio de sobornos estarían escapando del proceso. Todo apunta a que López estaría hablando del exsubdirector de la UNGRD, Luis Carlos Barreto, y del abogado Édgar Viveros, quienes le habrían ofrecido cerca de $13.000 millones por su silencio y que hoy tendrían “trato preferencial” en la Fiscalía dentro de este caso.
Además, hizo énfasis en que su testimonio ha sido determinante, por lo que no entiende por qué le niegan acceder al diálogo y beneficios con la justicia: “Quien entregue información de los máximos responsables es desoído, desprotegido y castigado. Pero se favorece a quienes actuaron desde el poder o desde las sombras”.
La fiscal Luz Adriana Camargo está en el centro de la polémica. Aunque insistió varias veces en que ella no tenía nada que ver con los procesos negados, los pronunciamientos de los fiscales delegados asegurando que solo falta la firma de ella ponen en duda su imparcialidad en el proceso.
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Esto, teniendo en cuenta que Carlos Ramón González –uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro– fue quien ternó a la fiscal Camargo, y Vladimir Fernández –también mencionado por los condenados– habría sido fundamental para garantizar la elección de la fiscal, en 2024, ante la Corte Suprema de Justicia.
